Agricultores que no compran el discurso antiambiental: “Casi todos los problemas que tenemos en el campo son por el cambio climático”

La ganadera Laura Martínez, de 31 años, ha acudido a las manifestaciones de protesta con sus compañeros del campo porque comparte muchas de las reivindicaciones, pero no las que pretenden relajar las medidas ambientales que afectan a las explotaciones agropecuarias. “No tiene ningún sentido que se hable de quitar la Agenda 2030 [acuerdo de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible] o de no reducir el uso de pesticidas. Dependemos del ecosistema y si lo destruimos no sé de qué vamos a vivir”, sostiene. Con ella, otros granjeros consideran un error culpar de los problemas que afronta el sector a las exigencias ambientales impuestas por Europa para acceder a las ayudas de la PAC (Política Agraria Común). O responsabilizar al Pacto Verde, la estrategia de la UE para lograr la neutralidad climática en 2050, que estaba previsto aplicarse en un futuro y que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas, herbicidas, insecticidas... un punto que se ha parado. Otra cuestión, advierten, es la forma en la que Bruselas pretende implementar estos requisitos, que puede conducir a la desaparición de las pequeñas explotaciones por su incapacidad para adaptarse a los cambios.

A Antonio Feliu, un agricultor mallorquín de 55 años, también se lo ha visto en las concentraciones de protesta, “porque la gente del campo malvive” y por la competencia desleal y la excesiva burocracia a la que se enfrentan. Pero, al mismo tiempo, defiende que el camino a seguir es el de la agricultura sostenible, que practica en su granja agropecuaria, compuesta por varias fincas que suman un total de 100 hectáreas ―el tamaño medio de una explotación en España ronda las 44 hectáreas, indica el Ministerio de Agricultura―. En ellas cultiva en ecológico frutales y cría vacas, cerdos, cabras, ovejas, gallinas y conejos, que vende a particulares, cooperativas, restaurantes o mayoristas. La de Feliu es una de las 914.871 explotaciones agrícolas que existían en España en 2020, un 7,6% menos que el censo de 2009, de las que alrededor de 650.000 reciben prestaciones económicas de la PAC, indica el último censo agrario publicado hace dos años.

A Feliu le gusta “tener el campo bien cultivado, sin porquería ni herbicidas. No quiero contaminar el agua que vamos a beber, ni la planta que luego vendemos, no es mi filosofía de vida”. Con este camino marcado, asegura que “las medidas medioambientales de la PAC no se pueden ablandar porque son insuficientes”. Aunque remacha inmediatamente: “Dicen que la PAC es sostenible y eso no es así del todo porque apuestan por los terratenientes y la producción intensiva”.

Pero la presión de las tractoradas está surtiendo efecto y Europa cede terreno en la agenda verde. Bruselas estudia convertir en voluntarias 4 de las 10 prácticas recogidas dentro de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), imprescindibles para percibir las ayudas de la PAC, que afectan a la rotación de cultivos, al mantenimiento de los suelos o a la superficie que se debe dejar en barbecho. “Casi el 55% de las explotaciones quedarían exentas de esa condicionalidad”, apuntó el ministro de Agricultura, Luis Planas, tras la última reunión del miércoles con las principales organizaciones del sector.

Acallar con renuncias verdes

“El problema principal son los acuerdos de libre comercio y la competencia desleal de otros productos externos, pero estas protestas no se deberían acallar derogando las mínimas normas medioambientales existentes”, explica Helena Moreno, responsable de agricultura de Greenpeace. Un paso atrás que también denuncia la coalición Por otra PAC, formada por ganaderos, agricultores y ONG ambientalistas, entre otros. “Como esto siga así, la PAC más verde de la historia [por la actual de 2023 a 2027] ni siquiera llegará a las obligaciones de 2014″, sostienen. En ese momento se contemplaba el mantenimiento de pastos permanentes, la diversificación de cultivos, el fomento de espacios para proteger suelos y la preservación de la fauna silvestre que poliniza y mata plagas.

La preocupación ambiental no es patrimonio exclusivo de los agricultores que cultivan en ecológico. Es el caso de Santiago Pérez, de 52 años, que explota 60 hectáreas en el Campo de Cartagena (Murcia) en las que produce dos cosechas ―lechuga y patata―, las que le permite la legislación allí. “Hoy estamos sufriendo las consecuencias de las malas prácticas agrícolas porque se le ha metido mucho nitrógeno al suelo”, dice, basándose en lo que le ha enseñado su experiencia. En el caso de esta zona, las secuelas se han hecho visibles en el mar Menor, que ha perdido su equilibrio y ha sufrido dos crisis con miles de peces muertos debido, principalmente, a la acumulación de nitratos usados como fertilizantes.

Utilizar los mínimos fitosanitarios “es lo mejor para el manejo del producto y para vender calidad“, asegura el agricultor, que exporta parte de su producción. Unos 15 días antes de la recolección, Pérez no aplica sustancias químicas, lo que evita que existan trazos de ellas. También conserva casi la mitad de su terreno en barbecho con la finalidad de recuperar la tierra. El descanso del suelo es una de las medidas que la PAC consideraba obligatoria y que ha rebajado. Ahora los granjeros solo deben mantener un 4% de su superficie agrícola sin producción, en vez del 7% anterior.

Pérez está acostumbrado a la carga burocrática, uno de los aspectos más criticados por los agricultores, que piden a Europa una simplificación administrativa. Él no solicita la PAC, pero presenta un informe de control a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y otro a la comunidad autónoma. En ellos indica la cantidad de agua utilizada, las cosechas cultivadas, el fertilizante aplicado... “Son prácticamente iguales, estamos duplicando papeles”, advierte. Además, cuenta con un libro digital donde sus clientes pueden consultar la trazabilidad de “la lechuga que acaban de recibir”. Pérez entiende que para una explotación pequeña es demasiado papeleo.

Rechazo al cuaderno digital

En este sentido, Europa propuso la instauración de un cuaderno digital, en el que las explotaciones debían registrar, entre otras, las aplicaciones fitosanitarias, la fertilización o los riegos. Su entrada en vigor va a ser gradual, pero aun así continúa levantado numerosas protestas, sobre todo, por las dificultades que se pueden encontrar las personas con edad avanzada o las explotaciones pequeñas, y por los problemas de acceso a internet. En el heterogéneo escenario agropecuario el 41% de los titulares de explotaciones tienen 65 años o más, el 55% se encuentra en la horquilla entre los 35 y 64 años y solo el 4% son menores de 35.

Con un relevo generacional complicado y una estructura en la que abundan las pequeñas empresas, “hay un problema de ritmos y de acompañamiento a los agricultores, a los que se tiene que ofrecer una vía para llevar a cabo esa transición. Los grandes no tienen problemas”, asegura Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo del CSIC y especialista en la PAC y mercados agrarios. “Porque”, continúa, “la gran mayoría de la gente no pone en duda la necesidad de mitigar el cambio climático y es necesario afrontar modificaciones”.

Santiago Rodríguez, un productor agroecológico de Ourense de 31 años, no se opone al control, pero está de acuerdo con que “tendría que ser la Administración la que concediera facilidades y ayudas”. Se baja del tractor con el que estaba preparando la siembra para coger el teléfono y explicar su situación. “Antes lo normal era emprender estas labores dentro de un mes y medio, pero si queremos que haya humedad en la tierra, tenemos que adelantarnos”, describe. Hay temporadas en los que han perdido el 80% de la producción de patata por la sequía del verano y otros productos por las inundaciones.

Incluso afecta a sus señas gastronómicas: “Galicia es la cuna del grelo y la nabiza y casi no hubo”, cuenta. Si a ello se le suma que los jabalíes crían todo el año y siempre hay moscas y mosquitos, le cuesta entender la flexibilización de las medidas medioambientales por parte de la UE. “Casi todos los problemas que tenemos en el campo son por el cambio climático”, concreta. Sin embargo, entiende otras demandas de los agricultores, entre ellas la petición de ayuda para el gasoil agrícola.

Laura Martínez, veterinaria convertida en ganadera y quesera, apunta al intento de politización de las protestas, a las que acudió en Madrid para reclamar medidas contra la competencia desleal y la excesiva burocracia, entre otras reivindicaciones. “Están aprovechadas por grandes empresas y sindicatos”, sostiene. Ella no conoce a ningún ganadero que critique la Agenda 2030, como se gritaba en alguna de las concentraciones, y considera que las “medidas verdes no deberían ser opcionales, sino obligatorias, pero teniendo en cuenta la casuística de la ganadería extensiva”.

Lo piensa y lo pone en práctica en su explotación de Bustarviejo, en la sierra norte de Madrid, en la que cuenta con un rebaño de unas 180 cabras, 160 gallinas ponedoras de corral, 60 vacas nodrizas y una quesería. Procura aprovechar los recursos naturales, los pastos, los arbustos y el agua de alrededor: “Cuanto más dependas de los piensos y los forrajes externos, más difícil será la rentabilidad, más contaminación habrá y, en consecuencia, menos bienestar”. Sus animales crean paisaje, limpian el monte y reducen la huella de carbono. “Somos sostenibles, tanto ambiental como socialmente”, asegura. Precisamente, lo que busca la UE en el camino hacia una agricultura más verde.

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