Torra y ERC se enfrentan ahora por los miembros de la mesa de diálogo
Los consejeros Budó, Capella y Bosch, entre las personas que podrían acompañar al 'president' y a Aragonès a la reunión con el Gobierno
A pocos días de la primera reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Gobierno y la Generalitat, que se celebrará el próximo miércoles, la composición de la delegación catalana es un misterio. El secretismo mantenido por Junts per Catalunya y ERC busca esconder en realidad el enfrentamiento entre ambos socios del Govern sobre cómo abordar este foro. De momento, solo el 'president' Quim Torra y el vicepresidente Pere Aragonès tienen su silla asegurada.
El reparto de los otro cuatro sitios de la delegación catalana en la mesa enfrenta a neoconvergentes y republicanos. Se trata del enésimo desencuentro de ambas formaciones, que comparten el Ejecutivo de la Generalitat y que ya han mostrado sus posiciones contrarias respecto a cuándo deberían comenzar las conversaciones y sobre la necesidad de que haya un relator. Junts per Catalunya considera esa figura imprescindible; para ERC es deseable pero en ningún caso un impedimento para poner en marcha el foro de diálogo.
Tras aceptar la fecha del próximo miércoles para la cita, el Gobierno central anunció el pasado jueves que, además del presidente Pedro Sánchez, la delegación del Gobierno estaría compuesta por los vicepresidentes primera y segundo (Carmen Calvo y Pablo Iglesias), el ministro de Universidades, Manuel Castells; el de Sanidad, Salvador Illa, y la de Política Territorial, Carolina Darias. Se trata de cuatro miembros socialistas y dos de Unidas Podemos.
Ese anunció, sin embargo, no se vio reflejado con uno similar por parte del Palau de la Generalitat. Según el acuerdo al que llegaron el PSOE y ERC para poner en marcha la mesa de diálogo, las comisiones deben ser paritarias; y la responsabilidad de sus miembros, homólogas.
Oficialmente, tanto en la oficina del 'president' como en ERC sostienen que “no hay nada cerrado”. Si hay seis puestos y dos partidos, se podría pensar que se repartirían a partes iguales entre ambos socios. Pero ni neoconvergentes ni republicanos dan eso por hecho. Suenan como posibles miembros los consejeros de Presidencia y de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Meritxell Budó (Junts per Catalunya) y Alfred Bosch (ERC); y la consejera de Justicia, Ester Capella (ERC).
Torra y Aragonès intentaron dar ayer, en un acto en Barcelona, una imagen de unidad. Sin embargo, la sensación de que cada parte tiene su propio plan para el foro de diálogo es cada día más evidente. Ayer, Elisenda Paluzie, la presidenta de la organización independentista ANC, confirmó que el president les había invitado a participar en la mesa con Sánchez y que ellos lo habían rechazado. “Nosotros no somos electos, no somos Gobierno”, dijo Paluzie en una entrevista a Ràdio 4.
La misma invitación llegó también a Òmnium y la CUP. La entidad y el partido no quisieron ayer “ni confirmar ni desmentir” ese hecho. Torra es consciente de que la actual configuración de la delegación catalana está poco alineada con sus postulados más inflexibles, y de ahí que quiera dar entrada a otras voces con las que se sienta más cómodo.
Las miradas estaban ayer también sobre el ministro Manuel Castells, que en varios artículos ha defendido el “derecho a decidir” de los catalanes. “Voy a defender la Constitución que yo he prometido como todos los miembros del Gobierno, cualesquiera que sean mis opiniones subjetivas”, dijo ayer en el Congreso cuando le preguntaron qué defenderá en la mesa de diálogo.
Sánchez: “Lo importante es abrir el diálogo”
Pedro Sánchez parece confiado ante una semana clave para su Gobierno, en la que además de la mesa de diálogo el miércoles tiene la votación clave del techo de gasto el jueves. “Lo importante es que el diálogo se abra paso, empezar a dialogar en cuestiones en las que nos sintamos más cercanos. Tenemos posiciones muy alejadas pero el diálogo es una buena noticia que quieren todos los ciudadanos de nuestro país”, aseguró desde Bruselas. Sánchez cree que agotará la legislatura y tendrá Presupuestos. “Hay cuatro años por delante. El Gobierno lo que quiere es normalizar la política. Tener Presupuestos, y tener una vida institucional racional después de siete años de desorden”.
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