Ecologistas de Rusia llevan la inacción climática del Kremlin al Tribunal Constitucional

Un grupo de activistas rusos ha conseguido atravesar la fortaleza judicial del Kremlin al lograr que el Tribunal Constitucional acepte por primera vez en su historia una demanda contra el poder por su inacción contra el cambio climático. Aunque el futuro de la denuncia en la corte es incierto, los ecologistas celebran haber logrado reabrir el debate climático en un país absolutamente enfocado en la invasión de Ucrania. “La guerra es ahora mucho más importante. Muchos colegas y yo estamos en contra, pero llegará un momento en el que el régimen ruso cambiará y será posible hablar del clima”, manifiesta por teléfono a EL PAÍS Vladímir Sliviak, copresidente de la ONG Ekoszachita! —¡Ecodefensa!, en castellano—.

Esta organización ecologista y 18 coautores de la demanda más denuncian que la estrategia medioambiental del Kremlin no solo no acatará los límites del Acuerdo de París, sino que aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero rusas en las próximas décadas. El pacto, suscrito por Moscú y en vigor desde 2016, es un esfuerzo común de la humanidad con el objetivo de que la temperatura global del planeta en este siglo no se eleve más de dos grados centígrados respecto a la época preindustrial, no superando preferiblemente 1,5.

“Es necesario actuar ahora para mantener un clima apto en el planeta —señaló Ekoszachita! en un comunicado cuando la denuncia fue admitida por el Constitucional este mes—. De lo contrario, las futuras generaciones tendrán que vivir en condiciones insoportables y los pueblos indígenas se extinguirán, literalmente, pues los recursos vitales para su supervivencia serán destruidos”.

Rusia ha vivido una enorme serie de importantes catástrofes naturales en los últimos años. Por ejemplo, la región de Oremburgo fue arrasada en abril por las descomunales crecidas de sus ríos, peores que en su terrible inundación de 1947, e irregularidades en la construcción y gestión de sus presas. Asimismo, cada vez es más habitual que ardan decenas de millones de hectáreas de sus bosques, y que estos sean talados para exportar madera a la demandante China. No obstante, la mayor evidencia del cambio climático en Rusia es que el permafrost, su suelo congelado, se derrite irremediablemente.

El Kremlin se comprometió en el Acuerdo de París a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero del entorno actual de 2.200 millones de toneladas anuales a 968 millones en 2030 y 157 millones en 2050. Sin embargo, la estrategia presentada por el gabinete de ministros a Putin en octubre de 2021, cuatro meses antes de la guerra, contempla dos escenarios en los que las emisiones multiplican más de 10 veces su objetivo.

El documento de las autoridades rusas prevé un escenario inercial, sin apenas cambios respecto a ahora, en el que Rusia emitiría 2.253 millones de toneladas en 2030 y 2.521 millones en 2050; y el supuesto marco ideal, el “escenario objetivo (intensivo)”, en el que el país expulsaría a la atmósfera 2.212 millones de toneladas en 2030 y 1.830 millones en 2050. Es decir, un volumen muy superior a los 157 millones pactados.

Según el Kremlin, su escenario idílico se apoyaría en la absorción de las emisiones por los bosques y otros mecanismos, lo que reduciría su saldo neto de emisiones a 630 millones de toneladas anuales a mitad de siglo. Un marco demasiado optimista si se tiene en cuenta que en el escenario inercial el saldo neto no cambiaría casi nada y se quedaría en 1.986 millones de toneladas.

“La meta clave del escenario objetivo (intensivo) es garantizar la competitividad global y la sostenibilidad del crecimiento económico de Rusia en el contexto de la transición energética global”, enfatizaba el documento sellado por el primer ministro, Mijaíl Mishustin, a finales de 2021. Meses después, Putin ordenó la invasión de Ucrania y su país fue sometido a una vasta lista de sanciones para intentar frenar a su maquinaria bélica. Con una economía enfocada absolutamente en la guerra —copa más de un tercio del presupuesto—, el Gobierno anunció en 2023 que revisaría de nuevo sus objetivos medioambientales, para los que no hay presupuesto.

Ecologismo, “un trabajo muy peligroso”

Los ecologistas presentaron su denuncia al Tribunal Supremo en 2022, pero la corte la rechazó. “Esta es la primera vez en la historia que el Tribunal Constitucional acepta un caso así. No sabemos qué pasará al final, pero ha sentado un precedente”, cuenta a este periódico Vladímir Sliviak. “Solo el hecho de que hayan aceptado nuestros documentos es un acontecimiento importante para Rusia. Esperamos que esto ayude a estimular el debate sobre el cambio climático porque ahora no existe y las autoridades lo evitan”, agrega.

Las ONG prevén que la tramitación de la demanda será lenta. Además, la represión que sufre la sociedad civil suscita dudas sobre su éxito. Los activistas han presentado su demanda a través de unos abogados que están en territorio ruso. “Este es un trabajo muy peligroso. Los que trabajamos en el cambio climático en Rusia hemos cerrado o nos hemos ido a otros países. La mayoría de las personas que estamos involucradas en esta causa vivimos en el extranjero”, apunta Sliviak, sin entrar en detalles del resto de miembros de la iniciativa.

Algunas reputadas organizaciones ecologistas han llegado a ser proscritas y equiparadas con los movimientos extremistas en Rusia. Por ejemplo, las autoridades etiquetaron a WWF Internacional y a Greenpeace como “organizaciones indeseables” en 2023, lo que implica que cualquier contacto con estas asociaciones puede suponer la cárcel.

“Las autoridades violan tres derechos constitucionales al no luchar contra el cambio climático”, explica el copresidente de Ekoszachita! “El primero es el derecho a vivir. Las generaciones futuras no podrán vivir si el clima cambia mucho. Debemos reducir las emisiones ahora para garantizar el futuro derecho a la vida de aquellas generaciones que aún no han nacido”, afirma Sliviak, que agrega que el segundo derecho es a la salud, especialmente la de los nativos cuyos medios de vida están desapareciendo, y que el tercero es “el derecho a un medio ambiente en buen estado”.

La ONG advierte de que muchas especies animales corren peligro de desaparecer. “Rusia tiene un aire muy contaminado. Se producen a menudo derrames de petróleo y gas, y el país quema muchos combustibles fósiles”, puntualiza el ecologista.

Putin ordenó en el año 2021, quizás con la mente puesta ya en su invasión de Ucrania, que aumentase en un 30% la exportación de carbón de la principal región minera del país, la cuenca de Kuzbás, a Asia. Las sanciones a Rusia han convertido este sector en una fuente importante de ingresos para Moscú, y el mandatario volvió a dictar este año que su red ferroviaria esté preparada para transportar el carbón.

“La estrategia energética rusa prevé incrementar en un 40% la producción de carbón, de unos 320 millones de toneladas al año a cerca de 480 millones”, explica Sliviak. El ecologista admite por teléfono que luchar contra el cambio climático será difícil bajo el régimen ruso, pero enfatiza que deben intentarlo. “Putin tiene su propia agenda y no le importa el clima”, culmina el activista.

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