El independentismo busca el apoyo del Consejo de Europa

El independentismo insiste en buscar apoyos internacionales y ahora llama a las puertas del Consejo de Europa. El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC) se reunió el martes con la comisaria de Derechos Humanos de ese organismo, Dunja Mijatovic, y le pidió que visite a los políticos encarcelados por el procés. El ruego de Torrent es el colofón a las iniciativas promovidas por el soberanismo para que la institución se fije en Cataluña. El Consejo de Europa está en la “fase inicial” de elaboración de un informe sobre la supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión de políticos encarcelados tanto en España como en Turquía.

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Mijatovic mostró “interés” en las condiciones de encarcelamiento de los líderes independentistas. Y, aunque no se comprometió a entrevistarse con ellos, anunció una próxima visita a España. La comisaria preguntó por vulneraciones a la libertad de expresión. Y Torrent citó como ejemplo la prohibición, a TV-3 y Catalunya Ràdio, de emplear los términos “exilio” y “presos políticos” durante la campaña electoral por considerarlos partidistas. El presidente de la Cámara incidió, según las mismas fuentes, en la “vulneración del derecho de defensa” durante el juicio del procés en el Tribunal Supremo y le solicitó que estuviera alerta.

La visita, de 45 minutos, forma parte de la acción exterior desplegada por Torrent, que ha incluido contactos con responsables del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Parlamento Europeo. Los intentos del independentismo por “internacionalizar el conflicto” no cesan. Antes del 1-O, esos esfuerzos diplomáticos se centraban en lograr apoyos para el referéndum. Tras la causa judicial por el procés —con la huida de Carles Puigdemont y el encarcelamiento de Oriol Junqueras—, el objetivo se ha desplazado: “Ahora se trata de denunciar vulneraciones de derechos, y el Consejo de Europa es un órgano clave”, explican fuentes próximas a Torrent.

De lo que no hablaron Torrent y Mijatovic fue del informe que, desde abril, prepara el Consejo de Europa ante la “preocupación” por el “creciente número de políticos juzgados por declaraciones” hechas durante su mandato, “en especial en España y Turquía”. El senador socialista José Cepeda replicó en los debates que en España solo se juzga a quien se salta la ley y que el del procés no es un juicio político. El letón Boriss Cilevics ya se ha puesto manos a la obra —ha sido designado relator— en un asunto que va para largo (tiene dos años) y que no menciona de forma explícita el procés. “Estoy en la fase inicial, recogiendo información y concertando citas con todos los partidos involucrados, así como expertos”, explica Cilevics por correo, aunque no contesta preguntas de fondo para no “prejuzgar conclusiones”.

El informe, cuya sola confección irrita a la diplomacia española —parece situar en un mismo plano a España y Turquía— fue impulsado el pasado enero por 24 miembros de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Se trata de diputados de Parlamentos nacionales; entre ellos hay algunos que han mantenido contactos con el Gobierno catalán o que se han mostrado favorables a la causa independentista o al referéndum del 1-O.

Uno de los casos más claros es el de la diputada islandesa Thorhildur Sunna Aevarsdottir (del Partido Pirata) que impulsó un debate parlamentario para condenar la respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy al 1-O. Aevarsdottir asistió a una conferencia del exconsejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, en Reikiavik bajo el título Cataluña. ¿Qué está pasando? También firmó la moción Maryvonne Blondin, uno de los 41 senadores franceses que, en un manifiesto, pidieron la intervención de la UE para encontrar una “solución política a un conflicto político” en Cataluña. La rubricaron igualmente el diputado holandés Pieter Omtzigt —que criticó con dureza la “violencia” policial del 1-O— y la belga Petra Sutter, que criticó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Fuentes de la diplomacia española se muestran convencidas de que el independentismo ha maniobrado para lograr que se aprobara la moción. “Los catalanes siempre han trabajado muchísimo el Consejo de Europa. Es un terreno al que los demás no daban importancia y Convergència i Unió supo remar con países pequeños y tejer amistades con grupos que están por la Europa de los pueblos”, explica un veterano del organismo. Esa y otras fuentes señalan que los firmantes “a veces no están muy informados del contenido de lo que firman” y que ignoran su alcance. “Los hay que se han tragado el cuento de la persecución, del derecho a votar...”, explican.

Egidijus Vareikis, lituano, es uno de los 24 firmantes. Dice que apoyó el texto no tanto por el caso concreto de España o incluso de Turquía, sino porque está preocupado —en general— con que se persiga a diputados por las opiniones que emiten en sus Parlamentos. “No soy enemigo de España, sé que Cataluña es un tema muy sensible pero mi firma no iba por eso”, explica. En la misma línea se expresa el austríaco Stefan Shennach. “Mi motivación principal está relacionada con Turquía, donde diputados y alcaldes de la zona kurda han sido despojados de sus cargos y en parte detenidos”. Shennach admite que también le “preocupa” la causa judicial contra los líderes independentistas y señala que es un “proceso político”. “Desapruebo que se acuse a políticos por sus políticas cuando estas no son racistas o corruptas. En principio, fueron elegidos para aplicar su programa político. Para los políticos, los jueces siempre son los votantes”, responde por escrito Schennach, que niega haber sido contactado o persuadido por el soberanismo.

El pasado septiembre, el secretario general del Consejo de Europa, el noruego Thorbjorn Jagland, exhibió su apoyo a España frente al relato y las maniobras del independentismo en el exterior: “No tengo ninguna duda de que los tribunales españoles están tratando este asunto de acuerdo a la ley y al Convenio Europeo de Derechos Humanos”. En febrero, en vísperas del juicio del procés, Pedro Sánchez defendió en Estrasburgo que España es una “democracia plena y avanzada”.