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De Lara remite de nuevo a Madrid todas las pesquisas sobre Vendex

En 2015 se inhibió de esta parte de las operaciones Pokémon y Pikachu que afectaba a Galicia, Cataluña y Baleares, pero un Juzgado Central de Instrucción le devolvió los casos tres años después

Pilar de Lara juez
Documentación del 'caso Pokémon', a su llegada a los juzgados de Lugo.

A medida que se agota el plazo para recurrir la sanción de siete meses y un día sin empleo y sueldo (y pérdida de destino) que ha decidido imponerle por presunta "desatención" el Consejo General del Poder Judicial, la juez Pilar de Lara apuntala el futuro de sus pesquisas. Según fuentes de los juzgados de Lugo, revisa "personalmente" centenares de esos casos que desbordan su despacho e intenta que su posible marcha no desemboque, con la llegada de un nuevo juez, en un archivo masivo y la desimputación generalizada de cientos de políticos, empresarios y funcionarios investigados. Así, a finales de abril, remitió en un segundo intento sus indagaciones sobre el grupo empresarial madrileño Vendex al Supremo, después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 rechazase en 2018 su primera inhibición, acordada por ella en 2015. Se trata de algunos de los capítulos más importantes del caso Pokémon (que afectan a numerosas localidades gallegas y municipios catalanes y baleares) y de su hijo Pikachu, sobre presunta corrupción en la ciudad de A Coruña.

La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo se apoya para esta decisión en el informe de la fiscalía, con fecha 5 de febrero, cuando De Lara ya estaba siendo investigada por el gobierno de los jueces pero casi dos meses antes de que el CGPJ anunciase su decisión de castigarla despojándola de sus sonados casos anticorrupción. El Ministerio fiscal entiende que es el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid quien es "competente" para seguir adelante con unas investigaciones que implican a políticos, funcionarios y empresarios de tres comunidades, pero como este rechazó asumirlas el año pasado, la juez remite su exposición motivada al "superior jerárquico común", la Sección Segunda del Supremo.

La investigación llevada a cabo desde 2011 por Pilar de Lara y los agentes de Servicio de Vigilancia Aduanera en torno al grupo empresarial dirigido desde Madrid por Gervasio Rolando Rodríguez Acosta provocaron un seísmo en el mapa político gallego y la dimisión de varios alcaldes y concejales investigados. Pinchazos telefónicos, declaraciones, registros y una cantidad ingente de documentación incautada derivaron en casi un centenar de imputados y entre las localidades salpicadas figuran Lugo, Ourense, A Coruña, Santiago, Ferrol, O Carballiño, Verín, Ordes, Boqueixón o Marín. En Cataluña, las pesquisas se centraron en Barberà del Vallès y Sabadell (Barcelona); y en Baleares, en el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca).

Los informes de Aduanas que recoge el descomunal sumario dibujan un entramado empresarial entregado supuestamente a la caza de contratas públicas por España adelante. Los presuntos "beneficios ilícitos" obtenidos, según los investigadores dependientes de la Agencia Tributaria, "se elevarían al menos por el momento a la suma de 295.067.927,17 euros". Con este fin, explica en su exposición motivada la magistrada de Lugo, el grupo Vendex (y en concreto sus empresas "Sermasa, PAU, Econar, Serveis Medi Ambient, SA, y Doal") habrían empleado una "misma mecánica" para ganarse los favores de políticos y funcionarios municipales: "Supuestos pagos de dinero, entregas de regalos, colocación de enchufados y abono de viajes".

De Lara recuerda al Supremo que "algunos" de sus investigados "han reconocido expresamente los hechos, o al menos parte de los mismos", y cita entre ellos al dueño del grupo Vendex, alguno de sus delegados territoriales y dos (entonces destacados) políticos del PSOE y el PP. Según estos testimonios, sigue la magistrada, el entramado "habría implantado una política empresarial conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las Administraciones en toda España, efectuaría presuntamente sobornos que tendrían como destino aquellas autoridades municipales y funcionarios que bien directa o indirectamente han realizado actos o influenciado a los trabajadores públicos que forman parte de los órganos de contratación".

Para "gratificar la actuación de tales políticos y funcionarios", Vendex "contrataría a personas recomendadas por las distintas autoridades". "Tales personas recomendadas", continúa desgranando De Lara ante el Supremo en su exposición motivada del 25 de abril, "obtendrían importantes beneficios de índole económica" por lograr "un puesto de trabajo vulnerando los principios de igualdad al derecho al empleo" y porque "al tratarse de empresas concesionarias de servicios públicos se convierten prácticamente en funcionarios, desde el momento en el que en siguientes concesiones pasan a ser personal subrogado".

Además, recuerda la juez, las empresas "realizaban regalos de diferentes importes en función de la relevancia del cargo", tal y como han reconocido en los interrogatorios algunos imputados y como reflejan los listados de agasajos incautados. También, en el caso de las empresas que obtuvieron la concesión del servicio de la grúa y la ORA, se "beneficiaría a autoridades, funcionarios y familiares y amigos de estos con la retirada de multas y tasas o con la concesión de tarjetas de estacionamiento sin tener derecho a ello". Por último, el grupo investigado "efectuaba presuntamente pagos de dinero a algunos políticos y funcionarios". En ocasiones, "como venía sucediendo en Lugo", detalla la instructora, "tales pagos eran de carácter periódico", con lo que se "garantizaba la fidelidad de sus receptores en el otorgamiento de favores”.

"Gracias a estas prebendas", concluye ante el Supremo la juez anticorrupción, "las empresas de Vendex podrían haber obtenido información privilegiada que les habría permitido optar en mejores condiciones a las adjudicaciones de servicios municipales a las que se presentaban, llegando en ocasiones a realizar los borradores de los pliegos de condiciones y a adaptarlos a sus ofertas en connivencia con diversos funcionarios y autoridades públicas".

La juez está "dispuesta a llegar hasta Estrasburgo" con su sanción

Pepe Seijo

Pilar de Lara está "dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos" si se valida la sanción de siete meses y un día, que implica perdida de destino, que le impuso el Consejo General del Poder Judicial por falta "muy grave" en cuanto a “desatención y retrasos injustificados” en las instrucciones que lleva. El abogado de la juez, Agustín Azparren, ha adelantado que el próximo lunes va a presentar el recurso ante el pleno del CGPJ, el gobierno de los jueces formado por magistrados que han sido designados y pactados por los grupos políticos.

A partir de ahí habrá que descontar tres meses, que es “el plazo” para que se responda a dicha apelación. Azparren ya avanza que “el siguiente paso, si el pleno confirma la sanción o mantuviera una inferior, sería ir al Supremo, y si finalmente es necesario, al Tribunal de Estrasburgo". "Ya pasó en Portugal", ilustra, "con un caso similar". "Se puede llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta esa vía queda abierta” para De Lara, deja caer su representante ante el Poder Judicial.

En cuanto al recurso en sí, comenta que va a ser “reproducir los argumentos que ya existían, resumirlos y dejarlos con mayor claridad para comprobar que efectivamente lo que se señala como problemas del juzgado, de atrasos, no son consecuencia de una conducta de la magistrada, ni mucho menos de una desatención”. Tal y como insiste el letrado, en sucesivas inspecciones que tuvo este juzgado de Lugo desde hace años, quedó patente en los informes "la dedicación" de la juez, y eso es, concluye, "incompatible con conductas que signifiquen desatención, desidia o abandono”.

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