Accidente nuclear de Palomares: la Audiencia Nacional rechaza ordenar la limpieza de las zonas contaminadas

La Audiencia Nacional ha rechazado ordenar la limpieza y retirada de las tierras que todavía están contaminadas de radiactividad 55 años después del accidente nuclear de Palomares, una pedanía del municipio almeriense de Cuevas de Almanzora. Ecologistas en Acción presentó en 2017 un escrito en el que pedía al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se ejecutara el plan de rehabilitación diseñado en 2010. Pero la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha rechazado el recurso “por su incorrecta articulación” y porque el CSN “no es el órgano competente al que debían dirigirse”. En opinión de esta sección, la limpieza y descontaminación sería labor de la Administración del Estado y no del CSN, que es el órgano supervisor de la seguridad de las instalaciones nucleares en España.

Los magistrados sostienen que las funciones del CSN son de inspección, asesoramiento y sancionadoras, pero que “no tiene labores ejecutivas ni materiales”, lo que les impide ordenar la limpieza de la zona. También lamentan en su sentencia que los recurrentes hayan “cambiado sus pretensiones en cuatro escritos” durante esta larga causa. Pero, básicamente, deciden archivar el recurso y no ordenar la limpieza porque la petición “no se ha dirigido contra la Administración del Estado, sino contra un ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado, que tiene personalidad jurídica diferenciada y patrimonio propio e independiente de los del Estado”. Esa ha sido la principal línea de defensa de la Abogacía del Estado en este caso.

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El fallo, sin embargo, no ha sido adoptado por unanimidad. Tres de los cinco magistrados de esta sección séptima han apoyado la sentencia y los otros dos han emitido un voto particular en el que afirman que sí se debería haber estimado en parte la demanda. Entienden que la Audiencia debería haber instado al CSN a impulsar “la culminación del proyecto de rehabilitación [de 2010] y, posteriormente, de los trabajos para el tratamiento de las tierras contaminadas, fijando a tales efectos un plazo razonable para la ejecución de estos cometidos y el cese de una situación que la población de Palomares lleva soportando durante más de 55 años”. Esto hubiera supuesto el tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas que aún permanecen en esta pedanía almeriense repartidos por varias parcelas valladas.

Este caso se remonta al 17 de enero de 1966, cuando dos aviones —un bombardero y una nave nodriza— del ejército de EE UU colisionaron sobre Palomares. Cuatro bombas termonucleares cayeron sobre esa pedanía y dos de ellas se rompieron y esparcieron varios kilos de plutonio. El ejército estadounidense y la dictadura española emprendieron una operación de limpieza. Y EE UU trasladó a su territorio 4.810 bidones de 208 litros cada uno llenos de residuos, principalmente, tierra y cultivos afectados por la radiación. Pero atrás dejaron 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas, algo que no se conoció hasta la llegada de la democracia a España.

Negociaciones

El Gobierno lleva años intentando que EE UU se lleve las tierras más contaminadas. En 2015 se cerró una “declaración de intenciones” con la Administración de Barack Obama para que se hiciera cargo de parte de esa tierra. Pero la llegada de Donald Trump dejó aquella declaración en nada. Unos años antes, en 2010, la Administración española había elaborado un plan de rehabilitación en el que se contemplaba que esos 50.000 metros cúbicos se tratarían y que unos 8.000 metros cúbicos se retirarían y almacenarían provisionalmente.

Que se apruebe definitivamente ese plan de 2010 y se ejecute era lo que pedía Ecologistas en Acción en esta demanda. Se proponía que España almacenara de forma temporal los 8.000 metros cúbicos de residuos hasta que EE UU asuma su responsabilidad. Pero la defensa del CSN ha argumentado, entre otros asuntos, que el país no cuenta en estos momentos con un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos de alta actividad y que existe una negociación abierta con EE UU para que asuma su responsabilidad. El Gobierno espera que la Administración del demócrata Joe Biden retome aquel preacuerdo firmado en 2015 para la descontaminación.

Sin embargo, el voto particular de los magistrados Juan Carlos Fernández de Aguirre y Helmuth Moya Meyer mantiene que “la no disponibilidad en la actualidad del ATC (...) ni la falta de un compromiso vinculante de los EE UU para asumir el traslado de las tierras contaminadas a un almacenamiento definitivo puede justificar la demora en la culminación del proyecto de rehabilitación y, una vez efectuado esto, el inicio del tratamiento de las tierras contaminadas”. Estos dos jueces insisten en que “el Estado español tiene la obligación de intervenir en las situaciones de exposición perdurable, cuando sea conveniente y prudente para preservar la salud de la población y la conservación del medio ambiente”.

José Ignacio Domínguez, el abogado que ha llevado el caso para Ecologistas en Acción, ha anunciado que presentará inmediatamente una demanda pidiendo la ejecución del plan de limpieza y restauración de Palomares ante la Administración central, como señalan los magistrados en su sentencia.

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