El bloqueo de la Generalitat y la falta de presupuestos ponen en jaque a los alcaldes

La falta de presupuestos que arrastran la Administración catalana y la del Estado como resultado de la parálisis política redobla la presión sobre los Ayuntamientos catalanes. En los últimos años los gobiernos municipales y las diputaciones han costeado servicios que no son de su ámbito de gestión ante la inacción de la Generalitat, que a su vez reclama al Estado mejoras en la financiación. En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, los alcaldes reclaman “un Gobierno cuanto antes” y exigen claridad en las competencias de cada Administración.

Los alcaldes catalanes consideran que están sustituyendo a los poderes autonómicos y estatales y que, desde la crisis y los recortes presupuestarios, los Ayuntamientos asumen competencias que no deberían. Como ejemplo, las guarderías públicas. Fruto de los recortes del Gobierno de Artur Mas, los consistorios pasaron de recibir 40 millones de euros para financiarlas a no percibir nada.

“Llevamos muchos años en los que los Ayuntamientos y las entidades municipales nos hemos encontrado muy solos, y hoy todavía es así”, lamenta Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona. La alcaldesa de la segunda ciudad de Cataluña destaca que los municipios han tenido que costear servicios como las escuelas de música y las becas comedor, también recortadas, o más recientemente han invertido en políticas sociales y educativas que incumben a la Generalitat.

Las Administraciones locales y las autonómicas también han chocado por la deuda que han generado las familias con pobreza energética. Las instituciones han mantenido varias reuniones para decidir, de acuerdo con la ley catalana, qué parte de la deuda pagará cada una. “Los Ayuntamientos somos los más sensibles, por proximidad, a las necesidades que surgen y siempre estamos dispuestos a colaborar aportando soluciones”, explica Marín, que matiza: “Lo que no podemos hacer es sustituir a las Administraciones que son responsables”.

La parálisis política se extiende en Cataluña por partida doble. Al bloqueo político por la falta de un Gobierno en España se suma la práctica inacción de la Generalitat. Ocupado en el proceso independentista, el Govern ha llevado a cabo una actividad legislativa muy reducida. En el año y medio que Quim Torra lleva en la Generalitat, el Parlament ha aprobado 12 leyes, nueve de las cuales son modificaciones de normas que ya existían. El Govern ha optado por usar la vía del decreto. Desde mayo de 2018, cuando Torra fue investido, el Ejecutivo catalán ha aprobado 20 decretos leyes. Entre ellos, la prórroga presupuestaria y los suplementos de crédito que permiten capear la falta de presupuestos.

La falta de medidas concretas se explica sobre todo por la ausencia de presupuestos. La Generalitat funciona con unas cuentas prorrogadas de 2017 y aprobadas bajo la presidencia de Carles Puigdemont. Y el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez continúa administrando en prórroga las cuentas aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2018.

En la reunión bilateral entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat del pasado lunes hubo coincidencia en la necesidad de sacar adelante las cuentas. Para Barcelona es una cuestión clave, ya que, según ha denunciado en varias ocasiones el consistorio gobernado por Ada Colau, la falta de presupuestos impide que se lleven a cabo proyectos de ciudad. Así, la línea 9 de metro, cuya finalización lleva años encallada, y la ley de financiación de transporte público son algunas de las reclamaciones de Barcelona a la Generalitat. Al Estado, el consistorio reclama la adecuación del puerto y del aeropuerto a la emergencia climática.

Servicios sociales al límite

El Ayuntamiento asegura que la falta de inversión en estos proyectos le obliga a asumir los costes y recuerda que los servicios, especialmente en el ámbito social, están al límite. “La parálisis de Quim Torra y Pedro Sánchez en clave de infraestructuras perjudica la vida cotidiana de los barceloneses”, afirmó hace unos días Janet Sanz, teniente de alcalde de Barcelona. La socialista Núria Marín coincide en que España necesita un Gobierno “cuanto antes” para tener presupuestos con políticas sociales.

“La falta de presupuestos lo agrava todo y es necesario reformar la financiación local”, afirma Núria Bosch, investigadora del Instituto de Economía de Barcelona. En su opinión, el Gobierno que surja en las próximas semanas tendrá que revisar la distribución de las transferencias a los municipios, para buscar más equidad, y aumentar los impuestos que estos pueden recaudar. “Reformas como estas permitirían tener financiación para hacer frente a las necesidades”, asegura Bosch.