“Si quieren inclusión, paguen mejor”: el debate que abrió la ministra de Trabajo de Chile ante los empresarios
Un 65% de los chilenos declaraba en enero de 2023 que con sus ingresos le costaba llegar a fin de mes
A un 65% de los chilenos le costaba en enero del año pasado llegar con sus ingresos a fin de mes. El dato, de la encuesta realizada por la empresa de estudios de mercado Activa y la Worldwide Independent Network, una red global de sondeos de opinión, reflejaba cómo el aumento de la inflación estaba impactando la economía de los hogares. En ese sondeo, Chile aparecía en el cuarto lugar entre 35 países con este fenómeno, es decir, estaba entre los cuatro más aproblemados.
Se trata de un debate que estuvo muy presente durante los meses posteriores al estallido social de octubre de 2019 y que hoy, luego del alza de los precios de los bienes y servicios producto de la alta inflación experimentada en el país sudamericano, que contrastan con lo poco que han aumentado los sueldos de los chilenos, vuelve a tomarse los titulares.
La discusión la ha reabierto esta semana la ministra del Trabajo de Gabriel Boric, Jeannette Jara, en un programa de conversación. Mientras se debatía sobre la informalidad que aún prevalece en el país en los segmentos más bajos, donde alcanza al 80% de los ocupados, Jara mencionó que una de las razones eran los bajos sueldos de los asalariados.
“La gente en este país vive al tres y al cuatro [apenas] y gana muy poco. Entonces, una de las razones por las cuales las personas hacen un emprendimiento o se tiran a vender cosas de distinta naturaleza en la informalidad, es porque aquí se les pagaban 350.000 pesos (unos 370 dólares) por trabajar toda la jornada laboral y no le alcanza para sacar a su familia de la pobreza”, dijo la secretaria de Estado, en un comentado y tenso diálogo con el presidente de Pivotes, Bernardo Larraín Matte. Y agregó: “Si realmente quieren que haya inclusión, paguen mejor, respeten más los derechos de las personas. Ese es el rol también de los empresarios, si las personas no pueden seguir viviendo como están, no les alcanza para vivir”.
El debate sobre los bajos salarios llega cuando se discute en Chile una ley de reforma tributaria que busca aumentar la carga impositiva a las personas de mayores rentas para cumplir las promesas de una mejor distribución de la riqueza.
Según las cifras de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) de 2022, que realiza cada dos años el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el ingreso medio de la población ocupada se estimó en 757.752 pesos (unos 800 dólares), con una brecha importante entre hombres y mujeres: ellas están más cerca de los 670 dólares al mes. El estudio arrojó además que el 50% de las personas ocupadas percibió ingresos menores o iguales a los 502.604 (unos 530 dólares) en 2022, el estudio más reciente disponible.
Es una cifra que no ha tenido grandes variaciones en el tiempo. Al analizar por el ingreso real, ajustado a inflación, la variación desde 2019 no fue estadísticamente significativa, indica el ESI. Mientras tanto, el costo de la vida ha experimentado alzas históricas. Producto de los retiros de fondos de pensiones y de las ayudas financieras entregadas por el Estado para sostener a las familias durante la pandemia –que aumentó la capacidad de consumo y el circulante–, la inflación llegó a ubicarse en su nivel más alto en tres décadas en agosto de 2022 con una variación anual de 14%. Hoy, el indicador ha ido cediendo y se ubica en 4,5%, aún lejos de la meta de 3% que, se estima, podría alcanzarse en 2025. Pero hay generaciones completas de chilenos que no habían experimentado el alza de costo de la vida, a diferencia de otros países de la región, por lo que lo resienten especialmente.
Los precios, en comparación con los salarios, siguen siendo altos en Chile. Un estudio reciente de la plataforma de renta de viviendas Toc Toc, el valor mensual de alquiler de un departamento de un dormitorio en los municipios más baratos de Santiago fluctúa entre los 297.000 y 380.000 (entre los 315 y los 410 dólares). Y el último dato de inflación de febrero, mostró alzas justamente en esa categoría, como también en servicios básicos y transporte.
Falta de capital humano y emergencia laboral
Pero, para los expertos en mercado laboral, es importante que la discusión sea matizada y que se tomen en cuenta los múltiples factores que influyen en los bajos salarios. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), admite que en Chile hay un porcentaje importante de personas que ganan bajos sueldos, pero éstos se encuentran principalmente “en trabajos por cuenta propia, que se gestan en la informalidad, y de media jornada”.
La explicación, señala, tiene un origen estructural. “Hay un porcentaje que tiene bajo nivel de capital humano. Tenemos una buena cobertura de educación, pero la calidad ha estado rezagada en los ranking internacionales en comparación con países desarrollados. Y ahí está el tema del analfabetismo funcional: personas que saben leer, pero no entienden o no pueden realizar operaciones matemáticas básicas”, dice.
Explica que en Chile –con una fuerza laboral de 10.127.786 personas y 9.273.426 ocupados–, existen casi 900.000 trabajadores asalariados que trabajan bajo subordinación, es decir, cumplen horarios y órdenes, pero se encuentran en el sector informal, es decir, no cuentan con cotizaciones de ningún tipo. Es un fenómeno que ocurre en tareas de servicio doméstico, en restaurantes y en el mundo agrícola, dice Bravo, quien agrega que son esas personas las que muchas veces reciben los sueldos más bajos y deciden emprender por su cuenta, pero lo hacen también desde la informalidad.
Otro punto que es necesario incluir, agrega, es que parece un hecho probado que los mejores empleos están entre los ocupados asalariados formales. “Según el registro de cotizantes dependientes de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), a enero de 2024 el ingreso promedio imponible era de 1.240.000 pesos [unos 1314 dólares]. La realidad de los trabajadores dependientes formales es distinta”, afirma.
David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, considera que la informalidad, que en Chile se ubica en el 27,5%, es una materia pendiente. “Es estructural, de larga data y es un tema que no se ha abordado, incluso en los buenos años de crecimiento”, dice.
El economista se refiere a lo que sucedió entre 1990 y 2010 cuando, junto con el crecimiento, hubo un aumento fuerte de la remuneración de las personas, lo que explica la gran caída de la pobreza en el país. “Eso muestra que los salarios pueden aumentar, pero la formalidad puede mantenerse más o menos pareja”, señala.
Con un 8,4% de desocupación, su diagnóstico es que hoy existe una carencia de empleo –250.000 por debajo de lo que existía previo a la pandemia- y que “cuando eso ocurre, en general, el empleo informal recoge estrategias de sobrevivencia, como autoempleo y trabajo independiente. Pero responde a un momento de crisis”.
Respecto al salario mínimo, que en julio subirá hasta los 500.000 pesos (unos 530 dólares), el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica señala que “es un ejemplo de que las buenas intenciones son una cosa, pero no bastan para tener buenos resultados”. Y lo explica: “Es un incremento muy fuerte que, en el contexto de una falta de empleo enorme, es una excelente noticia para los que ya tenían empleo. Pero para los que no lo han recuperado, como jóvenes o personas con bajo nivel educativo, hace que sea más lenta la recuperación. Es un aumento en costos laborales muy fuerte, que lamentablemente desincentiva el empleo”, agrega.
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