Los principales contenidos de la nueva propuesta de Constitución en Chile, tras siete meses de trabajo

La propuesta constitucional que los chilenos votarán A favor o En contra en un plebiscito el 17 de diciembre ya está prácticamente lista. El pleno del Consejo Constitucional, un órgano elegido por la ciudadanía compuesto por 50 miembros y dominado por los 33 consejeros de las derechas, ha aprobado este lunes el informe de la Comisión Mixta, la última instancia para destrabar los asuntos más polémicos, pero donde las derechas hicieron valer su mayoría y la izquierda no logró las modificaciones esperadas para moderar el texto. La votación de esta tarde ha sido de 32 votos a favor —un consejero de la oposición se ausentó— y 17 en contra, del oficialismo. El consejo debe votar el documento íntegro antes de entregárselo al presidente Gabriel Boric y a la ciudadanía, el 7 de noviembre.

“Por decisiones políticas que superaban la voluntad de algunos comisionados, el espíritu de acuerdos fue reemplazado por metas políticas ajenas al pacto constitucional”, ha lamentado Verónica Undurraga, de la centroizquierda oficialista y presidenta de la Comisión Experta, instancia conformada por 24 profesionales designados por los partidos políticos. “No logramos el propósito de ofrecerle al país una buena Constitución que permitiera reencontrarnos”, ha añadido. Los expertos redactaron un anteproyecto que logró un apoyo transversal, pero que en los últimos meses ha sufrido alteraciones significativas en el Consejo, impulsadas principalmente por el Partido Republicano, de la extrema derecha, y apoyadas por Chile Vamos, de la derecha tradicional.

“Nadie fue marginado de construir acuerdos”, ha defendido este lunes la presidenta del Consejo Constitucional, la republicana Beatriz Hevia, “pero hay que tener voluntad de querer ser parte de esos acuerdos y hay sectores que también se fueron excluyendo con la lógica del todo o nada. O me das lo que yo quiero o no me sumo a un acuerdo, y esa es una forma de autoexcluirse”, ha añadido.

Tras cuatro meses y medio de debates y votaciones en el pleno constitucional y en la Comisión Mixta, una de las grandes temáticas que aborda la propuesta es la consagración de un Estado social y democrático de derecho, una aspiración histórica de la centroizquierda y la izquierda, pero no quedó como quería el oficialismo. En la Constitución actual el modelo que está implícito es el del Estado subsidiario, que da un papel clave a los privados en la provisión de derechos sociales. En el artículo 1 de la propuesta, en el inciso tercero, se define a Chile como un Estado social y democrático de derecho “que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

La consagración del Estado social figura después dos incisos, que establecen que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia”, y que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. Desde la izquierda, consideran que otros artículos que incluye la propuesta constitucional dejan “vacía” la definición de Estado social de derecho, como el que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado” o el que cada cotizante previsional “tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta [los fondos previsionales]. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”. Las críticas apuntan a que se impediría el rol solidario.

En materia educacional, la propuesta reconoce “el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos” y el que “las personas tienen el derecho de abrir y desarrollar establecimientos educacionales”. Quienes abogan por potenciar la educación pública, consideran que el texto no altera el sistema actual, donde la educación particular-subvencionada es cada vez más fuerte. También se garantiza el “financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados”.

En cuanto a la vivienda, la propuesta consagra el derecho “a la vivienda adecuada”, que no figura en la Constitución actual. Además, queda estipulado que el Estado “promoverá, a través de instituciones estatales y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley”. Uno de los temas polémicos en esta materia es la exención tributaria de la primera vivienda, una norma de gran apoyo popular, pero que beneficia solo a las personas de mayores ingresos. De manera infructuosa, la izquierda intentó eliminarlo.

Otra norma que el oficialismo quería cambiar y no lo consiguió es la que define que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y el que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. Los críticos plantean que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. La objeción de conciencia, que la derecha dura quería consagrar institucionalmente, finalmente quedó estipulada así: “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión comprende, además, la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”.

Sobre el principio de paridad, las derechas cedieron al reemplazar que la ley “promueva” al acceso por el “asegurar” “el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional”. También se incluye una norma transitoria —que en principio había sido rechazada— para que en las próximas dos elecciones parlamentarias ningún sexo supere la proporción 60%-40%.

La polémica enmienda sobre la expulsión de migrantes que ingresen por pasos no habilitados “en el menor tiempo posible” quedó en la propuesta constitucional. “La ley establecerá los procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan sido condenados a presidio efectivo por crímenes o simples delitos cometidos en el territorio nacional y que hayan cumplido la pena en Chile”. Además, se “procurará” que los extranjeros cumplan su pena en su país de origen. La izquierda estaba en contra de esta norma, pero sí se votó por unanimidad el incluir que todos estos procedimientos deberán efectuarse “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”.

El Consejo también modificó el sistema político. El Servicio Electoral de Chile deberá realizar un redistritaje con un tope máximo de 138 diputados; 17 escaños menos. Los partidos políticos deberán conseguir al menos el 5% de los votos a nivel nacional para acceder a la repartición de escaños en una elección parlamentaria, una norma que cuenta con una serie de excepciones y que se aplicaría gradualmente. También establece que los parlamentarios que renuncien a su partido perderán su escaño en el Congreso, una norma impulsada contra la fragmentación política que hoy existe en el Congreso chileno. Las derechas aprobaron que alcaldes y concejales puedan ser “reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por dos veces en cada comuna”.

Cuando faltan ocho semanas para que los chilenos acudan a las urnas a votar por el segundo intento para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que ha sido reformada más de sesenta veces desde 1989, los sondeos de opinión pública revelan que la mayoría pretende rechazarla. La última encuesta semanal de Cadem, publicada este domingo, señala que el 54% pretende votar en contra, un 31% a favor y un 15% todavía no lo sabe.