La Real Academia de Ciencias condena la trama saudí que sobornó a científicos españoles

Tras casi 80 días de silencio generalizado en las instituciones españolas afectadas, la Real Academia de Ciencias ha condenado “sin paliativos” la trama saudí dedicada a pagar a científicos españoles para hacer trampas en el ranking de las mejores universidades del mundo. “En ciencia, al igual que en cualquier otra actividad humana, no todo vale. Los comportamientos éticos frente a uno mismo, los colegas y la sociedad deben presidir el trabajo científico”, ha advertido la academia en un comunicado difundido este martes.

El engaño se produce en la reputada lista de Científicos Muy Citados, elaborada por la multinacional Clarivate con los 7.000 investigadores del mundo cuyos estudios son más mencionados por otros colegas. Cuantos más científicos muy citados tenga una universidad, más en la cumbre aparecerá en el poderoso ranking de Shanghái, que designa cada año a los mejores campus del planeta. Una investigación de EL PAÍS reveló el 18 de abril que algunas universidades saudíes pagan en secreto hasta 70.000 euros anuales a científicos muy citados, para que mientan en la base de datos y declaren que trabajan en Arabia Saudí. Desde hace alrededor de una década, más de 200 investigadores muy citados han hecho esta trampa, incluidos 19 en España. Algunos científicos llegan a ser muy citados simplemente porque publican una cantidad inverosímil de estudios, como el químico Rafael Luque, que firmaba un trabajo cada tres días. Constando falsamente como profesor saudí, Luque fue expulsado de la Universidad de Córdoba en diciembre de 2022.

“Informaciones recientes han puesto sobre la mesa algunas malas prácticas de investigadores e instituciones que merecen atención y alerta para que la comunidad científica pueda corregirlas y erradicarlas”, afirma la Real Academia de Ciencias. “En particular, se han suscitado serias dudas en lo referente a la calidad y el número de publicaciones que un investigador puede producir responsablemente, a la vez que sobre la presunta pertenencia de algunos investigadores muy citados a instituciones con las que su contacto científico es prácticamente nulo. La Real Academia de Ciencias condena sin paliativos estos comportamientos y quiere pronunciarse con contundencia”, señala la institución, fundada en 1847.

La revelación de la trama en España provocó un efecto dominó inmediato en otros países, como Italia y Reino Unido, en los que sus medios de comunicación destaparon más casos. En Holanda, el físico Robbert Dijkgraaf, ministro de Ciencia, tardó apenas unas horas en condenar “la venta de la integridad académica por dinero”, después de que el periódico De Volkskrant desvelara que dos científicos holandeses habían hecho trampas. En España, con 19 investigadores implicados, las instituciones han optado por el silencio, pese a la indignación en algunos centros. Los científicos del Instituto Catalán de Investigación del Agua pidieron el 27 de abril la suspensión cautelar de su director, el químico Damià Barceló, después de que EL PAÍS revelara que el directivo declara falsamente desde 2016 que su lugar de trabajo principal es la Universidad Rey Saúd, en Riad (Arabia Saudí), en lugar de su instituto de Girona. Barceló, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), sigue en su cargo.

El Comité de Ética del CSIC ha entregado un informe sobre la trama a la presidenta de la institución, Eloísa del Pino, según detalla un portavoz. El equipo de Del Pino analiza ahora “cada caso individualmente”, para determinar si impone sanciones disciplinarias. Además del químico Damià Barceló, otros cuatro científicos del CSIC han declarado que trabajan en Arabia Saudí: el microbiólogo Francisco Tomás Barberán, exdirector del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, en Murcia; el físico Andrés Castellanos, del Instituto de Ciencia de Materiales, en Madrid, y reciente ganador del Premio Nacional de Investigación para Jóvenes; el biólogo Pedro Rodríguez Egea, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, en Valencia; y el también biólogo Roberto Fernández Lafuente, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, en Madrid.

La Real Academia de Ciencias también invita a analizar “caso por caso”, solucionando además los problemas del sistema que facilitan las malas prácticas, como la “creciente mercantilización del mundo editorial y la nefasta aparición de revistas depredadoras [publicaciones científicas que aceptan cualquier estudio a cambio de dinero, sin los mínimos estándares de calidad], cuya denuncia y bloqueo deben promoverse”. Los académicos aprobaron el comunicado por unanimidad el 28 de junio y se lo enviaron al Ministerio de Ciencia y a las consejerías de las comunidades autónomas, según detalla la bióloga Ana Crespo, secretaria general de la Real Academia.

Investigaciones internas en curso

La Universidad Rey Saúd paga hasta 70.000 euros anuales a los científicos muy citados que declaran falsamente que su lugar de trabajo principal está en Arabia Saudí, según demuestran las ofertas que rechazaron otros científicos honestos, como Mira Petrovic, química del Instituto Catalán de Investigación del Agua, y Jan Willem van Groenigen, experto en ciencia del suelo en la Universidad de Wageningen (Países Bajos).

Diversas instituciones están investigando los casos en España, con una lentitud que contrasta con la reacción inmediata del ministro de Ciencia holandés. El Comité para la Integridad de la Investigación en Cataluña tardó un mes en recomendar a cada centro llevar a cabo “un análisis interno”. La dirección general de Investigación de la Generalitat de Cataluña, encabezada por Joan Gómez Pallarès, todavía está esperando esos análisis internos, según explica un portavoz.

La Universidad Politécnica de Cartagena también lleva más de dos meses investigando a su catedrático Juan Luis García Guirao, que actuaba como intermediario entre la Universidad Rey Abdulaziz y científicos muy citados, presuntamente llevándose comisiones, como destapó este periódico el 20 de abril. La Universidad Pública de Navarra examina el caso del físico Humberto Bustince, llamado a ser el director científico del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de Navarra, hasta que EL PAÍS reveló que había cobrado unos 65.000 euros por declarar falsamente en 2018 que trabajaba en la Rey Abdulaziz, en la ciudad de Yeda. De los 19 científicos implicados en España en la trama saudí, todos son españoles, excepto la psiquiatra japonesa Ai Koyanagi, codirectora hasta el 30 de abril del grupo de Epidemiología de los trastornos mentales en el Instituto de Investigación Sant Joan de Déu, en el área metropolitana de Barcelona. La japonesa, que llegó a publicar un estudio cada tres días, es la única que ha renunciado a su contrato tras el escándalo.

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