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La Generalitat cifra en más de 16.800 millones el déficit fiscal de 2015 y 2016

El Gobierno catalán usa el método de flujo monetario para calcular el saldo negativo con el Estado

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el vicepresidente, Pere Aragonès.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el vicepresidente, Pere Aragonès. EL PAÍS

El Gobierno de la Generalitat estima que el déficit fiscal de Cataluña con el Estado se situó en 2015 y 2016 en los 16.803 y 16.801 millones de euros respectivamente, un 1,4% más que el año anterior. La actualización de las balanzas fiscales de la Generalitat supone que el déficit que expresa la diferencia entre lo que aportan los ciudadanos de la comunidad al Estado y el conjunto del gasto en el territorio–, tuvo un peso cercano al 8% del PIB en cada uno de los dos ejercicios. El informe, elaborado por la Vicepresidencia de Economía y Hacienda, se incluirá en el estudio económico y financiero para el anteproyecto de ley de los presupuestos de 2020. La última vez que se calculó fue en 2017.

El déficit fiscal ha sido en los últimos años uno de los argumentos de los partidos independentistas para criticar la inversión del Estado en Cataluña y las debilidades el sistema de financiación de las autonomías. Este instrumento trata de analizar la aportación en impuestos que realizan los ciudadanos que residen en Cataluña al Estado y el gasto que este realiza en el territorio, cuya diferencia es el saldo fiscal. Es una herramienta que los distintos gobiernos de la Generalitat han usado para presentar sus proyectos de presupuestos, y la actualización de las balanzas se lleva a cabo cada dos o tres años, cuando constan todos los datos en el Ministerio. Tiene dos métodos para calcular el saldo fiscal, cuya conveniencia es objeto de debate entre los académicos.  

El departamento que dirige el republicano Pere Aragonès ha basado sus cálculos en el método del flujo monetario, que considera el más adecuado para establecer la cifra del déficit fiscal de la administración catalana con la del Estado. Este método calcula el impacto directo del gasto del Estado en un territorio: por ejemplo, una inversión en una estación en Barcelona solo debe computarse en la ciudad. Según este método, el déficit fiscal fue de 16.803 millones en 2015 (un 8,2% del PIB) y de 16.801 en 2016 (un 7,9%).

Pero el documento también incluye el resultado del método de carga-beneficio. Este calcula el impacto del gasto sobre el bienestar de los residentes en un territorio. Así, con el ejemplo de una estación ferroviaria, se asignaría el gasto no solo en Cataluña o las ciudades catalanas, sino también al conjunto del sistema ferroviario del Estado, y de la misma manera se imputaría a Cataluña la parte proporcional del gasto en todos los departamentos del Estado. Este método reduce las estimaciones a 11.830 millones de euros en 2015, y 12.225 millones en 2016. También con este método se percibe un incremento del déficit con respecto a los años 2013 y 2014.

El Govern dispone de datos del déficit fiscal catalán calculado con estos métodos desde 1986, y en todos estos años el déficit se ha situado de media en el 8% del PIB catalán, aunque el saldo negativo de 2015 y 2016 es el más alto de la serie histórica después de los 17.200 millones de euros registrados en el 2008. En el informe, el departamento de Economía constata que "un año más, Cataluña sufre una situación de déficit fiscal en relación al Estado".

La actualización de la balanza fiscal muestra que en 2015 Cataluña aportó el 18,9% del total de ingresos del sector público central y recibió en cambio el 13,2% de su gasto. En 2016 Cataluña aportó el 19,2% de los ingresos del Estado y recibió el 13,5% del gasto. El departamento destaca que los ingresos aportados por Cataluña "tienen un peso parecido al peso del PIB catalán" en el conjunto del Estado, mientras que el gasto del Estado está seis puntos por debajo del PIB catalán.

El departamento apunta que el diferencial se incrementa "sustancialmente" si se excluyen las operaciones de la Seguridad Social (pensiones y paro), ya que no son gastos discrecionales del Gobierno en los territorios, sino derechos adquiridos por los ciudadanos a título personal.

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