Vendex obtuvo beneficios ilícitos por 295 millones, según Pilar de Lara
La empresa investigada actuaba "como una verdadera organización criminal", dice la juez, que al enchufar a parientes de políticos en sus contratas los convertía casi en "funcionarios públicos"
En un auto sellado el 22 de junio, la titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, y en respuesta a un recurso de reforma sobre Vendex, una de las dos principales empresas investigadas en la macrocausa de la Operación Pokémon, revela que la sociedad habría obtenido “beneficios presuntamente ilícitos” que suman más de 295 millones de euros.
La juez llega a esa conclusión tras los informes de Vigilancia Aduanera que elevarían esos “beneficios presuntamente ilícitos” a 295.067.927,17 millones de euros. Mantiene la existencia de “determinadas prácticas empresariales supuestamente delictivas llevadas a cabo por los administradores y delegados” de este grupo empresarial, que incluye entre otras compañías a Doal, PAU y Sermasa, y que tiene su sede en Madrid, y cuyo administrador era el imputado Gervasio Rolando Dacosta. Según De Lara, “la actividad investigada se habría cometido presuntamente, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia, donde ab initio se centró la investigación como en otras comunidades autónomas, tales como Cataluña y Mallorca”.
“Asimismo, al menos indiciariamente, se desprende que los distintos delegados empresariales del Grupo Vendex y las distintas empresas que las conforman vendrían actuando en connivencia con distintas autoridades y funcionarios públicos con la finalidad de conseguir la adjudicación de contratos de servicios públicos, fundamentalmente con Ayuntamientos”, añade el auto. En esta línea sostiene que, “en todo momento, los delegados seguirían las instrucciones del entonces administrador, Gervasio Rodríguez, quien habría urdido un plan organizado y preconcebido destinado a obtener de forma injusta e ilícita contratos administrativos, con los consiguientes perjuicios para las Administraciones públicas y para los mismos ciudadanos”.
El escrito del juzgado número uno desgrana que el “método utilizado” en distintos Ayuntamientos y otros organismos públicos es el “mismo”, con un “acercamiento y aproximación a determinadas autoridades y funcionarios hasta poder captarlos para los intereses del grupo empresarial, consecución de información privilegiada y elaboración de pliegos a la carta, todo ello dirigido a la obtención de contratos”.
La juez también hace referencia a uno de los ingredientes más notables destapados por la Operación Pokémon: la contratación de familiares y amigos de sus enlaces (políticos y funcionarios) en la Administración a cambio de contratas públicas. Una práctica que se llevaba a cabo con “el agravante” de que el contratar “a un enchufado en una empresa concesionaria de servicios públicos supone casi convertirle en funcionario público habida cuenta de que la empresa sucesora en la concesión tendría que subrogar dicho personal”.
En el escrito del juzgado, de ocho folios, se pone de relieve que “no puede dudarse de que el grupo Vendex ha venido actuando como una verdadera organización criminal, que además funcionaba de forma estructurada y perfectamente jerarquizada”. En consecuencia, la juez Pilar de Lara conviene que “entendiendo que los hechos han de investigarse conjuntamente y llegado el momento, enjuiciarse de la misma forma, solo existen dos soluciones; o bien la atribución de la competencia a este juzgado de Instrucción o bien a los juzgados centrales de Instrucción”. Así finalmente, en la parte dispositiva, la magistrada desestima un recurso de reforma interpuesto en nombre y representación de Román Otero Ferreiro, de donde mana dicho auto judicial al que ha tenido acceso El País.
