Europa impide a Andalucía reducir un espacio protegido en El Ejido por un arbusto en peligro

La Comisión Europea ha impedido a Andalucía reducir el espacio protegido Artos de El Ejido porque la Junta carece de evidencias científicas que justifiquen la merma de este Lugar de Interés Comunitario (LIC) situado en Almería. El Gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) reclamó a la Comisión desclasificar 75 hectáreas protegidas por su alto valor ecológico (el 28% del LIC, de 264 hectáreas), pero Bruselas ha denegado la iniciativa “por no aportar ninguna prueba científica para la desclasificación de los terrenos afectados”, subraya la carta del jefe de unidad de la Dirección General de Medio Ambiente europea, Nicola Notaro, destinada a la Junta andaluza.

Desde que nacieron los LIC hace tres décadas para preservar los hábitats naturales más valiosos del continente, ciertas comunidades autónomas han pedido al Gobierno corregir los límites de estos espacios, pero en muy contadas ocasiones alguna región ha pedido la desclasificación de terrenos protegidos. Esta es una de ellas, pero sin éxito tras el portazo de la Comisión a la pretensión de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural andaluza. La carta con la negativa de la Comisión Europea está fechada el pasado marzo, pero ha trascendido ahora porque Ecologistas en Acción inició un procedimiento judicial -en curso- contra la orden de la Junta para descatalogar el LIC, al que se incorporó recientemente dicha misiva oficial.

El valor ecológico de los Artos de El Ejido -reconocido como LIC en 2006- está en las artineras, formaciones vegetales con hasta cuatro metros de altura y 10 de diámetro de arto (Maytenus senegalensis), una especie en peligro conservada en la comarca del Campo de Dalías (Almería), manchas de terrenos en Murcia y en menor medida en la Comunidad Valenciana. Las artineras de El Ejido, definidas como “islas de fertilidad”, son el mejor exponente del matorral climácico en un ecosistema semiárido único en el mundo, y actúa como refugio para otras plantas y aves como el alcaraván, subrayan los científicos.

A pesar de su valor ecológico y la supuesta protección de que goza, la expansión de los invernaderos almerienses ha acelerado su desaparición: las artineras solo ocupan hoy 115 hectáreas, apenas el 5% de su extensión en el campo de Dalías (Almería) hace 70 años. El plástico ha copado el entorno natural y los empresarios agrícolas han arrancado un ejemplar tras otro para sustituirlos por cultivos intensivos de hortalizas y frutas.

“Entre 1957 y 2011 se han perdido por causa humana más de 26.000 hectáreas del área que ocupaban las poblaciones de arto en España y las manchas de artineras se han atomizado en el paisaje (…) Se encuentran al borde del colapso por la ocupación sistemática de su hábitat por los usos agrícolas y urbanos”, alertaron hace un año y medio 19 investigadores y científicos de la Estación Experimental de zonas Áridas, perteneciente al CSIC, y diferentes universidades, como la de Almería y Exeter (Reino Unido). Los científicos advirtieron en su informe de la “vertiginosa eliminación” de los artos.

El catedrático de biodiversidad y ecosistemas Javier Cabello, destaca que estos matorrales arborescentes (muy altos) están en peligro de extinción en el sureste ibérico, revelan las conexiones históricas con el continente africano y son únicos en toda Europa. “Su área de distribución coincide plenamente con la agricultura intensiva y ambos compiten por el espacio y las aguas subterráneas. Los agricultores han ido cortando ejemplares para que en la práctica sea más difícil aplicar el catálogo de especies amenazadas. La Administración banaliza los espacios protegidos, otorgados democráticamente para la conservación de la biodiversidad”.

Los empresarios agrícolas roturaron los terrenos protegidos por el LIC ya en el año 2000 para levantar sus invernaderos, e incluso contaron con la destrucción activa del Ayuntamiento de El Ejido, gobernado por Juan Enciso (PP), cuyos operarios destruyeron amplias zonas de artineras, habiendo sido ya propuesta por España a la Comisión como espacio protegido, y pese a la denuncia de la organización Ecologistas en Acción. En 2002, un grupo de agricultores acudió a la justicia para impugnar el plan de ordenación urbana de El Ejido que reflejaba la protección propuesta a la Comisión Europea, y en 2008 la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia andaluz -presidida por el magistrado Rafael Puya- les dio la razón para ignorar su protección ecológica.

En 2020, 12 años después de esa sentencia, la Junta andaluza emitió una orden para descatalogar parcialmente el LIC, apoyándose en la resolución de los magistrados. A pesar de las alegaciones de diferentes colectivos con sólidos informes científicos que aconsejaban la protección del hábitat natural, el Ejecutivo autonómico las ignoró y publicó dicha orden el 1 de octubre de 2020 para reducir el LIC.

Ante la desprotección legal del terreno, Ecologistas en Acción denunció hace un año la orden de la Junta ante la justicia. En su defensa, la Junta alegó ante los jueces del TSJA que desprotegía el terreno porque otros jueces -de la misma sala Contencioso-administrativa- le habían dado la razón a los agricultores en 2008.El procedimiento del alto tribunal andaluz está en curso, pero fuera del ámbito judicial, hace un año, la Comisión Europea puso pie en pared y aclaró que la justicia española se había extralimitado y no podía ignorar la protección impuesta por el Ejecutivo europeo. “El TSJA no estableció que las zonas en cuestión no fueran necesarias para la conservación del hábitat. Se limitó a declarar que las fincas a que se refieren las sentencias son superficies agrícolas de regadío”, subraya la misiva de la Dirección General de Medio Ambiente europea.

Ecologistas en Acción confía ahora en que la justicia andaluza corrija al Gobierno autonómico y anule la orden de desprotección del lugar. “La Junta ha propuesto la desclasificación con un claro y flagrante incumplimiento de sus obligaciones de proteger y restaurar el LIC que ella misma había propuesto [16 años antes]”, critica el abogado de la organización conservacionista, Abel La Calle.

La consejera andaluza de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, fue entre 2003 y 2011 alcaldesa de Adra, un municipio situado a solo 20 kilómetros del espacio protegido comunitario. Un año después de la carta de la Comisión Europea, la Consejería andaluza aún no ha contestado al requerimiento, confirman fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, intermediario necesario para las comunicaciones entre la Comisión y las regiones europeas. Preguntada por este diario, la Consejería rechaza aclarar si prevé preservar las artineras tras el varapalo de Europa.

Al final de su misiva, Notaro reclamaba a la Junta una respuesta para recuperar y restaurar los terrenos, y así minimizar el impacto de los invernaderos: “Invito a las autoridades españolas competentes a que expliquen qué medidas han adoptado para evitar el deterioro del lugar, tal y como exige la Directiva sobre hábitats, y qué medidas adoptarán para restaurarlo. Insto a las autoridades a buscar urgentemente los medios jurídicos adecuados para garantizar la designación, protección y restauración del LIC Artos de El Ejido”.

Un año después, Notaro sigue sin respuesta del Gobierno andaluz, que tiene en marcha una revolución verde abanderada por su presidente, Juan Manuel Moreno.

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