El pacto con el PSC en la Diputación desgasta a Puigdemont

El independentismo más movilizado tuvo que esperar 24 horas, el pasado jueves, para recibir una explicación tras el pacto “antinatura” entre Junts per Catalunya y el PSC en la Diputación de Barcelona. “Es necesaria una reflexión”, escribió en Twitter el expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica. Una idea que, desde Suiza, suscribió la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Sin embargo, el malestar en el secesionismo continúa y los de Puigdemont intentan levantar cabeza tras los últimos reveses.

El pacto gracias al cual los socialistas volvieron al poder provincial tras ocho años de dominio del PDeCAT (antes Convergència) se empezó a fraguar en Bélgica el pasado 19 de junio. Justo el día antes de que el también expresidente catalán Artur Mas se reuniera con Puigdemont para abordar el futuro del espacio neoconvergente tras años de desencuentros. Hasta Waterloo fueron los alcaldes que habían aguantado el embate de ERC —y que mayoritariamente no pusieron al expresidenthuido como centro de su campaña— y los que, siendo la lista más votada, fueron defenestrados por los pactos de los republicanos con socialistas y otras formaciones. Allí le pidieron a Puigdemont la bendición para el pacto en Barcelona.

Estas dos operaciones, en lugar de recoser el espacio político, han terminado por echar sal a las heridas entre los bloques que, si bien concuerdan en querer lograr la independencia, se enfrentan por el método para alcanzarla. El primer choque vino por la posibilidad de permitir la investidura de Pedro Sánchez con una abstención, algo que apoyan los políticos presos pero que no es compartido por el grupo parlamentario y el entorno del expresidente en Bélgica.

Día tras día, el discurso oficial de los de Puigdemont es que los socialistas catalanes son lo mismo que el PP o Ciudadanos. “El PSC es el autor del 155 y el carcelero de los presos y exiliados”, llegó a decir la mano derecha del expresident en el Parlament, Albert Batet, cuando comenzaba el tira y afloja por los Presupuestos. Ahora se prestaban los votos para investir a la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, como nueva presidenta de un ente supramunicipal que gestiona unos mil millones de euros al año. Un jarro de agua fría que hizo que hasta la propia ANC, muy cercana a Junts per Catalunya, se movilizara en contra de la decisión y convocara una manifestación en la Diputación.

Aparte del resultado del propio Puigdemont en las elecciones europeas (casi un millón de votos), el balance electoral de Junts per Catalunya no fue satisfactorio para la formación otrora hegemónica en el mundo local catalán. Perder la Diputación —un instrumento muy importante a la hora de lograr inversiones en municipios pequeños y tener así obra de Gobierno de la cual presumir— era un coste muy alto. También hay una vertiente económica. En el mandato pasado, el PDeCAT contaba con 28 cargos de libre disposición en este ente, con una masa salarial de 1,8 millones de euros. Parte de este dinero va a las arcas del partido. Los neoconvergentes pasan duros momentos económicos y dejar de gobernar la Diputación también implicaba cortar una fuente de financiación.

“Ha sido un proceso doloroso”, dijo Laura Borràs, la líder de Junts per Catalunya en el Congresos cuando en RNE le preguntaron por el pacto. Pero el ejercicio de realpolitik de Puigdemont —también acompañado de una dosis de venganza ante los pactos de Esquerra con el PSC— terminó por imponerse. Ni la oposición del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni el debate que se vivió hasta último minuto para intentar revertir el acuerdo logró frenar el pacto. Este descontento se suma a la enésima promesa incumplida de Puigdemont. La campaña de las europeas se basó en su promesa de ocupar su escaño como eurodiputado. Él y sus áulicos se dedicaron a repetir hasta la saciedad que tenían lista “la jugada maestra” para recoger el acta sin comprometer su situación legal y mantenerse libre. Ya en las pasadas elecciones catalanas de 2017, Puigdemont aseguró, pese a ser consciente de que sería detenido al poner un pie en territorio español, que volvería si era elegido.

El expresidente ni siquiera se atrevió a poner un pie en Estrasburgo. Su entorno puso fotos en redes sociales en las que insinuaban que estaba cerca, pero todo se quedó en una provocación. Su batalla legal para ser candidato a las elecciones europeas y su triunfo no le han servido de nada.