Los Presupuestos reavivan las diferencias entre Torra y ERC

El Gobierno catalán dio ayer por iniciada la negociación de los Presupuestos de 2020 tras dos ejercicios con las cuentas prorrogadas, con una reunión entre las dos formaciones que integran el Ejecutivo, Junts per Catalunya y ERC. Las nuevas cuentas tendrán 2.500 millones de euros más para gasto social, pero su elaboración empezó con un aviso desde las filas de Junts per Catalunya. “No queremos unos Presupuestos que nos hagan renunciar al proceso de independencia”, dijo el diputado Albert Batet (JxCat), en referencia a posibles alianzas más allá de la CUP, a las que está dispuesta Esquerra.

La discusión de los Presupuestos no llega en el mejor momento de las relaciones entre los dos partidos de Gobierno, a quienes separa la estrategia a seguir tras una posible sentencia condenatoria por el juicio del 1-O. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, preso en la cárcel de Lledoners (Barcelona) por su participación en la organización del referéndum, hizo pública una carta hace apenas diez días en la que reclamaba elecciones mientras que el presidente de la Generalitat optaba por mantener el Govern y activar una política de confrontación con el Ejecutivo central.

Ahora las diferencias pueden llegar sobre quién debe ser el aliado presupuestario, como insinuó ayer Batet. Junts per Catalunya opta por un frente “independentista”, que prioriza el papel de la CUP votando a favor del Govern. El número dos del Ejecutivo autonómico, Pere Aragonès, es más posibilista. Está dispuesto a negociar con la formación anticapitalista, pero también quiere hacerlo con Catalunya en Comú, formación con la que ya ha acordado un pacto de corte presupuestario. Fue en julio pasado, cuando acordó modificaciones fiscales —especialmente subiendo el tributo de Actos Jurídicos Documentados, que grava las hipotecas— para elevar este año los ingresos de la Generalitat que el Gobierno catalán aprobó a través de un decreto ley que fue convalidado por los comunes. El vicepresidente incluso plantea reunirse con el PSC, al que ya el año pasado invitó a las negociaciones.

Aragonès, que gestiona las finanzas autonómicas con los Presupuestos prorrogados desde 2017, tiene en esta ocasión más fácil convalidarlos. El hecho de que todos los escaños de Junts per Catalunya y ERC estén cubiertos permite que se puedan aprobar en el caso de que tan solo dos diputados de la oposición se abstengan. El vicepresidente en alguna ocasión ha señalado que, de no ser posible convalidarlos, sería un motivo para que el presidente de la Generalitat convocara nuevas elecciones. De momento, el Departamento de Economía se reunirá con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para describirles cuál es el marco presupuestario en el que se moverá.

Ayer, el portavoz económico de Catalunya en Comú, David Cid, aseguró que no darán “cheques en blanco”. Tiene previsto reunirse con responsables del Departamento de Economía y Finanzas para conocer el marco presupuestario del próximo año. En todo caso, tomó con cautela la cifra de aumento de gasto de 2.500 millones de euros respecto a 2017, al desconocer si parte de esos recursos están ya comprometidos. El diputado socialista Ferran Pedret preguntó cuál será el origen de ese aumento del gasto. Temía que se basara en una previsión de ingresos superior a la real. “No sería la primera vez que vemos anuncios de una cierta expansión de presupuestos que obedecen a partidas de ingresos que están sobreestimadas”.

Lorena Roldán, líder de Ciudadanos en Cataluña, advirtió ayer al Govern que no cuenten con su apoyo para negociar los Presupuestos si están dedicados al procés y a la independencia. La portavoz expresó su sospecha de que las cuentas volverán a tener ese perfil. Ciudadanos cuestionó el gasto social que ha prometido ERC y lamentó que Cataluña es una de las comunidades autónomas con más barracones. “Hemos calculado que con el presupuesto de un año de TV3 se podrían cerrar todos los barracones”, dijo.

Según explicaron fuentes del Govern, el aumento de gasto irá destinado especialmente a educación y sanidad, pero también cubrirá los aumentos de plantilla del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Y el consejero de Territorio, Damià Calvet, aseguró que también se prevé destinar recursos para retomar las obras de una línea de metro que cruza Barcelona y que lleva años parada por la falta de recursos públicos.

El incremento de 2.500 millones de euros para la inversión social representa 795 millones más que los que estaban adjudicados en el proyecto de cuentas de 2019, que no llegó a aprobarse por falta de apoyo parlamentario. Esta cantidad, además, supondría recuperar el nivel de inversión pública anterior a los recortes de 2010.