Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN i

Un reto necesario

Anunciar que se trasladará al legislativo la responsabilidad de redefinir el delito de sedición, en pleno juicio al mayor Trapero, supone advertir que los tiempos están cambiando

Gabriel Rufián y Pedro Sánchez, en el Congreso.
Gabriel Rufián y Pedro Sánchez, en el Congreso. efe

Sucedió hace poco menos de un año. Tras ser proclamado candidato de la candidatura Catalunya en Comú por Barcelona, Jaume Asens anunció que si Podemos y sus confluencias gobernaban, reformarían el Código Penal para liberar a los políticos por entonces preventivamente presos. Hacía poco que el juicio del procés había comenzado, su retransmisión diaria reforzaba las posiciones previamente asumidas por la dividida ciudadanía de Catalunya, los prejuicios estaban a flor de piel, la justicia bajo los focos y su formación política luchaba por ocupar un espacio ya doblemente criticado: la equidistancia. Aun así, la trayectoria profesional de Asens como abogado y sus relaciones personales con algunos de los encausados o de los huidos le asimilaban a un compañero de viaje del independentismo. De hecho, se le había presentado como uno de los asesores jurídicos convocados de urgencia por Puigdemont para decidir en qué país europeo podría obtener un mejor trato judicial si abandonaba España. Bélgica fue la sugerencia y el destino.

La legislatura se frustró por razones más que sabidas. La falta de química entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no consiguió una fórmula eficaz y nos empujaron de nuevo a las urnas. Lo que fue imposible en primavera se consiguió en otoño y el desencuentro de entonces nueve meses después se ha convertido en el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española reciente. Duro embarazo, larga gestación. Entre tantos reajustes y cambios de posición, Asens mantuvo en campaña la misma propuesta solo que matizada en relación al motivo inicial. Había desaparecido cualquier referencia a los protagonistas catalanes de la peor crisis territorial vivida en España en décadas. Y si en el primer embate parecía un brindis al sol porque no estaba claro que pudieran gobernar porque el PSOE no estaba por la labor de sumarse a las ansias podemitas, las rebajas de enero socialistas nos ofrecen ahora, en el momento oportuno, la posibilidad de revisar aquellos aspectos del Código Penal que más chirrían y menos adecuados resultan para poder subsanar los desperfectos de la política judicializada.

El ejecutivo español está tejiendo la tela con la que abrigar a ERC para que se sienta cómoda

Así, anunciar que se trasladará al legislativo la responsabilidad de redefinir el delito de sedición mientras se está juzgando al mayor Trapero y la fiscalía se inauguraba en el juicio de la Audiencia Nacional abriendo la puerta a rebajar un grado la pena por rebelión, supone advertir que los tiempos están cambiando. Por supuesto también para los condenados por el Supremo que podrían beneficiarse de una rebaja considerable de penas a la vez que se limitaría a partir de ahora a los jueces el margen de maniobra especulativa que ha dominado el debate jurídico durante los últimos meses fruto de la sentencia del 14 de octubre. Recordemos que allí siete hombres sin piedad le negaron a la fiscalía la razón pero le compensaron con unas condenas desproporcionadas por el delito supuestamente probado. Que todo ello coincida con la polémica por el nombramiento de Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado el lunes tras regresar de un fin de semana al que se marchó como ministra de Justicia, no ha hecho otra cosa que enervar a la oposición que sigue viendo en todos estos movimientos del tablero la jugada oculta diseñada durante la negociación con Esquerra Republicana para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

La duda razonable es de qué se sorprenden. Es tan obvio que se trata de otro gesto hacia el independentismo como que la reconducción de la situación pasa por ahí. Por tamizar unas leyes que, además de inconcretas e inadecuadas para los nuevos tiempos, han facilitado a los jueces más politizados las herramientas para ejercer de correa de transmisión de las voluntades de cualquier ejecutivo que se escude en el Código Penal para eludir su obligación negociadora y castigar así, a díscolos irresponsables que, de merecer pena, deberían pagarla con un severo castigo electoral por incumplir sus compromisos. Pero ni este es, por lo constatado, el carácter de una parte de los catalanes ni ejemplos similares han asomado en la historia electoral reciente de España. Al final, tampoco parece que seamos tan diferentes.

La oposición sigue viendo en todos los movimientos la jugada oculta de la negociación de la investidura

No se dan cuenta quienes acusan al nuevo ejecutivo español que está tejiendo la tela con la que abrigar a Esquerra Republicana para que se sienta cómoda en la nueva relación. Y que una vez acabada la prenda hecha a medida serán los de Oriol Junqueras quienes deberán decidir sin margen de maniobra porque la operación se habrá hecho con la cirugía más aséptica posible en un quirófano plagado de virus hospitalarios. El Congreso de los Diputados del que forman parte y al que se apelará para que contribuya a actualizar miradas del siglo XIX mantenidas por partidos anclados en el XX para una sociedad del XXI.

La pelota estará en su tejado y no le quedaran otras excusas. Esquerra ante su espejo.

 

 

 

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >