Se reabre el caso de la venta de vivienda pública a fondos buitre en la etapa de Ana Botella

La Audiencia Provincial de Madrid considera que se debe revisar el caso de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), realizada en 2013 por el Ayuntamiento de la capital. Tanto Ana Botella (PP), alcaldesa en ese momento, como otros siete miembros de su equipo fueron condenados el pasado diciembre por esta venta a dos fondos buitre (parte de Blackstone), según sentenció el Tribunal de Cuentas que consideró que el Consistorio vendió por debajo del precio de mercado. Pero poco después, en enero de este año, el Juzgado 38 de Madrid decidió archivar la causa.

Ese auto fue recurrido por el Ayuntamiento (por la Empresa Municipal de la Vivienda), por el PSOE municipal y por la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas. La Audiencia ha decidido revisar la decisión judicial, lo que da esperanza a los inquilinos de unas viviendas cuya propiedad era del Ayuntamiento de Madrid. 

Este martes, el juzgado 30 ha dictado un auto de reapertura del caso. La magistrada ponente del auto basa su decisión en el informe emitido por el Tribunal de Cuentas de Madrid de 2018, según el cual existen indicios suficientes para sostener que los investigados (Fermín Uslé, antiguo gerente de la EMVS, y Alfonso Benavides, el apoderado de la empresa de vivienda Fidere) "pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos" por la venta de 1.860 viviendas públicas. En el auto no se cita a la exalcaldesa del PP, Ana Botella.

La exregidora del PP fue “responsable directa” de que el Ayuntamiento de Madrid vendiese por debajo del precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas. Los beneficiarios fueron dos fondos buitre de Fidere, parte del conglomerado de Blackstone. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, según el informe del Tribunal de Cuentas de Madrid, que el pasado diciembre condenó a Botella y a otros siete miembros de su equipo a abonar un total de 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública con esa venta. Esa investigación concluyó, además, que la operación se hizo aportando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”.

La edil del PSOE Mercedes González ha mostrado su satisfacción por la reapertura de la causa penal y ha señalado que de Ciudadanos depende dar el Ayuntamiento de Madrid al partido que vendió los pisos de los más pobres y vulnerables.

El consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Francisco López Barquero, ha declarado con respecto al nuevo auto: "Hoy la justicia nos ha dado la razón. Nosotros recurrimos la última decisión judicial porque entendíamos que había una actuación sancionable por parte de las personas responsables de la Administración que llevaron a cabo la venta de las viviendas".

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) celebró esta nueva decisión judicial. "No pararemos hasta que las viviendas vuelvan a manos de los inquilinos y los responsables de la venta irregular a fondos buitre asuman sus responsabilidades penales", explicó Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma.

Afectados

"El 3 de agosto de 2003, la propia Ana Botella organizó un convite en el barrio para entregarme la casa", recuerda Montserrat Gil López, de 46 años. Esta madrileña se instaló en su casa hace 15 años, en la calle de Salvador Allende, en el distrito madrileño de Carabanchel. “Organizaron un catering y nos dijeron que era como si nos hubiera tocado la lotería, nos entregó las llaves en mano”. Gil fue desahuciada por el fondo buitre Fidere en febrero de este año, después de tres intentos.

Gil y su familia fueron beneficiarios de una de las viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), ya que cumplía los requisitos que pedía el Ayuntamiento: “Los requisitos principales eran que tuvieras menos de 35 años —la idea era ayudar a independizarse a la gente joven—, estar empadronada en Madrid y tener un trabajo”. Una década después, en 2013, y sin que nadie le notificará nada, Gil descubrió que su vivienda ya no era pública sino que había sido vendida al fondo buitre Fidere, dentro del conglomerado de Blackstone. “Me enteré de la venta por los medios de comunicación”, dice Gil. "Nunca me imaginé que quien me había dado la casa me la iba a acabar quitando".