La SGAE denuncia que 23 de cada 100 discos vendidos son falsificaciones

De cada 100 discos que se venden, 23 son copias falsificadas. Esta grave situación, que supone una pérdidas equivalentes en las ventas del sector, ha sido esbozada por el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, en la inauguración del seminario "El fraude a la creación intelectual", en el que ha estado presente el ministro de Justicia, José María Michavila.

Bautista ha señalado que los derechos de autor generan en España unos 1.000 millones de euros, de los que la mitad corresponden a programas informáticos, y una cuarta parte, 250 millones están administrados por la SGAE. El resto corresponden a distintas entidades de gestión. Los citados datos forman parte de un informe que mañana publicará la SGAE durante la celebración de este congreso.

El presidente de la SGAE ha precisado que al fraude por derechos de autor se están incorporando últimamente los videojuegos y las películas que, en sistema DVD, venden los llamados top manta. El daño está afectando muy gravemente a la industria discográfica y produciendo una reducción notable en el número de trabajadores.

Refomas legales

Ante esta situación, el ministro de Justicia, José María MIchavila, se ha comprometido a la inmediata introducción de reformas en el ordenamiento jurídico español que permitan luchar de manera más efectiva contra los delitos que atañen a la creación intelectual.

Como caso concreto, Michavilla ha citado la modificación del artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no sea necesario el trámite de denuncia previa a la hora de que las fuerzas de seguridad actúen contra los llamados manteros en los puestos de venta ilegal callejera. Esta medida, ya aprobada, será efectiva a partir del 28 de abril de 2003.

Además, ha anunciado que Justicia modificará el Código Penal para aumentar las penas por delitos contra la propiedad intelectual, introduciendo los agravantes de utilización de menores o pertenencia a organización delictiva. También resaltó que la Euroorden entrará en vigor el 1 de enero de 2004, pero ocho países -entre los que está España- están dispuestos a la entrada en vigor en el primer trimestre de 2003 y así hacer más fácil la lucha contra los delitos contra la propiedad intelectual.

Durante su intervención, Michavila se ha mostrado en contra de hablar de piratería al hablar de los delitos contra la propiedad intelectual, pues es un término que puede ser interpretado de un modo romántico y puede ser contraproducente. En su lugar, ha preferido el término fraude que tiene unas connotaciones más claras y más negativas.