Un primer gran paso, según los expertos

El punto débil que muchos achacan al Plan Antipratería es para Diego Ramos su virtud: "Quizás muchos le achacan al Plan un carácter demasiado político, genérico y sin medidas concretas. Pero creo que tiene su sentido. La idea es entender qué pasa, formar a los implicados y, después, si hay que hacer algún ajuste legal para atacar al problema de la piratería, se hace".
Diego Ramos estima de de manera "favorable" el Plan Antipiratería. "En lugar de medidas extraordinariamente concretas, poco meditadas, —explica Ramos— se ha enfocado (el Plan) hacia crear estructuras e instrumentos de análisis y formación para posteriormente hacer algo más concreto y más útil".
El abogado, especializado en piratería, asegura que tanto policía como jueces deben formarse más y mejor ante un nuevo tipo de delitos que, tanto por su porcentaje como su montante económico, se ha convertido en sustacial a día de hoy.

Es un primer gran paso, pero hay avanzar más. "El Plan Antipiratería presenta aspectos buenos y aspectos malos", para José María Anguiano. "Que exista es ya interesante, ya que demuestra la sensibilidad del Gobierno ante el problema, así como que estén implicados once ministerios, eso sí supeditándolo a que exista una agilidad administrativa", aclara el experto del despacho Garrigues & Andersen.
Anguiano también destaca la creación de una unidad policial sobre todo por lo importante que es "probar los delitos" en el entorno digital, aunque especifica que será necesario dotar a estas unidades policias de medios para trabajar.
Asimismo, Anguiano subraya la medida que afecta a la formación, puesto que la nueva realidad de la piratería implica la formación de funcionarios y personal administrativo implicado en su erradicación.
En cuanto a los aspectos negativos, el abogado considera que se necesitan medidas más concretas y más urgentes que el propio Plan Antipiratería. Anguiano lanza alguna idea: "se podría avanzar más en el canon sobre la copia privada y extenderlo por ejemplo al ADSL, de tal manera que se creen mecanismos compensatorios para los creadores".

José Manuel Gómez Bravo destaca la "oportunidad única" de luchar contra la piratería, y su "enfoque transversal y global". El director de Propiedad Intelectual del Grupo PRISA estima que las medidas sensibilizadoras son junto a la creación de unidades policiales específicas como las más importantes del plan ya que estamos "ante un problema que genera perdidas de empleo, proliferación de delitos, enriquecimiento de mafias organizadas y enormes bolsas de fraude fiscal amen del detrimento del patrimonio cultural".
Los estudiantes como colectivo es uno de los objetivos más importantes dentro de la campaña de sensibilización para José Manuel Bravo: "Creo que se ha de concienciar a los estudiantes desde las escuelas e institutos y a través no sólo de los medios de comunicación tradicionales o de campañas institucionales sino de las nuevas tecnologías y la Red es decir, en los ámbitos de predicamento entre los más jóvenes que pueden hacerles reflexionar sobre esas prácticas ilícitas: a través de móviles, 'itunes', lugares comunes como las series de televisión, el mundo del deporte, los conciertos, los fanzines, las salas de cine y en los ámbitos alternativos y contraculturales".

Javier Cremades estima que hay que ir más allá: "urge abordar una verdadera y profunda reforma legal sobre esta cuestión en la que estén ponderados todos los intereses actuantes, así como los objetivos sociales, culturales y económicos que se desean impulsar". El abogado no cree en la dimensión política del problema de la piratería: "se está ante una materia cuyas repercusiones tienen una amplitud cultural, económica y social, pues como antes señalaba, no sólo están en juego los derechos de los creadores y de su industria, sino también los de los consumidores, comerciantes, empresarios de la comunicación y, sobre todo, el desarrollo cultural. En este sentido, sería bueno que en el plan previsto por el Ejecutivo se tuvieran en cuenta todos estos intereses. No es tarea fácil desde luego, pero es necesario".
En cuanto a la implicación de los once ministerios entiende que "puede plantear serios problemas prácticos de coordinación que a la postre llevarían a convertir en papel mojado el plan previsto. Un plan puede servir como instrumento de prevención o antesala a la necesaria reordenación legal de este sector, que es donde está el meollo del asunto y a donde debemos llegar lo antes posible".
El abogado presta antención a a las necesidades de formación. Sobre todo en el ámbito de la formación jurídica: "En esta materia del derecho de autor no es infrecuente que los tribunales a la hora de juzgar un caso muestren ciertas lagunas, tendiendo a adoptar las tesis de la parte más relevante, que normalmente suele ser la correspondiente entidad de gestión".