España sacará del limbo legal los suelos contaminados por accidentes nucleares tras años de ignorar el problema

Silencio. Quizás sea la palabra que mejor resume todo lo que rodea a los suelos contaminados por accidentes nucleares en España. Silencio durante la dictadura, pero también en democracia. Porque ministerios y organismos públicos con competencias en este asunto —como el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)— siguen callando o se pasan la pelota de unos a otros. Una parte importante del problema reside en que los distintos gobiernos centrales han dejado guardada en un cajón durante más de una década una modificación de la Ley sobre Energía Nuclear, una norma franquista que todavía sigue en vigor. Ese cambio en la ley de 1964 es necesario para que en España se pueda declarar oficialmente un terreno contaminado por radiactividad y terminar así con el vacío legal existente.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido ahora en su plan anual normativo de 2022 a aprobar por fin esa modificación que permitirá que se elabore un inventario oficial de las zonas afectadas. De momento, el CSN reconoce seis emplazamientos, entre los que están el canal del Jarama —donde hay enterramientos clandestinos de lodos radiactivos resultantes de una fuga en 1970 desde un reactor experimental situado en Madrid— y Palomares —la pedanía almeriense sobre la que cayeron varias bombas nucleares en 1966—. También otros que “presentan radiactividad” ya sea por accidentes o por actividades industriales, como es el caso de las balsas de Fosfoyesos de Huelva.

La inclusión de esta modificación en el plan normativo de 2022 llega después de que la Comisión Europea enviara en junio al Gobierno un dictamen motivado en el que amenaza con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si no cumple con la directiva que obliga a los países miembros a tener estrategias de control y seguimiento de las zonas contaminadas por radiactividad. Los Estados deben delimitarlas y fijar las medidas para su descontaminación o para restringir los usos de los suelos, según esa directiva de 2013 que España sigue incumpliendo. El CSN también envió al Ejecutivo una carta este verano recordando la necesidad de modificar la ley de 1964, según fuentes conocedoras de este caso. Este organismo pidió lo mismo a principios de la década pasada al Gobierno del PP, que en 2014 llegó incluso a redactar esa reforma pero que tampoco la aprobó.

Una vez se haya acometido esa modificación, que también reclamó el Senado al Ejecutivo en 2018, el Gobierno a través de un real decreto debería establecer los criterios necesarios para elaborar el inventario de zonas afectadas y las estrategias que se deben seguir en cada caso para su descontaminación o la limitación de los usos a partir de los datos recopilados por el CSN.

Pero, mientras llega esa reforma prometida de la ley y ese inventario, las zonas afectadas por contaminación radiológica siguen en el limbo legal. En algunos casos ni siquiera están señalizadas ni caracterizadas completamente a pesar de que el CSN ha reconocido que existe presencia de radiactividad. Así ocurre, por ejemplo, con los enterramientos de los lodos con Cesio-137 y Estroncio-90 que hay en varios puntos del canal de riego del Jarama.

En noviembre de 1970 varias decenas de litros de líquido altamente radiactivo procedentes del reactor experimental que había en el Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid, acabaron en las alcantarillas. El vertido fluyó por el Manzanares, el Jarama, el canal de riego de este río y, finalmente, el Tajo. El franquismo trató de ocultar el accidente y realizó una operación de limpieza en el canal de riego —a los agricultores de la zona se les dijo que el vertido había sido de gasóleo—. La acequia se drenó y parte de las tierras contaminadas fueron a parar al almacén de El Cabril, en Córdoba. Pero otra parte se enterró secretamente en al menos ocho zanjas junto al mismo canal, las conocidas como banquetas del Jarama.

Estos cementerios de residuos nucleares permanecieron en secreto hasta septiembre de 2018, cuando EL PAÍS desveló su existencia. En ese momento, el Ciemat y el CSN —los dos organismos herederos de la antigua Junta de Energía Nuclear del franquismo que fue responsable del accidente y de la limpieza― formaron un grupo de trabajo. Según fuentes conocedoras de los trabajos de este grupo, el Ciemat en el último año ha realizado una caracterización de la zona con georradar. Pero el Ciemat, dependiente del Ministerio de Ciencia, rechaza dar oficialmente cualquier información sobre esas labores y sostiene que debe ser el CSN el que informe. Y el CSN sostiene que está a la espera de que el Ciemat le traslade el estudio sobre la caracterización de estos enterramientos clandestinos.

Mientras estos dos organismos se pasan la pelota, tres años y medio después de la formación de ese grupo los terrenos en los que se enterraron los residuos nucleares de forma clandestina siguen sin señalizarse ni acotarse. Cuando en 2018 se desveló la existencia de los cementerios, tanto el Ciemat y como el CSN aseguraron que los niveles de radiactividad de las banquetas no eran ya peligrosos para el ser humano. Pero no existe ningún reconocimiento oficial y público de que esos terrenos estén descontaminados, como tampoco de que estén contaminados, porque sigue sin aprobarse la reforma de la ley de 1964 que lo permitiría. Fuentes de ambos organismos achacan a este vacío legal que no se haya tomado ninguna medida en esos terrenos, como el vallado, la limpieza o su declaración oficial como zona segura.

En el plan normativo de 2022 de La Moncloa se señala que el Ministerio para la Transición Ecológica es el responsable de la reforma de la Ley sobre Energía Nuclear. Pero este departamento solo admite que se va a cambiar este año para “introducir la definición de terreno contaminado radiológicamente” y que esto permitirá que el CSN elabore el inventario de los terrenos afectados, explica un portavoz del ministerio.

¿Quién se hace responsable?

El silencio ha sido una constante en otro de los casos emblemáticos de contaminación tras un accidente nuclear: Palomares. La completa limpieza de la zona afectada por la caída de las bombas atómicas tras el accidente de los dos aviones estadounidenses en 1966 todavía está pendiente. Como ocurre en el caso del Jarama, los ministerios y organismos afectados eluden las responsabilidades. Lo sabe bien José Ignacio Domínguez, abogado ambientalista, que junto a Ecologistas en Acción pidió a la justicia que ordenara la descontaminación. Este verano la Audiencia Nacional descartó obligar a que se limpie la zona afectada y basaba su decisión en una “incorrecta articulación” de la demanda. Básicamente, los magistrados sostenían que el CSN, al que los ecologistas pedían que descontaminara Palomares, “no es el órgano competente al que debían dirigirse”.

Así que Domínguez escribió al Consejo de Ministros para pedir que el Gobierno lleve a cabo la limpieza. En dos días tuvo su respuesta: el 14 de julio el Ministerio de la Presidencia le contestó que no era un asunto de su competencia y que “la cuestión” afectaría “al ámbito competencial” de Transición Ecológica. Así que Domínguez escribió a ese otro ministerio y, solo cinco días después, tuvo su breve respuesta: “Se comunica que con fecha 19 de julio de 2021 se traslada su petición al Ciemat, por ser de su competencia”. Y el 27 de julio llegó la contestación del Ciemat, que aseguraba que “no tiene capacidad para realizar la descontaminación de los terrenos”. Entonces, ¿quién es el responsable?

Domínguez lamenta este “peregrinaje administrativo”, que lo ha llevado ahora a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo para que se aclare quién es el responsable y para que se fije un plazo para la descontaminación de Palomares. “No sabemos quién es el competente, todos se lavan las manos”, resume este abogado sobre el limbo legal en el que están los suelos contaminados por radiactividad en España.

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