Colau lleva el bono social eléctrico del Gobierno ante el Tribunal Supremo

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya avisó de que será implacable contra las compañías de suministros y da nuevos pasos en la cruzada que mantiene contra la pobreza energética. Este viernes ha anunciado que ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto del Gobierno español que regula los consumidores vulnerables y el bono social, un sistema de descuentos de la factura eléctrica para familias sin recursos.

El Ayuntamiento recuerda que el bono social solo reconoce el derecho a descuentos si la administración asume la mitad de la factura. El recurso, en fase de admisión a trámite, considera que el decreto es contrario a la Constitución y a la directiva europea que regula el mercado eléctrico. Además, entiende que vulnera competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat y el Ayuntamiento.

Por otro lado, el consistorio ha explicado que está tramitando cinco multas a la compañía eléctrica Endesa por cortar la luz a familias sin recursos sin haber consultado a servicios sociales sobre su situación. No es la primera vez que Barcelona multa a la eléctrica.

Hace un mes, la teniente de alcalde de Derechos Sociales del consistorio barcelonés, Laia Ortiz, ya denunció que el bono social "realizado de espaldas a los municipios y entidades, con una gran deslealtad institucional", dijo, dejará sin protección al 60% de las personas que actualmente son atendidas por el municipio por pobreza energética. Ortiz ha insistido este viernes en la misma idea y ha recordado que en Cataluña existe una ley del Parlament, la 24/2015, "que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energética".

Ortiz ha señalado que, según el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables solo se podrían aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales autonómicos o municipales: "Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales", ha asegurado la concejal, en cuya opinión el bono social "no responde a las necesidades y la urgencia de actuar ante la pobreza energética", sino que "es cómplice de los intereses del oligopolio eléctrico". La concejal ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste anual para las administraciones para cubrir la factura de los hogares vulnerables solo en la ciudad de Barcelona.

La teniente de alcalde ha defendido que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla "demostrando su vulnerabilidad y pobreza", y ha dicho que sería suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares, y ha insistido en que el bono social no responde a "los intereses

de las clases populares y de las personas que están en riesgo de exclusión social".

Respecto a las multas a Endesa, se trata de cinco casos de cortes de luz a familias vulnerables que se produjeron entre finales de 2016 y principios de 2017. Las multas son de 70.000 euros cada una, 350.000 euros en total. En todos los casos están motivadas por cortes de luz realizados sin pedir el informe de exclusión residencial preceptivo a Servicios Sociales. Ortiz ha afirmado que los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015, y que, en todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables. "Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)", ha relatado y ha detallado que la sanción se ha fijado en base

a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.

Fuentes de Endesa responden que solo tienen constancia de cuatro de estos cinco expedientes y que el consistorio "vulnera el derecho de defensa de la compañía, porque prejuzga el fallo". Endesa puede recurrir, apuntan y aseguran que "nunca corta la luz si la familia tiene informe de vulnerabilidad".