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La Plataforma en Defensa de Madrid Central presenta otro recurso contra la moratoria de multas

La organización solicita la paralización inmediata del periodo sin sanciones y se suma al recurso presentado por el PSOE

Miembros de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, este viernes ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Miembros de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, este viernes ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Tal y como adelantó EL PAÍS el 23 de junio, la moratoria de multas en Madrid Central decidida por el equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos se está encontrando con obstáculos judiciales que cuestionan la legalidad de la iniciativa municipal. Si este jueves el PSOE presentó un recurso ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, este viernes la Plataforma en Defensa de Madrid Central ha hecho lo propio. Y puede que haya más. Ambas iniciativas piden la paralización cautelar de este periodo sin sanciones.

Ecologistas en Acción, Greenpeace y otras organizaciones de la plataforma, que aglutina a más de 80 entidades, han presentado en los juzgados un recurso contencioso administrativo contra una decisión que "desactiva y priva de toda eficacia la regulación y limitación del tráfico viario en el ámbito de Madrid Central", según explican en un comunicado. "La capacidad de coerción que suponen las multas es uno de los elementos mínimos para garantizar el cumplimiento de cualquier norma jurídica. Imaginemos qué pasaría si nos dijeran que, por deficiencias en algún trámite fiscal por ejemplo, se suspenden todas las sanciones a quien no presente sus declaraciones a Hacienda, aun estando en vigor toda la legislación fiscal (como lo está Madrid Central)"

Según el escrito que ha remitido la plataforma, el acuerdo de la Junta de Gobierno se apoya en un artículo de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, el 247, "que en ningún caso da soporte a esta medida de moratoria de multas". Al contrario, para las entidades se trata de "un mero subterfugio o excusa para suspender de facto la eficacia de las normas reguladoras de la Zona de Bajas Emisiones de Madrid Central". Esto es así, argumentan, porque ese artículo se diseñó para dar un margen de tiempo a la ciudadanía para que conociese el funcionamiento de esta medida en su inicio e implantación, pero no para justificar la suspensión de las multas.

Ecologistas en Acción recuerda que Madrid no ha cumplido nunca los valores máximos fijados por la legislación europea y española para el dióxido de nitrógeno desde que estos límites están vigentes, en 2010 (tampoco antes), pero que gracias a Madrid Central se han conseguido grandes avances. Así, señalan que los valores medios de toda la red de medición de la contaminación (24 estaciones) para el dióxido de nitrógeno durante el segundo trimestre del año han sido los más bajos desde que hay registros, 25 microgramos de contaminante por metro cúbico de aire de media entre abril y junio.

Hace unos días, la organización ecologista mostró en un informe (basado en datos oficiales) que el segundo trimestre del año, el único completo con sanciones, ha sido el mejor en cuanto a contaminación de la última década. "En pocos meses de funcionamiento ha conseguido reducciones históricas de los niveles de contaminación", resume la ONG.

Por ello, la plataforma confía en que los juzgados  "sean más sensibles que la actual corporación municipal al tremendo daño en la salud de la ciudadanía que provocará la suspensión de esta medida" y decidan su paralización inmediata y la vuelta a la situación previa al mes de julio. Además, recuerda que la suspensión de facto de Madrid Central puede acarrear una importantísima sanción por parte de la Comisión Europea, al reactivarse el procedimiento de infracción paralizado gracias a su implantación. "Si los juzgados no aprueban pronto una paralización cautelar, muy probablemente todas las personas que vivimos en Madrid padeceremos un incremento de la contaminación provocado por la irresponsable actuación del Gobierno municipal madrileño durante un buen periodo de tiempo", añade el comunicado.

El PP llevó a los tribunales la medida de Carmena

La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha intentado torpedear de todas las formas posibles Madrid Central. El Ejecutivo de Ángel Garrido (ahora en Ciudadanos) llevó a los tribunales el proyecto estrella de Manuela Carmena “por falta de trámites” y pidió medidas cautelares para detenerlo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado dos veces las peticiones del Gobierno regional, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Madrid Central ha enfrentado a la Comunidad y el Ayuntamiento desde el inicio. En octubre, la Administración regional pidió al Gobierno de Carmena que no llevara a cabo la medida. Una vez que se instauró con éxito, el pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo de Garrido no reforzó el transporte público como pedía el Consistorio (en parte por la falta de trenes y maquinistas en Metro de Madrid). Y después llevó la medida a los tribunales.

Ahora que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha dejado sin efecto las multas de Madrid Central, el PSOE ha denunciado al Ayuntamiento por quitar la zona especial, lo contrario por lo que denunció la Comunidad (instaurarla).

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