Los gobiernos necesitan entender la ciencia

En la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) hemos recibido con esperanza el reciente anuncio de la creación de una Oficina Nacional de Asesoramiento Científico que, según declaró el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el pasado 9 de febrero, dependerá de Presidencia de Moncloa. Desde COSCE habíamos reclamado la necesidad para España de un organismo similar a los que existen en otros países avanzados como los de Estados Unidos o Reino Unido.

Si algo nos demostró la pasada pandemia fue, precisamente, la necesidad de que la gestión política disponga de información científica de forma ágil, rigurosa y comprensible. El pasado mes de octubre, Patrick Vallance, que fue asesor del gobierno de Gran Bretaña entre 2018 y 2023, escribía un artículo en la revista científica Science sobre cómo debe ser el consejo científico a los gobernantes. Vallance iniciaba su texto con una afirmación que es la clave que explica la necesidad de estos organismos en los gobiernos modernos: “Los gobiernos necesitan entender la ciencia”. Y continuaba diciendo que esa afirmación es obvia cuando se piensa en defensa, seguridad, salud, cambio climático o pérdida de diversidad, pero que se extiende también a otras áreas de la actividad gubernamental en las que puede parecer menos claro como la planificación urbana, la educación, el transporte, la alimentación, la administración de justicia, los sistemas de comunicación o el uso de la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos.

Vivimos ya en una civilización tecnológica en la que la ciencia está presente o detrás de prácticamente cualquier actividad humana. Siete de las diez mayores compañías del mundo se basan en ciencia y tecnología. Y si pensamos en nuestro entorno vemos que la ciencia es parte de nuestra vida cotidiana continuamente, seamos o no conscientes de ello.

A la vez, ha comenzado a crecer un preocupante rechazo al conocimiento científico impulsado, fundamentalmente, desde posiciones populistas. Un rechazo que está basado en la desinformación o en el desconocimiento científico.

Por todas estas razones es tan necesaria la oficina de asesoramiento científico que acaba de crearse en España. Pero su eficacia va a depender del tipo de estructura del que se la dote. Desde COSCE creemos que ese asesoramiento debe provenir de comisiones formadas por científicas y científicos de referencia e independientes. Hay en España científicas y científicos suficientes para formar esas comisiones, provenientes de organismos públicos de investigación, de universidades, de las empresas y de organismos científicos ya existentes y transversales como nuestra propia confederación que agrupa a 88 sociedades científicas de todos los campos del conocimiento y que cuentan con más de 40.000 socios.

Es muy importante para el buen funcionamiento de esta nueva Oficina Nacional de Asesoramiento Científico que esté muy claro para la sociedad, la clase política y las personas que forman parte del sistema científico que no se trata de que las científicas y los científicos hagamos política, ni de que el Gobierno llame al experto de turno solo cuando se produzca una necesidad. Ni siquiera se trata de que las personas responsables de la gestión política sigan ciegamente los consejos científicos. De lo que se trata es de que el Gobierno disponga de una estructura científica que asesore a los estamentos de poder y, por tanto, la gestión política se haga con la información científica necesaria para poder tomar decisiones políticas informadas, bien informadas científicamente.

Patrick Vallance acababa su artículo de la revista Science con una advertencia: “Los consejos científicos no pueden seguirse servilmente, pero si quienes toman las decisiones los ignoran o los tratan como un ejercicio de marcar casillas, entonces los sistemas que sustentan el bienestar social estarán en riesgo. El ejemplo más claro de esto es el cambio climático, y estamos siendo testigos de los resultados de esa crisis”.

La creación de la nueva oficina de asesoramiento científico por el Gobierno de España supone, al menos, la constatación de que el Gobierno detecta esta necesidad de asesoramiento, lo que desde COSCE aplaudimos y compartimos.

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