Amnistía Internacional rechaza que el juicio del ‘procés’ fuera “injusto” pero reclama la libertad de los ‘Jordis’

Amnistía Internacional ha presentado esta mañana en Barcelona un detallado informe sobre la vista del procés que se desarrolló en el Tribunal Supremo en el que se concluye que "no se ha encontrado ningún factor que indique que el juicio, en su conjunto, fuese injusto, según los estándares internacionales", en palabras de Esteban Beltrán, director de la entidad en España.

Con todo, la organización entiende que los magistrados hicieron una interpretación "excesivamente amplia y peligrosa" del delito de sedición que condujo a la "criminalización de unos actos de protesta legítima", según Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña, en referencia a la concentración que se realizó a las puertas del departamento de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. "No se puede abrir la puerta para la criminalización de una serie de actos de protesta pacífica", ha añadido Beltrán.

En este sentido, Amnistía Internacional ha reclamado la "inmediata puesta en libertad" de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, entonces presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, entidades que convocaron la protesta ante Economía contra un registro judicial. "Nunca debieron ser encarcelados por unos hechos que fueron eminentemente pacíficos, como reconoce la propia sentencia", ha opinado Beltrán.

La entidad considera que las condenas de nueve años por sedición contra Sànchez y Cuixart "viola sus derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica". Por ello, Daniel Joloy, asesor general de Política de Amnistía Internacional, ha reclamado la anulación de las condenas.

Amnistía Internacional entiende que Sànchez y Cuixart, en tanto que "ciudadanos particulares y líderes de organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a expresar sus opiniones y a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña. Incluso en el supuesto de que algunas de estas reuniones fuese impedir el cumplimiento de una resolución judicial, la organización opina que "el derecho internacional de los derechos humanos protege también la desobediencia civil pacífica".

Las penas contra Sànchez y Cuixart se consideran "una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", según Esteban Beltrán. En su opinión, el Tribunal Supremo "no demostró que la imposición de unas condenas tan severas fuera proporcional a los actos pacíficos que se les imputaban".

El director de Amnistía Internacional en España ha precisado que los otros miembros del Govern que fueron condenados por el Tribunal Supremo, así como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "pudieron haber cometido algún delito penalmente sancionable" con su actuación durante el proceso independentista, pero ha precisado que "se vulneró el principio de legalidad, de acuerdo con los estándares internacionales". Por ello, ha reclamado que la Fiscalía recurra ante el Tribunal Constitucional para que sean rebajadas las condenas, lo que supondría un giro en el planteamiento del ministerio público, que durante el juicio acusó por el delito de rebelión y reclamó penas mucho más altas de las impuestas.