100 ciudadanos al azar y una pregunta: ¿cómo hacer que España sea más segura frente a la crisis climática?

Un centenar de ciudadanos elegidos de forma aleatoria, cinco sesiones y una pregunta que deben responder: “Una España más segura ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?”. Este es el mandato que tendrá la futura asamblea ciudadana para el clima que el Gobierno tiene intención de poner en marcha. La idea del Ministerio para la Transición Ecológica, cuya titular es Teresa Ribera, es que la primera sesión virtual se celebre en otoño y que la asamblea tenga concluidos sus trabajos y listas sus recomendaciones en el primer trimestre del próximo año. Estas serán enviadas al Ejecutivo y se presentarán ante el Congreso de los Diputados, pero en ningún caso tendrán carácter vinculante.

El Gobierno se comprometió en enero de 2020 —cuando aprobó una declaración de emergencia climática— a poner en marcha esta asamblea, similar a las que se han constituido en Reino Unido, Suecia o Escocia. La promesa del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos era crearla en los 100 primeros días de mandato, algo que se ha incumplido ampliamente (el plazo vencía a mediados de abril). La directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha culpado a la pandemia del retraso a la hora de cumplir con el calendario prometido.

Ulargui ha sido la encargada este miércoles de presentar la iniciativa, que se pondrá en marcha a través de una orden ministerial cuya tramitación ya ha comenzado. Ha recordado que la recién aprobada ley de cambio climático incluyó en su tramitación parlamentaria la creación de la asamblea ciudadana nacional. La primera vez que se puso en marcha un órgano de este tipo fue en Suecia en 2014.

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La selección al azar de esos 100 ciudadanos ―que el Gobierno subcontratará a una empresa demoscópica especializada— se realizará para que la sociedad española esté representada de la forma más fiel posible. El ministerio explica que, aunque la elección final será aleatoria, se buscará una metodología para que se refleje la distribución regional, social y el equilibrio entre zonas urbanas y rurales, y que estará basada en criterios como la edad, el género, el nivel educativo y la procedencia geográfica.

En cualquier caso, la idea es que no se trate de personas expertas en cambio climático o medio ambiente. Los ciudadanos contarán con el asesoramiento y la guía de un grupo de especialistas independientes que les formarán y les ayudarán a encauzar los debates, de los que deberán salir las recomendaciones concretas. Y recibirán una remuneración similar a la que se ofrece a los ciudadanos que participan en las mesas electorales en los comicios (65 euros de dietas).

El objetivo, además de aumentar la concienciación ciudadana sobre la crisis climática, es, según ha explicado el ministerio, generar debate “sobre cuáles deben ser las soluciones a las grandes transformaciones que es necesario acometer para alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050 y para hacer un país más resiliente a los impactos del cambio climático”. Sin embargo, la puesta en marcha de la asamblea llega después de que el Gobierno y las Cortes hayan aprobado precisamente la ley de cambio climático y la estrategia de descarbonización a largo plazo. Ulargui ha defendido que, al margen de esas grandes normas, ahora comienza un momento en el que se tendrán que poner sobre la mesa más leyes y decretos y ahí la asamblea podrá realizar aportaciones.

No vinculante

El destino de esas recomendaciones es uno de los aspectos que más debate genera. Algunos grupos, como los activistas de Extinction Rebellion, piden que esas conclusiones sean vinculantes. Pero Ulargui ha señalado que, salvo en el caso de Francia, en los países en los que se han puesto en marcha iniciativas similares se ha optado por no dotar de fuerza legal a esas ideas. “Hay que recordar que este grupo de ciudadanos no tiene un mandato popular”, ha señalado sobre el complicado encaje legal que tendrían unas conclusiones vinculantes.

En cualquier caso, Ulargui ha resaltado la importancia de este ejercicio “participativo deliberativo”, que busca implicar más a la ciudadanía en las respuestas frente al cambio climático. En este caso concreto, poniendo el acento en la “justicia social”, ha señalado la directora de la Oficina Española de Cambio Climático. Esta representante del Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado claro que la asamblea no supondrá eliminar o sustituir los órganos de consulta ciudadana que ya existen y donde están representadas las organizaciones y colectivos medioambientales.

De momento, está claro que se celebrará una primera asamblea este año. Pero Ulargui no ha dejado claro si la idea es mantener este órgano en el tiempo o si se tratará de una acción puntual. Eso sí, ha recordado que la ley de cambio climático abre la puerta a que se celebren asambleas similares en cada comunidad autónoma.

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