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El fondo buitre Fidere no podrá vender los 1.860 pisos que compró al Ayuntamiento de Botella

El juzgado impone una fianza de 29 millones de euros al exconsejero de la Empresa Municipal de la Vivienda y al representante de la inmobiliaria que es parte de Blackstone

Bloque de viviendas de alquiler social en Carabanchel vendidas al fondo buitre Fidere cuando Ana Botella era alcaldesa de Madrid.
Bloque de viviendas de alquiler social en Carabanchel vendidas al fondo buitre Fidere cuando Ana Botella era alcaldesa de Madrid.

La venta de viviendas públicas a fondos buitre, realizada en la época en la que Ana Botella (PP) era alcaldesa de Madrid, continúa su periplo legal. El Juzgado 38 de Madrid, que investiga el asunto, estableció este jueves unas contundentes medidas cautelares en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. La más importante de todas: la prohibición de vender o alquilar los inmuebles sin informar de que todo el lote se encuentra inmerso en un proceso judicial.

“Me acaban de alegrar el día”, comentaba Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), al enterarse de la noticia a última hora de la tarde. “Esas medidas cautelares las pedimos nosotros por lo que esto es algo muy positivo”, continuaba Mejías.

Además de la prohibición de realizar cualquier tipo de operación sin informar del proceso judicial en marcha, el juzgado exige una fianza solidaria de 29 millones de euros a Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS en esa época, y a Alfonso Benavides Grases, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda. El auto, que puede ser recurrido, considera a ambos “responsables civiles directos” de la venta. En caso de que ellos no pudieran asumir el coste, se tendrá que hacer cargo Fidere, (a través de sus filiales Fidere Gestión de Vivienda y Fidere Vivienda, según aparece en el auto). Además, a Oslé le pide otros tres millones de fianza.

“Esto significa que más de cinco años después de la venta, seguimos en la lucha; es muy positivo para todos los afectados”, continuaba Mejías al teléfono sin ocultar su alegría por la decisión. El inicio de este caso se remonta a 2003, cuando la entonces alcaldesa Ana Botella realizó la entrega de varias viviendas públicas en régimen de alquiler en Carabanchel. El público objetivo era gente con problemas para acceder a un piso, con especial incidencia en los jóvenes. Los beneficiarios disfrutarían de un alquiler social que no superaba los 400 euros.

Diez años después, en 2013 y la gran recesión mediante, los inquilinos descubrieron que los pisos donde vivían ya no pertenecían al Ayuntamiento: habían sido vendidos al fondo Fidere, parte del conglomerado Blackstone (el principal casero de España). Se enteraron del cambio de titularidad "por los periódicos”. Pero lo notaron realmente cuando el alquiler de sus pisos se duplicó de la noche a la mañana. Comprendieron la magnitud del problema.

Además de las 1.860 viviendas, el lote vendido por el Ayuntamiento incluía garajes y trasteros. En total fueron 18 promociones inmobiliarias: un total de 5.315 inmuebles, incluyendo los locales y las plazas de aparcamiento. El Consistorio vendió todo el paquete por 128,5 millones de euros. Cifra que el Tribunal de Cuentas consideró “por debajo del mercado”.

Este tribunal emitió una sentencia sobre el asunto el pasado diciembre: consideró que la venta provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros. Por ello, condenó a pagar 26 millones de euros a la exalcaldesa Botella así como a ocho miembros de su equipo. Ante el agravio a las cuentas públicas, a la querella interpuesta por la Asociación de afectados por la venta de pisos de la EMVS se sumó el PSOE madrileño. “Estamos tremendamente satisfechos”, dijo ayer la socialista Mercedes González. “Esa venta estuvo plagada de irregularidades”, agregó.

El Tribunal de Cuentas no solo identificó perjuicio económico en la operación, sino que también identificó otras irregularidades como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos o la falta de garantías de que los concursos se garantizó la libre participación de empresas. En definitiva, concluyó que el proceso podría haber estado teledirigido: ideado para que hubiese un beneficiado concreto.

La reapertura del 'caso Botella'

En enero de esta año, el el juzgado 38 de Madrid concluyó en un dictámen que no existían elementos suficientes para continuar el procedimiento. Consideraba que en la sentencia del Tribunal de Cuentas de diciembre de 2018 no estaba “debidamente justificada la perpetración del delito”. Pidió el “sobreseimiento provisional” y el “archivo” de la causa.

Ese auto fue recurrido por el Ayuntamiento —a través de la EMVS—, por el PSOE municipal y por la Asociación de afectados por la venta de viviendas de la EMVS. En mayo, se reabrió el caso en el juzgado número 30. La magistrada basó su decisión en la investigación del Tribunal de Cuentas de 2018. Entre sus conclusiones, considera que existen indicios de que tanto el consejero de la EMVS como el apoderado de Fidere "pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos".

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