Chile crea una comisión de expertos para escribir por segunda vez una nueva Constitución

Tiene paridad de género, 21 de sus 24 integrantes son juristas, sus edades fluctúan entre 36 y 75 años y 17 nacieron después del golpe militar de 1973. Así es la comisión experta que entre marzo y junio elaborará el anteproyecto de nueva Constitución chilena. El grupo, designado por los partidos políticos con representación parlamentaria y ratificado hace pocos días por el Congreso, entregará un texto base sobre el que trabajará el consejo constitucional, órgano que será electo el 7 mayo y que escribirá la Constitución que se plebiscitará el 17 de diciembre.

Este es el segundo intento en Chile, en menos de cuatro años, por cambiar la Carta Magna de 1980 escrita en la dictadura de Augusto Pinochet. Esto, luego que el 4 de septiembre de 2022 el 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de la convención constitucional. El consejo constitucional, compuesto por 25 mujeres y 25 hombres, se instalará el 7 de junio y tendrá cinco meses para trabajar. El lunes 6 de febrero vence el plazo para la inscripción de candidaturas.

La comisión experta, en la que poco más de la mitad de sus integrantes rechazó la propuesta de 2022, es parte del acuerdo político que habilitó esta nueva fase constitucional. “Este es un grupo que representa a las distintas fuerzas políticas en el Congreso y, en especial, al Senado. Lo que se buscaba desde los partidos políticos, que son el principal actor en este proceso constituyente, era contar con el apoyo de expertas y expertos que pudieran delinear ciertos contornos del texto constitucional”, dice Pamela Figueroa, cientista política y académica de la Universidad de Santiago.

Figueroa alude al proceso anterior, en el que la mayoría de la convención constitucional eran independientes de izquierda, sin militancia política. “Este es un diseño distinto, que se elaboró después de que se rechazó un texto constitucional. Si se mira la experiencia comparada, el papel de los expertos es variada. A veces escriben el texto, otras lo apoyan. En el diseño institucional de Chile me parece que hay un diagnóstico de la élite política de que el rechazo en el plebiscito del año pasado fue porque el texto no cumplía ciertos estándares”.

Gabriel Osorio, de 39 años, abogado socialista y parte del grupo de 24, explica: “Acá hay distintas visiones en lo político y constitucional y cada uno tiene su concepción de lo que debería ser una Constitución. Viene un proceso de negociación en el que todos tendremos que renunciar a ciertos aspectos. Lo importante no es lo solo lo que proponga la comisión, sino lo que va a definir el consejo constitucional, que tiene la llave para aprobar una propuesta de texto a plebiscitar y no nosotros. En jerga futbolística, lo que se espera de un partido es lo que van a hacer los expertos, pero después van a ser los jugadores, el consejo constitucional, quienes determinarán la manera en que se va a estructurar la nueva Constitución”.

Coincide Sebastián Soto (45), abogado independiente nombrado comisionado por la derecha: “El papel de los expertos no reemplaza a los electos, sino que solo busca facilitar su trabajo. Mi impresión es que en la convención se gastó mucho tiempo en escribir y poco en deliberar. Y el hecho de que haya un anteproyecto de ley sobre la mesa facilita la deliberación del consejo constitucional”.

Tres exministros de Piñera y una de Bachelet

La nominación de la comisión experta tuvo una ardua negociación en el Congreso, donde la Cámara de Diputados ratificó a 12 integrantes y el Senado a otros 12. Entre los 21 abogados, una docena son constitucionalistas o especialistas en derecho público. También hay una economista, una periodista y un sociólogo, Alexis Cortés, de 39 años, el único comunista del panel.

En el grupo nominado por los partidos de la derecha hay tres ex ministros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera: Hernán Larraín (75), Teodoro Ribera (64) y Juan José Ossa (42), además de dos exsubsecretarios. Uno de ellos es Máximo Pavez (39). “Está tan fresco el recuerdo de una instancia rechazada por los chilenos, y rechazada fundamentalmente por el tono y el comportamiento que tuvo la convención, que creo que todos en esta comisión sienten una responsabilidad de contribuir a la forma de conversación”, dice.

El grupo de la derecha también lo conforman la economista Bettina Horst (52) y la abogada Natalia González (45). Ambas son parte de Libertad y Desarrollo, un centro de estudios conservador.

En esta comisión, de 24 integrantes, 17 tienen entre 36 y 47 años. Es decir, nacieron después del golpe militar. Hernán Larraín, quien también fue senador, es el de mayor del grupo, con 75 años. Los más jóvenes tienen 36 años: los abogados y académicos Catalina Salem, independiente de derecha por Renovación Nacional y el socialista Flavio Quezada.

“En la derecha se hizo una opción de personas con trayectoria más política, como ex ministros de Estado”, dice Pamela Figueroa. “En la centroizquierda es más variopinto. Hay académicos y, en general, gente más joven. Son personas que representan también distintas visiones del proceso constitucional. Es un grupo diverso que responde a lo que el Congreso y los partidos políticos están visualizando de cómo debiera ser este nuevo intento de Constitución”, agrega.

Esa centroizquierda incluye desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana. Esta última colectividad, que el año pasado se dividió entre el apruebo y rechazo a la nueva Constitución, tiene dos expertas: la exministra del gobierno de Bachelet Alejandra Krauss y la abogada Paz Anastasiadis.

En el grupo de expertos hay solo dos integrantes del Frente Amplio, conglomerado del que es parte el Presidente Gabriel Boric. Son los abogados Antonia Rivas y Domingo Lovera. En el anterior proceso, Rivas fue asesora de la convencional Tiare Aguilera, del pueblo rapanui.

Diálogo y negociación

Al interior de la comisión las normas deben ser aprobadas por un quórum de tres quintos. No es el más alto, pero requerirá necesariamente de acuerdos. “La heterogeneidad del grupo, y sus visiones y experiencias permitirán que el diálogo se enriquezca”, dice Flavio Quezada.

Paz Anastasiadis, abogada y comisionada por la Democracia Cristiana, explica que, la conformación del grupo, representativo de las fuerzas políticas del Congreso, “obliga al diálogo y a los acuerdos, generando un escenario propicio para poder contar con normas representativas de diversos sectores, evitando los maximalismos, los afanes identitarios o sesgos políticos. Y eso me parece sano y necesario, marcando una inmediata diferencia con el proceso anterior”.

Sebastián Soto, de derecha, dice que la fase que se inicia tiene que entenderse como “una segunda oportunidad después de un fracaso relevante”. Y que el nuevo proceso “debe conectar con el sentido común, abandonar completamente el ánimo refundacional que caracterizó el antiguo proceso, intentar unir y no dividir y ser una Constitución de consenso que no intente resolver todos los problemas, porque las constituciones no tienen esas capacidad”.

Osorio apunta a que el proceso no debería repetir las experiencias de constituciones programáticas “como la actual Constitución de 1980, que tiene una matriz autoritaria y muy neoliberal. La propuesta de la convención constitucional era muy fraccionada, identitaria y también muy programática”.

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), del 4 de enero pasado, consultó por las dos principales razones que hubo en el voto del rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022. La primera respuesta fue “por la forma en que trabajaron las y los constituyentes. La segunda aludió a que la propuesta constitucional “iba a generar división entre los chilenos”.

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