Ciudadanos elegidos por sorteo para buscar soluciones al cambio climático

A Hugues-Olivier Brillouin, un fotógrafo de un pequeño pueblo de 520 habitantes en el centro de Francia, le llamaron en septiembre para decirle que era uno de los elegidos. Uno de los 150 ciudadanos escogidos al azar en todo el país para participar en la Convención Ciudadana sobre el Clima, la variante francesa de las asambleas que se están realizando en diversos países europeos para escuchar las propuestas de la sociedad contra el cambio climático, uno de los compromisos de la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero.

“No sé si ocurre también en España el acoso telefónico de empresas que quieren vender algo, yo al principio pensé que era algo de eso y no hice caso”, cuenta este francés de 61 años. “Me volvieron a llamar y dije que no, porque entonces era escéptico con el cambio climático. Sí que pensaba que algo fallaba con el clima, pero consideraba que este desorden no se debía a la acción humana, sino a la actividad solar, por lo que no entendía cómo podríamos luchar nosotros contra ello”.

La primera iniciativa de este tipo surgió en 2014 en Suecia, formándose allí el llamado Parlamento Popular por el Clima (Klimatriksdagen), que desde entonces hace llegar propuestas contra el cambio climático al Gobierno del país. En este caso, fue un movimiento desde abajo liderado por organizaciones ambientalistas y personas preocupadas por estas cuestiones. En cambio, en el Reino Unido y en Francia se ha organizado desde los poderes públicos, y con una especie de lotería ciudadana para seleccionar a un grupo de personas representativo de la sociedad. Así fue como llamaron a Brillouin y le intentaron persuadir para que aceptara formar parte de la asamblea ciudadana francesa, aunque fuera escéptico con la responsabilidad humana en el calentamiento del planeta. “Estuvimos 45 minutos al teléfono y esa persona me convenció para que participara”, relata este fotógrafo que vive en Saint-Quentin-sur-Indrois (centro del país).

Aparte de él, el azar juntó a muy diversos perfiles de toda Francia, con realidades muy distintas, a los que no se les pidió tener ningún conocimiento de climatología, economía o cualquier otro ámbito. La misión de estos elegidos era sentarse a hablar sobre cómo lograr los drásticos recortes de emisiones que se requieren para evitar que el planeta siga calentándose y que tanto pueden influir en las vidas de todos. “Ha sido una gran idea hacer esta asamblea, se puede poner en tela de juicio que hayamos sido escogidos por sorteo, pues no somos especialistas, pero después de haber escuchado y debatido con profesionales, expertos y científicos nos damos cuenta de que sí podemos sacar algo positivo para reducir las emisiones”, destaca Brillouin, ahora un convencido de la responsabilidad humana en el cambio climático después de escuchar a varios climatólogos en la primera sesión de la convención. La primera reunión de un proceso que con la pandemia se ha alargado nueve meses y que acaba de terminar justo ahora.

Informe final en Francia

Los trabajos de la Convención Ciudadana por el Clima de Francia empezaron en octubre y terminaron hace una semana. El foro, organizado por el Consejo Económico, Social y Medioambiental y con un presupuesto de 5,4 millones de euros, se puso en marcha por decisión de Emmanuel Macron como respuesta a la revuelta de los chalecos amarillos entre finales de 2018 y principios de 2019, en su origen, una protesta contra la subida de una ecotasa al carburante, que penalizó a los franceses de zonas periféricas de Francia que necesitan el automóvil para desplazarse. La tasa evidenciaba las contradicciones potenciales entre medidas para reducir las emisiones que provocan el cambio climático, y la justicia social.

Los 150 ciudadanos elegidos, por medio de un sorteo organizado por el instituto demoscópico Harris, conformaban una muestra representativa de Francia por sexo, edad, nivel de estudios, categorías profesionales y territorios. Estos participantes voluntarios recibían una indemnización por su trabajo. El objetivo fijado era “definir una serie de medidas que [permitan] alcanzar una reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 (respecto a 1990) en un espíritu de justicia social”.

El informe final, con 149 propuestas, se adoptó el 21 de junio. Plantea, entre otras medidas, introducir en la Constitución francesa la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente, y el reconocimiento en el Código Penal del crimen de ecocidio. También propone reducir la velocidad máxima en las autopistas de 130 a 110 kilómetros por hora, renovar todos los edificios en 2040 para limitar el consumo energético, reducir en un 20% el consumo de carne y productos lácteos, la regulación estricta de la publicidad de productos contaminantes como los vehículos SUV, y una incitación a reducir el consumo superfluo.

La incógnita es qué ocurrirá con las propuestas. Macron, que tiene en la mesa otras iniciativas para diseñar el mundo poscovid-19, debe decidir si somete todo el documento a referéndum —una operación de alto riesgo, pues la votación podría convertirse en un referéndum sobre sus políticas, más allá del medioambiente— o, como desea la convención, solo dos puntos: el reconocimiento del cambio climático en la Constitución y la introducción del ecocidio en el Derecho francés. Otra opción sería limitarse a aplicar por la vía legislativa o reglamentaria las medidas de la convención. Se espera que hoy lunes el presidente reciba a los 150 ciudadanos.

Primer informe en el Reino Unido

Los 108 británicos que participan en Climate Assembly UK, la primera asamblea ciudadana contra el cambio climático en el Reino Unido, han reclamado al Gobierno de Boris Johnson que aproveche la oportunidad generada por la pandemia del coronavirus “para cambiar el modo en que funciona la economía y los hábitos de vida” de las personas. La asamblea fue una iniciativa parlamentaria surgida a finales del año pasado después de las protestas por todo el país impulsadas por el movimiento Extinction Rebellion. Seis comisiones de la Cámara de los Comunes (Comercio e Industria, Medio Ambiente, Vivienda, Administraciones Locales, Ciencia y Tecnología y Economía) organizaron las primeras reuniones en la localidad de Birmingham, de enero a marzo, hasta que la irrupción de la covid-19 obligó a proseguir los trabajos de modo telemático. El primer informe provisional se publicó el pasado 22 de junio, a la espera de unas conclusiones definitivas que deberán ajustarse a los planes presupuestarios que el Gobierno de Johnson dará a conocer antes del verano.

El 79% de los miembros de la asamblea defiende que “los pasos que adopte el Gobierno para ayudar a una recuperación de la economía deben ser diseñados para lograr el objetivo de cero emisiones”. Entre las propuestas incorporadas destacan la limitación de inversiones en industrias dependientes del carbón, replanteamiento de las infraestructuras del país o apoyo a las industrias de baja emisión.

La “oportunidad” creada por la pandemia, sostiene la asamblea, debe ser un impulso para cambiar hábitos de vida como el fomento del teletrabajo o nuevos modos de desplazamiento. “Debe animarse a la gente a que siga caminando, corriendo o usando la bicicleta a diario, como modo de reducir el uso de coches para recorridos cortos”, dice uno de los ciudadanos británicos que ha participado. Las opiniones de todos ellos aparecen reflejadas en el informe de modo anónimo, para facilitar el libre debate. La asamblea publicará su informe definitivo el próximo mes de septiembre.