El gasto en personal amenaza el objetivo de déficit de la Generalitat

Pere Aragonès acude hoy al Parlament para explicar los recortes de gasto dictados a consejerías y organismos a finales del pasado mes de julio. El vicepresidente económico de la Generalitat defenderá la medida y volverá a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de forzar el nuevo ejercicio de austeridad, al no haber actualizado la liquidación del sistema de financiación, que afecta a todas las comunidades. El Ministerio de Hacienda duda de que el Govern pueda cumplir con el objetivo de déficit (0,1% del PIB, frente al 0,4% de este año) tras el aumento de la partida salarial prevista para este año.

El problema para la Generalitat es que no solo cuenta con menos recursos de los que esperaba, sino que sus gastos son muy superiores. Según el último informe de seguimiento del Plan Económico-Financiero de las comunidades intervenidas que elaboró el Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre la Generalitat habría gastado 185,2 millones de euros más en bienes y servicios (sobre todo sanitarios) y otros 145,6 millones más de lo previsto en gasto de personal. Esa última es una de las partidas que más han crecido para la Generalitat. La Nota de Coyuntura que elabora periódicamente el Departamento de Economía afirmaba que en el primer semestre del año las remuneraciones de personal se habían disparado un 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Ese porcentaje del primer semestre representa 244 millones de euros, que es casi la misma cantidad que el 0,1% de déficit.

El Gobierno catalán no ha querido renunciar a la mejora de sus plantillas, que prevé incrementar en casi 13.000 personas en solo dos años. Pero también debe cargar con un aumento de los salarios públicos del 2,25% para este año y del abono del 10% de la paga extra de 2013 que suspendió por los recortes.

Justamente, las medidas de contención del Gobierno catalán no se aplicarán sobre el pago de nóminas ni servicios esenciales: sanidad, educación, asuntos sociales, vivienda, prevención de incendios y apoyo a los ayuntamientos.

Cumplir con el objetivo de déficit se ha convertido en un mantra en el Departamento de Vicepresidencia y Economía y Hacienda de la Generalitat. Aragonès asume que es imprescindible para librarse del férreo control que el Ministerio de Hacienda impuso a las finanzas de la Generalitat —y del que se libró el año pasado— y hoy defenderá que la orden del cierre de caja tiene como prioridad que, en el caso de que no se actualice la liquidación del modelo de financiación, la desviación del objetivo sea la menor posible, de forma que se eviten tensiones de tesorería e impagos a proveedores, explicaron fuentes de la consejería.

Presupuestos o Gobierno

La Generalitat esperaba este año contar con 1.317 millones más en concepto de ingresos por el IRPF tributado en Cataluña y otros 443 millones en concepto del IVA, según el informe de Hacienda. Se basaba en la información que el Ministerio de Hacienda transmitió de previsión de ingresos a las comunidades en julio del año pasado. El Gobierno central considera que esos nuevos recursos dependían de la aprobación de los Presupuestos Generales —rechazados por ERC y Junts per Catalunya— y que ahora, estando en funciones, no puede resolver.

Esa disfunción podría dejar un agujero de 5.000 millones de euros en el conjunto de las comunidades autónomas y consecuencias mayores a partir de noviembre, cuando, si se mantiene la situación de bloqueo, podría haber dificultades para pagar a proveedores. La ministra de Hacienda, María José Montero, aseguró hace dos semanas que dispone de un informe de la Abogacía del Estado para transferir esa cuantía en el momento que haya nuevo gobierno del Estado, pero explicó que eso “no puede hacerlo un Gobierno en funciones, porque condicionaría el margen de actuación del siguiente Ejecutivo”.