El fiscal que investiga el riego irregular de mangos y aguacates: “Es muy probable que en la Axarquía haya delito ambiental”

Málaga ha vivido en 2023 su año más seco desde que se iniciaron los registros en 1961. Los poco más de 200 litros por metro cuadrado caídos —un tercio menos de la media de los últimos 30 años— han supuesto el remate a varios años de lluvia escasa. Más de 250.000 personas de una docena de poblaciones sufren ya cortes y en toda la Costa del Sol —tras batir el mejor año turístico de su historia— se prohíbe regar jardines o llenar piscinas. La Junta de Andalucía acaba de impulsar su cuarto decreto de sequía, mientras planea instalar desaladoras portátiles y contratar grandes barcos cisterna. A cambio, la provincia está inmersa en una de las mayores operaciones policiales contra el uso masivo e ilegal de agua, con 26 personas detenidas y otras 44 investigadas por el riego irregular de subtropicales en la comarca de la Axarquía. “Es muy probable que haya delito medioambiental en ese uso abusivo de agua, porque en Doñana lo ha habido”, asegura el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez.

La Guardia Civil arrancó en 2018 una investigación a raíz de varias denuncias de agricultores de la Axarquía, al este de la capital malagueña. Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), en coordinación con la Fiscalía de Málaga, comenzaron sus pesquisas para comprobar que era cierto lo que les habían contado: la existencia de numerosos pozos ilegales y concesiones irregulares de agua en zona. Afectaba sobre todo a cultivos de mangos y aguacates, cuyas 7.000 hectáreas convierten a esta comarca en la mayor productora de frutos tropicales en Europa. La Fiscalía abrió entonces diligencias y durante la operación policial —denominada Chaak— se llegó a investigar a 180 personas por el uso ilegal de agua. Finalmente, la lupa se centró en quienes más se han beneficiado de las captaciones no autorizadas, que han esquilmado los recursos hídricos. Su resultado fue de 26 personas detenidas —que ya han declarado en sede policial— y otras 44 investigadas. De las 340 hectáreas estudiadas, 240 se regaban con 250 pozos sin autorización. Se estima que se han defraudado casi 26 hectómetros cúbicos y causado daños valorados en diez millones de euros. “Los regantes legales apenas tenían agua y los ilegales toda la que querían”, explicaron la pasada primavera fuentes de la Guardia Civil.

¿Se han plantado demasiados subtropicales en la zona? “Es la impresión que nos da a todos”, señala Benítez. “La comarca se ha dedicado tradicionalmente a almendros u olivos, que no exigen tanta agua. La transformación a esos cultivos debe ser viable y hay que contar con el agua, que es un bien público. Yo ahí no puedo entrar desde el punto de vista penal, pero sí en la valoración del agua distraída y las consecuencias medioambientales que pueda tener”. Apunta a la falta de control por parte de las administraciones, pero su trabajo se centra en quienes han realizado un “uso masivo y abusivo” para el riego de subtropicales, obteniendo con ello beneficios. “Si además hablamos de tal cantidad de cultivos y tal exigencia de agua que conjuntamente puedan tener una incidencia sobre el medio ambiente, es muy probable que haya también un delito medioambiental. Son las cuestiones que debemos examinar”.

Posible delito como en Doñana

La operación está pendiente de los informes periciales de la Fiscalía General del Estado que deben cuantificar la entidad del perjuicio causado y los posibles daños al medio ambiente. “Entonces veremos si el asunto pasa de una mera distracción de agua a un delito medioambiental, que es como lo hemos enfocado aquí desde el principio. Hay que ver las consecuencias que esa extracción y cómo ha podido afectar al equilibrio del suelo, a la atmósfera y los equilibrios naturales”, explica Benítez. “En la medida que utilizas el agua que es bien común para tu beneficio particular sin autorización y lo haces en unas cantidades tan desproporcionadas, puedes cometer una infracción penal, como prevé el artículo 247 del Código Penal. Es probable que haya delito, como ha ocurrido en Doñana, aunque aquí no tengamos la figura de protección de parque nacional”, insiste el fiscal.

Benítez también desarrolla otras investigaciones. Sigue la pista a dos campos de golf de la Costa del Sol que presuntamente utilizan aguas obtenidas de manera ilegal para el riego de su césped. Según la investigación, uno de ellos tiene una captación sin autorizar en el curso de un río y la combina con una concesión legal. En el segundo caso, también en la zona occidental de la provincia, afecta a una empresa de frutos tropicales, a cuyos terrenos llega una acequia no autorizada procedente de otro cauce. “Y existe otro ramal que deriva a un campo de golf, así que he pedido que se investigue”, apunta el fiscal, que cree tanto jueces como magistrados, deben asumir que un delito ecológico no puede ser tan difícil de acreditar como lo es ahora. Lo dice por la cantidad de investigaciones se quedan en poco o nada debido a que “la mayoría de casos son infracciones administrativas, porque no tienen trascendencia penal suficiente. No digo que no lo vaya a tener en el futuro, porque el Código Penal es objeto de cambio entre los políticos con facilidad. El problema del agua es cada vez más grave”, subraya. De hecho, los embalses de Málaga siguen perdiendo agua y La Viñuela, el más grande de la provincia, está ya apenas al 7,4% de su capacidad. Además, sostiene que las administraciones que han intervenido en la vigilancia no lo han hecho. “Luego la Junta de Andalucía echa la culpa al Ayuntamiento de turno y al revés. Se difuminan las responsabilidades y al final te quedas sin nada”. Los distintos gobiernos locales, provinciales o regionales tampoco han hecho sus deberes: un estudio realizado a finales de 2022 indicaba que los municipios malagueños pierden 7.000 millones de litros al año debido al mal estado de las tuberías.

Por último, el fiscal denuncia la gran falta de recursos para investigar. “Hay muchísima necesidad de personal auxiliar. Es histórica, endémica y parece que no tiene solución porque se reclama todos los años en la memoria de la fiscalía”, apunta quien cree que la sensibilización medioambiental va en retroceso. “Creo que es por la crisis económica. A ello responde la política liberalizadora del suelo, la polémica en Doñana y la previsible legalización de las captaciones de agua ilegales de la zona norte. En el fondo perjudican al medio ambiente, se mire como se mire”, concluye.

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