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Barcelona gana un juicio contra Endesa por cortar la luz a una familia vulnerable

La empresa tendrá que pagar 10.000 euros al Ayuntamiento por incumplir la Ley de pobreza energética

Manifestación contra la pobreza energética.
Manifestación contra la pobreza energética.

El Ayuntamiento de Barcelona ha ganado el primer juicio contra una compañía eléctrica por incumplir la ley sobre pobreza energética (la conocida como 24/2015), que contiene medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética y prohíbe a las suministradoras cortar el suministro a las familias con pocos recursos.

El gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha explicado este jueves que Endesa Energía XXI SLU, principal suministradora de la ciudad, cortó en 2017 el suministro eléctrico a una familia vulnerable sin pedir antes de Servicios Sociales el informe donde se acredita que se trata de los afectados viven en riesgo de exclusión. Así lo declara el Juzgado Contencioso Administrativo número 15, quien considera que estos hechos suponen una vulneración grave de la ley y condena a la empresa a pagar 10.001 euros de multa.

Ante la multa por parte del Consistorio, la compañía eléctrica presentó un recurso alegando que sí se solicitó el informe de vulnerabilidad a los servicios sociales. Sin embargo, el juez ha dictaminado que esta petición se hizo posteriormente al corte. Por este mismo motivo, el juez ha considerado oportuno rebajar la sanción de 30.000 a 10.000 euros. “La victoria puede ser simbólica a nivel económico, pero el espíritu de este Ayuntamiento no es recaudatorio, sino defender los derechos de la ciudadanía en materia de pobreza energética”, ha afirmado la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Feminismos, Laura Pérez.

Se trata de una sentencia contra la que no se puede presentar recurso de apelación. Sin embargo, la operadora podría recurrir por vías extraordinarias, ha admitido Manuel Mallo, especialista en Servicios Jurídicos. Ante estos casos, es un patrón muy común que estas compañías presenten alegaciones para evitar la posible multa, ha explicado Mallo. “Las compañías tienen que tomar nota de esta sentencia, que no todo vale, que hace falta que respeten la ley y que respeten y protejan a las familias en riesgo de exclusión”, ha advertido la concejal.  Sobre esta cuestión, aunque "sin entrar en valoraciones jurídicas", un portavoz de Endesa ha afirmado que no va a recurrir la sentencia mediante vías extraordinarias, puesto que "es un proceso demasiado complejo".

Hoy por hoy, hay 28 expedientes sancionadores interpuestos por el Ayuntamiento, nueve de los cuales están cerrados en fase administrativa con sanción notificada. Cada multa tiene el valor de 30.000 euros, lo que suma un total de 180.000 euros. No obstante, cuatro de ellos ya están en proceso judicial, ya que la eléctrica lo ha recurrido.

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