Más de la mitad de los concursos públicos de sanidad en Madrid están ligados a ‘lobbies’
Las empresas relacionadas con estos grupos de presión se llevan el 60% del gasto en contratación pública sanitaria, según un análisis de Audita Sanidad
La plataforma Audita Sanidad ha denunciado este miércoles que el 54,3% de los 1.965 contratos adjudicados por el procedimiento contratación pública por la Consejería de Sanidad durante 2017 han recaído en empresas están ligadas a grupos de presión (o lobbies) sanitarios. Además, el 60,3% de los más de 642 millones de euros destinados a estos contratos en ese año han sido presentados por empresas que pertenecen a estos colectivos. Hace unos días, la misma plataforma denunció que la consejería adjudica a dedo el 99,7% de sus contratos menores (sin concurso) y llevó a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Cuentas una denuncia por fraccionamiento dudoso de contratos
Según el informe de Audita Sanidad presentado este miércoles, la relación entre importes de contratación adjudicada y pertenencia a lobbies empresariales "permite constatar la manifiesta presencia e importancia que estos tienen en el proceso de privatización de los servicios públicos y, en concreto, de la sanidad pública tanto en el ámbito de la Comunidad de Madrid como en el conjunto del Estado español".
Audita Sanidad ha identificado en torno a veinte grupos de presión sanitarios que están vinculados fundamentalmente al ámbito de los suministros, de la gestión de servicios, de la construcción de infraestructuras sanitarios y a laboratorios de ideas. Entre ellos, la plataforma destaca que la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) se constituye como el grupo "más influyente en el ámbito de la política sanitaria". Según la plataforma, las empresas relacionadas con la Fundación IDIS logran 879 adjudicaciones por valor de 296.189.063 euros, lo que supone que más de 95% de las adjudicaciones y más del 76% del dinero adjudicado se detina a "empresas lobistas que tienen la influencia, directa o indirecta, de la Fundación IDIS".
Otros de los lobbies identificados son Farmaindustria, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa), Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en la Oncología, o la Fundación Economía y Salud.
Uno de los portavoces de la plataforma, Vicente Losada, ha subrayado que el objetivo de este trabajo es poner de manifiesto las "influencias indebidas" de estos grupos de presión, que pueden "torcer" el desempeño de la labor pública, bien a través del poder económico, de despachos de abogados, así como de puertas giratorias o el control de los medios de comunicación, entre otras.
Losada ha destacado que la "consolidación progresiva" del estos grupos de presión en el sector sanitario de Madrid busca potenciar el sector sanitario privado, además de suponer una desviación del destino de la inversión pública que puede contribuir al incremento exponencial de la deuda que, ha puntualizado, se ha multiplicado de 4.218 a 33.269 millones de euros desde 2000.
Mientras, el médico Juan Ruiz-Giménez ha señalado que el informe tiene el objetivo de mostrar a la ciudadanía la influencia de las empresas asociadas a los grupos de presión sobre las decisiones en materia sanitaria, algo a lo que se oponen al tratarse de "un sistema de secuestro de las decisiones políticas".
Por ello, la asociación exige un registro de actividades de los grupos de presión y el acceso público a información. "Toda la información relevante relativa a los intentos de influencia y presión, tanto por el lado del grupo de interés como por el lado de la administración objeto de influencia y presión debe estar a disposición pública", señalan en un comunicado.
La plataforma Audita Sanidad denunció el 18 de junio pasado a la Consejería de Sanidad ante la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude numerosos contratos menores firmados en 2016. Más adelante, tienen previsto hacer lo mismo por las prácticas en este sentido durante los ejercicios de 2017 y 2018.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.