Boric propone limitar los ‘narcofunerales’ a 24 horas y que se realicen solo dentro de los cementerios o crematorios

El presidente chileno de izquierdas, Gabriel Boric, ha firmado este miércoles un proyecto de ley que enviará al Congreso para limitar tanto el tiempo como el lugar donde se realizan los funerales de alto riesgo, conocidos también como narcofunerales. Es una práctica que en Chile ha ido en aumento ―se calcula que han ocurrido más de 1.700 en los últimos cuatro años― y que implica que existan cortejos que duran hasta tres días y que se realizan tanto en el barrio donde vivía el delincuente fallecido como al interior de los cementerios, donde las bandas a las que pertenecía realizan disparos al aire, lanzamiento de fuegos artificiales y explosionan bombas de ruido que atemorizan a las personas. Además, protagonizan caravanas de automóviles que interrumpen el tránsito.

El proyecto de ley del Ejecutivo, que recoge el planteamiento de otras cuatro iniciativas que han sido presentadas anteriormente por parlamentarios de todos los sectores políticos, propone que estos funerales duren máximo 24 horas y que la ceremonia se realice solo en las instalaciones del cementerio o crematario, a fin “de acotar el espacio de acción de las organizaciones criminales que realizan el funeral y así resguardar la tranquilidad y la seguridad en el espacio público”. Además, restringe la cantidad de asistentes.

Se trata de funerales que homenajean tanto a narcotraficantes como a asaltantes chilenos y que, entre mayo de 2019 y septiembre de 2023, suman 1.733, según cifras entregadas por el mandatario.

Durante la presentación del proyecto en La Moneda, que Boric adelantó en su cuenta pública del 1 de junio pasado, el mandatario dijo que “no es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desórdenes o incivilidades”. “Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, a suspender clases, a cerrar calles para el tránsito de vehículos o de personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos”, puntualizó. Y agregó que no van “a naturalizar la cultura narco”, ni a “permitir que se inserte” en la vida cotidiana.

En marzo de este año, una quincena de colegios y establecimientos universitarios en la región de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago de Chile, debió suspender sus clases debido a uno de estos funerales. Esa vez, una caravana de autos recorrió varios cerros de Valparaíso, despidiendo a un hombre apodado como Ñaju, quien murió baleado frente a un colegio. Estaba aparcado en un coche cuando tres personas se le acercaron desde otro automóvil y le dispararon al menos 20 veces.

Este tipo de cortejos, además, obligan a la policía a custodiarlos. Pero, aún así, se producen estos disparos al aire. Así, el proyecto de ley del Ejecutivo, al plantear la reducción de horario de su realización a solo 24 horas, señala que se “permitirá optimizar los recursos humanos y económicos que las policías asignan para resguardar y fiscalizar este tipo de funerales, y así puedan dedicarse a otras tareas prioritarias para el resguardo de la seguridad, maximizando la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles”.

Asimismo, propone que los delegados presidenciales por cada región chilena serán quienes se encarguen de resolver si se trata de un funeral de estas características en base a un informe de Carabineros que determinará el nivel de riesgo de acuerdo a tres variables: los antecedentes delictuales del fallecido, la relación que tenía con bandas criminales y la cantidad de familiares directos con antecedentes delictivos. “Estas variables y la escala de riesgo quedarán establecidas en un reglamento elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, señala la iniciativa.

También, la propuesta establece que un oficial del Registro Civil e Identificación, cuando emita el pase o licencia que autoriza la sepultura, “deberá consignar el número y fecha de la resolución emitida por la o el delegado presidencial regional respectivo, en la que se establezca la obligatoriedad de llevar a cabo la inhumación dentro de las veinticuatro horas siguientes al fallecimiento”.

Además, el proyecto incluye un catálogo de delitos que, de cometerse en el contexto de un funeral de riesgo, agravará su pena. La lista de estos ilícitos incluye la interrupción u obstaculización de la circulación en la vía pública, saqueos en establecimientos comerciales, riñas o peleas, porte de armas y fuegos artificiales.

En la presentación del proyecto, La Moneda invitó a nueve alcaldes de la Región Metropolitana, entre ellos a la democristiana Claudia Pizarro de La Pintana y a Rodolfo Carter, de La Florida, de la derecha tradicional. Ambos han sido víctimas de amenazas y tienen custodia policial: mientras Pizarro ha sido la primera autoridad comunal en denunciar a la narcocultura, Carter este año emprendió una serie de demoliciones a casas de narcos.

“Soy el único alcalde de oposición que ha estado presente en esta actividad, justamente, porque no me pierdo que en este tema en particular y en la seguridad en general, tiene una mirada nacional. Nos requiere a todos”, dijo Carter. “Por muy opositor que uno pueda ser a un gobierno, nunca se justifica votar en contra de una legislación que va en favor de la seguridad de los chilenos. Lo que antes algunos votaron todo en contra y hoy día nos piden sus votos, van a contar con nosotros”, agregó.

El Gobierno además emprendió, a partir de junio, la demolición de los llamados narcomausoleos, monumentos o memoriales que las familias, amigos y miembros de organizaciones criminales han construido en espacios públicos. A la fecha, ya han sido destruidos ocho de ellos en ocho municipios, y reemplazados ―o recuperados― por plazas, juegos de niños o renovaciones de veredas.

Chile vive una crisis de seguridad que se ha traducido en el aumento de homicidios, principalmente por uso de armas de fuego. Según cifras de la Fiscalía Nacional, en 2022 se registró una tasa de 6,7 víctimas de homicidios consumados cada 100.000 habitantes, lo que implica un incremento del 46% en la tasa respecto al año 2021.

En marzo de este año, ante la irrupción de una nueva criminalidad, Chile aprobó por primera vez en su historia una ley contra el crimen organizado.