Madrid y Barcelona, los epicentros de la contaminación en España

En Madrid y en el área spolitana de Barcelona se superan de forma reiterada, desde 2010, los límites de exposición al dióxido de nitrógeno (NO₂) fijados por la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este jueves a España por incumplir reiteradamente con la normativa comunitaria de la calidad del aire en estas dos zonas donde viven más de 7,5 millones de personas. La sentencia no va unida a una sanción, pero si las autoridades siguen sin hacer nada por corregir el aire o peor aún, ponen palos en las ruedas, la Comisión Europea podría solicitar el pago de una multa millonaria.

¿Qué han hecho los gobiernos de los principales epicentros de contaminación de España? Las diferencias en las dimensiones de Madrid y Barcelona e incluso la ordenación política de ambas hace complicada su comparación. La superficie que ocupa la ciudad de Madrid es de 604 kilómetros cuadrados donde viven 3.305.000 habitantes. Todos ellos gobernados por el mismo alcalde y las mismas políticas medioambientales. Barcelona es mucho menor. En una superficie de 101 kilómetros cuadrados viven 1.636.000 habitantes gobernados por Ada Colau. En la capital catalana, y más pensando en el medio ambiente, tiene más importancia el concepto de área metropolitana, donde sumando kilómetros de suelo y número de vecinos se podría acercar a las dimensiones de Madrid. El área metropolitana de Barcelona ocupa una extensión de 636 kilómetros cuadrados donde viven 3.304.000 personas. El problema es que, en todo ese territorio, que a nivel visual es homogéneo, hay una división administrativa de 36 municipios que pretenden ponerse de acuerdo en políticas medioambientales pero que, como cada uno es de un color, no siempre lo consiguen.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Mobilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha comparecido este jueves minutos después de que se conociera la sentencia condenatoria de la Unión Europea. Sanz, pese a la condena, ha tirado balones fuera y ha acusado tanto al Estado como a la Generalitat de no actuar suficientemente rápido ante el cambio climático. “La sentencia nos deja claro que Barcelona no es Madrid. Barcelona ha hecho los deberes. Somos la única administración local que hemos puesto en el centro de las políticas públicas el problema de la contaminación”, ha advertido pese a la condena. Acto seguido ha denunciado: “Parar o retrasar las acciones contra el problema de contaminación no es una opción. La sentencia nos confirma que el Estado y la Generalitat tienen que hacer más esfuerzos. No podemos esperar al 2026 para que las cercanías de Renfe funcionen mejor, hay que hacer más ejes verdes, más tranvías, reducir los cruceros, reducir el tráfico…”. Sanz ha asegurado: “La diferencia entre nosotros y Madrid es que en Madrid se presentó un alcalde 2019 con la idea de eliminar Madrid Central. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer aunque sabemos que hay que ir mucho más rápido”.

Este jueves, tras conocer la sentencia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, del PP, ha defendido su gestión y ha criticado la de su antecesora, Manuela Carmena: “Es una censura durísima a las políticas del equipo de Gobierno anterior, que no solo incrementaron el incumplimiento, sino que además las medidas adoptadas eran insuficientes. Ahora tenemos los mejores datos de calidad del aire, y esto nos permite paliar los efectos perjudiciales que desde el punto de vista económico puede tener”, ha dicho, informa Europa Press. Además, ha sacado pecho por sus políticas: “Este Gobierno ha conseguido que Madrid respire el mejor aire de su historia”, para asegurar que la ciudad está “en puertas de cumplir por primera vez los límites de la Unión Europea”.

José Luis Martínez-Almeida se presentó a las elecciones de 2019 con una promesa: retirar Madrid Central. Tres años después, Madrid Central sigue, pero con otro nombre: ZBE Distrito Centro. El PP ha basado su estrategia medioambiental en implementar pequeños cambios y, sobre todo, limpiar cualquier vestigio del anterior mandato. Si Manuela Carmena llamó Madrid Central a la restricción de vehículos de la zona centro, Almeida cambió ese nombre por ZBE Distrito Centro, pese a contar con las mismas restricciones. Borrar las marquesinas de Madrid Central e instalar las nuevas por las calles y semáforos costó más de 180.000 euros para las arcas públicas.

Durante las negociaciones de la nueva ordenanza de movilidad, aprobada en diciembre del pasado año, Almeida quería ampliar la circulación de las motos por el Distrito Centro hasta las 23.00, una hora más de la que estaba permitida. Finalmente, ante las presiones del Grupo Mixto, no se llevó a cabo. A partir del 1 de enero de 2023, en un claro gesto hacia Vox, que está radicalmente en contra de las restricciones y con el único fin de aprobar los presupuestos del próximo año, PP y Ciudadanos han establecido una moratoria para las furgonetas y camiones que tienen una etiqueta medioambiental B, casi 4.000 vehículos, que tenía prohibido el acceso a la zona centro a partir del próximo 1 de enero de 2023. Ya no. Podrán circular otros 12 meses.

“Madrid va para atrás, recortan nuestra salud”, recalcan en el equipo de Rita Maestre, de Más Madrid. “Se ha desaprovechado la oportunidad de fomentar la movilidad sostenible que brindaba la pandemia, al contrario que han otras ciudades como París, que se ha convertido en una ciudad ciclista”.

Las medidas de Barcelona

Desde que el partido de Ada Colau (Barcelona en Comú) entró a la alcaldía de Barcelona, en mayo de 2015, se han llevado a cabo varias iniciativas para reducir la contaminación, sobre todo la que tiene que ver con el tráfico en la ciudad. La medida estrella es la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Un área de 95 kilómetros cuadrados que engloba el municipio de Barcelona pero también Sant Adrià del Besòs y L’Hospitalet de Llobregat. También ocupa parte de Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat. Dentro de esta zona, delimitada por la ronda de Dalt y la del Litoral, se restringe progresivamente la circulación de vehículos. De hecho, desde 2020 se prohíbe la entrada de los vehículos más contaminantes a esta zona (los que no tienen etiqueta de la DGT). La ZBE se ha topado desde su implantación con la judicialización continúa. Aún así, pese a las anulaciones impuestas por los tribunales, el Ayuntamiento, Generalitat y el ente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) siempre ha recurrido las decisiones judiciales y apoyan la implantación de esta medida.

El concejal de emergencia climática, Eloi Badia, mantiene que con la implantación de la ZBE se ha eliminado 600.000 desplazamientos pero esta no es la única medida. “Hemos priorizado las políticas del transporte público, apostamos por modos sostenibles de movilidad y la transformación de la ciudad con las supermanzanas”, destaca. El gobierno de Barcelona en Comú ha puesto en marcha un proyecto de pacificación de espacios y expulsión de coches en lo que ha llamado Supermanzanas con ejemplos como la de Poblenou o Sant Antoni. El equipo de gobierno no descartan la implantación futura de un peaje para entrar en la ciudad aunque Badia reconoce que en la actualidad no es posible aparcar sin pagar zona azul o verde “por lo que ya es un peaje en la sombra”.

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