Chile arranca un intenso proceso constituyente para intentar por segunda vez una nueva Carta Magna

A poco más de cuatro meses del plebiscito del 4 de septiembre en Chile, donde un 62% de los electores rechazó la propuesta de nueva Constitución redactada por una convención, el país sudamericano arranca con un segundo intento para reemplazar la Carta Fundamental actual. Tras intensas negociaciones en el Congreso y luego de que la semana pasada el Parlamento aprobara la reforma constitucional que habilita la nueva fase constituyente, este lunes el Gobierno de Gabriel Boric la promulgó sin mayores ceremonias y hoy apareció publicada en el Diario Oficial, con lo que arrancan formalmente 12 meses de arduo trabajo. Finalizará el 17 de diciembre con un plebiscito de salida, donde la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza el nuevo texto que busca superar al actual, que data de 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet, aunque fue reformado en decenas de ocasiones en democracia.

Es un proceso muy intenso y rápido, a diferencia del intento fallido que se llevó a cabo entre 2020 y 2022. El Parlamento tiene que designar la próxima semana un comité paritario de expertos compuesto por 24 personas –12 elegidos por los diputados y 12 por los senadores–, que comenzará a trabajar en marzo y por tres meses en un borrador de nueva Constitución y que tendrá derecho a voz durante todos los meses de trabajo y bastante influencia. El 6 de febrero, en tanto, finaliza el plazo para que las distintas fuerzas políticas postulen a sus candidatos para conformar el órgano redactor. Compuesto por 50 personas –25 mujeres y 25 hombres–, el consejo constitucional se elegirá el 7 de mayo próximo mediante el mecanismo de sufragio obligatorio, comenzará su trabajo el 7 de junio y tendrá cinco meses para redactar la propuesta, que debería estar acabada el 7 de noviembre próximo.

El nuevo intento constituyente ha sido catalogado de barroco por la cantidad de equipos, pasos y reglas que contiene de antemano. Fue, sin embargo, la fórmula política que acordaron las fuerzas en el Congreso para evitar la fallida experiencia anterior, que terminó en un texto que cambiaba profundamente la institucionalidad chilena y finalmente fue ampliamente rechazado. “Será un debate constitucional a partir de un consenso superpuesto entre todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Comunista. No se trata de límites que vengan de fuera del proceso político, se trata de un consenso gestado al interior del mismo”, ha explicado el abogado Carlos Peña, en entrevista con EL PAÍS. Sobre las críticas por un supuesto exceso de candados, el rector de la Universidad Diego Portales agregó: “Llamarlo amarres es alterar su sentido. ¿Alguien diría que el consenso previo que dio lugar a la Constitución del 78 en España fue en realidad un amarre?”.

En este mismo enero, el Congreso deberá nombrar a un equipo de 14 árbitros, todos abogados, que deberá conformarse paritariamente. Es el comité técnico de admisibilidad que deberá velar porque durante todo el proceso se cumplan las 12 bases constitucionales acordadas por las fuerzas políticas. La propuesta de nueva Constitución, por lo tanto, no podrá salirse de determinados principios, como que Chile seguirá siendo una República democrática, un Estado unitario y descentralizado, un Estado social y democrático de Derecho, con los mismos emblemas patrios que en la actualidad. De acuerdo a estas bases, se reafirma la separación de los tres poderes del Estado y que el Legislativo tendrá carácter bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas. Junto con reconocer a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena –”una e indivisible”–, se subraya la subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden y Seguridad. La propuesta que será plebiscitada deberá establecer, entre otros asuntos, la autonomía de órganos como el Banco Central, la justicia electoral, el Ministerio Público y la Contraloría, junto con proteger derechos y libertades fundamentales. El nuevo texto deberá incorporar que Chile debe comprometerse al cuidado del medio ambiente.

Este mes de enero, cuando el Congreso eleja a los 24 consejeros expertos y el comité de admisibilidad de 14 abogados, será crucial para el proceso. “Tengo temor que algunos quieran elegir algunos cuates de por ahí y no verdaderos expertos”, dijo el fin de semana en una entrevista el expresidente socialista, Ricardo Lagos. “Si fallamos en este segundo intento constitucional, querrá decir que estamos en una situación muy difícil”, aseguró el exmandatario que gobernó entre 2000 y 2006 y que ha cumplido un papel clave en la ruta constituyente chilena.

Uno de los principales desafíos del proceso –que el Gobierno mira con sumo interés, pero no desde el protagonismo–, será encantar a la ciudadanía. El tema constitucional está lejos de las preocupaciones de la gente, que desde 2020 ha debido enfrentar la crisis sanitaria de la covid-19, las consecuencias de la guerra en Ucrania, la inflación. De acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP, dada a conocer hace dos semanas, la delincuencia, los asaltos y los robos son la primera prioridad a la que debería abocarse el Gobierno según la sociedad chilena, instalándose considerablemente por arriba de otras necesidades como la salud, las pensiones y la educación. En la misma encuesta, un 37% asegura que un nuevo texto probablemente ayude a resolver los problemas, mientras un 30% piensa que dejaría las cosas igual.

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