Los auditores de la UE acusan a la Comisión de hinchar el gasto verde del presupuesto europeo

Uno de cada tres euros del presupuesto de la UE entre 2014 y 2020 que la Comisión Europea calificaba como gasto para la lucha climática no merecía esa etiqueta verde. La cantidad total que tendría esa mala catalogación asciende a 72.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas de la UE. “El presupuesto comunitario [para la lucha contra el cambio climático] para 2014-2020 no fue tan alto como se informó”, señala Joëlle Elvinger, miembro del tribunal. La también directora de la auditoría publicada este lunes aclara que parte de la financiación de la que se decía en las anteriores cuentas del Ejecutivo comunitario “no siempre era relevante para la acción climática”. También apuntan los auditores comunitarios que hay casos en que “no se tienen en cuenta los posibles efectos negativos (por ejemplo, el impacto negativo de las emisiones de carbono)” de las inversiones planteadas. Conclusión: la ambición presupuestaria real en la lucha contra el cambio climático era menor de lo que se proclamaba.

Las cuentas de la UE se aprueban para un periodo de siete años, de ahí que los años examinados por los auditores abarquen de 2014 a 2020, que comprenden ejecutivos dirigidos por el portugués José Manuel Durão Barroso (unos meses de 2014), el luxemburgués Jean-Claude Juncker (2014-2019) y la alemana Ursula von der Leyen (2019-2020). En esos siete años, el presupuesto aprobado por el Ejecutivo Comunitario ascendió a algo más de un billón de euros y de esta cantidad, que es algo menor del tamaño del PIB español, el 20% era dinero que se destinaba, en teoría, a la lucha contra el cambio climático: 216.000 millones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas cuestiona esta calificación y rebajan la cifra en esos 72.000 millones en la primera auditoría que realiza de este tipo.

Ese porcentaje teórico del 20% del presupuesto común destinado a la lucha contra el cambio climático apuntaría al alto grado de compromiso que Bruselas tiene en esta batalla para mitigar el calentamiento global y perseguir una transición hacía una economía menos dañina con el medioambiente. Esto explica que el actual Ejecutivo de Von der Leyen haya situado en el frontispicio de sus políticas la transición ecológica, que tiene un gran protagonismo en el Fondo de Recuperación, la gran apuesta de esta Comisión después de la pandemia, y que ya lo tenía antes en el paquete conocido con el nombre de Fit for 55, que persigue reducir en un 55% las emisiones en la UE para 2030 sobre las que se emitían 40 años antes.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, con esta auditoría, reduce el esfuerzo presupuestario hecho previamente del 20% al 13%. Y señala, ya para las cuentas actualmente vigentes, “su preocupación por la fiabilidad de los informes sobre el clima [...]. A pesar de las mejoras propuestas en la metodología de notificación, persiste la mayoría de los problemas detectados en el período anterior”. El objetivo de los presupuestos actuales es destinar el 30% a la lucha contra el cambio climático, recuerda el órgano fiscalizador, es decir, unos 600.000 millones.

“No hacemos los informes de cara a la galería. Esperamos que haya cambios y, en realidad, ya ha habido mejoras en los informes sobre el clima para el periodo 2021-2027, por ejemplo, en el Fondo Social Europeo, pero en otras áreas sorprendentemente sigue aplicándose el mismo marco que para 2014 y hasta 2020″, señala Elvinger tras ser cuestionada por las consecuencias de su trabajo. La miembro del tribunal incide en que ya ha habido modificaciones en “los coeficientes climáticos de algunos programas de financiación para mejorar la alineación con la contribución real a la acción climática”.

Apuntan los interventores de la UE que la Comisión cifra el gasto contra el cambio climático partiendo de una triple calificación para los proyectos y las inversiones que financia. Si el Ejecutivo de Bruselas estima que un proyecto tiene un impacto significativo en el objetivo de reducción de emisiones u otras metas medioambientales, el 100% de lo presupuestado se considera gasto verde; si la contribución es moderada, la contabilidad lo rebaja al 40%; y si es baja o nula, se queda en el 0%. El tribunal no discrepa de esta taxonomía, pero sí de las etiquetas que se adjudican después a políticas y proyectos. “En algunos casos, el gasto se considera pertinente para el clima, a pesar de que los proyectos y programas que apoya tienen un impacto escaso o nulo en el clima (por ejemplo, las infraestructuras en las zonas rurales). En otros casos, no se tienen en cuenta los posibles efectos negativos (por ejemplo, el impacto negativo de las emisiones de carbono)”, señalan los auditores sin bajar a casos concretos.

Una de las políticas en las que hay más discrepancias entre el Ejecutivo comunitario y el órgano con sede en Luxemburgo son las partidas agrícolas, que consumen la mitad del dinero que, teóricamente, se destina a la lucha medioambiental. En este apartado, por ejemplo, apuntan los interventores que inversiones que no tienen impacto ecológico directo, pero se justifican por buscar la seguridad alimentaria o el bienestar animal, no deben considerarse capítulos de gasto con una contribución moderada al cambio climático y, por consiguiente, no debería contabilizarse el 40% de esta factura como medioambiental. Solo esta diferencia de criterio resta 17.500 millones al esfuerzo en la lucha contra el cambio climático.

También la agricultura ecológica y las ayudas que recibe suponen un motivo de discrepancia: “Se le atribuyó un coeficiente del 100%, lo que significa una contribución significativa al clima, y lo estamos reevaluando. Tenemos un coeficiente del 40%, lo que significa una contribución moderada al clima”, señala una de las auditoras que ha elaborado el informe.

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