El fiscal pide seis años de cárcel para el aparejador municipal de Tui durante dos décadas

Prevaricación urbanística y falsificación en documento oficial son los supuestos delitos de los que la Fiscalía de Pontevedra acusa a José María Melero González, el que durante más de 20 años fue aparejador municipal en el Ayuntamiento de Tui. Melero, que será juzgado este martes, se enfrenta a una condena de seis años y medio de prisión y 12 y medio de inhabilitación, además de una multa de 10.800 euros, por falsear la licencia municipal de una parcela para venderla y favorecer así a la que entonces iba a ser su futura esposa.

Hasta el 31 de diciembre de 2013, José María Melero desempeñó el cargo de aparejador municipal en Tui, aunque simultáneamente trabajaba en un estudio de arquitectura, ingeniería y urbanismo en Vigo, administrada por tres socios, entre ellos su hijo. En marzo de 2006, actuando como apoderado, vendió en documento privado una parcela en Tui de unos 1.250 metros cuadrados y después presentó solitud de licencia de obra mayor para una vivienda de tres plantas, según la fiscalía.

“Con dicha solicitud se tramitó el correspondiente expediente municipal en el que el propio Melero emitió informe como técnico municipal acerca del grado de consolidación del núcleo rural y de urbanización de la parcela, pese a tener interés directo en el asunto, sin indicar en modo alguno la relación que le unía con la solicitante de la licencia”, ni con el despacho de arquitectura.

Meses después, la junta de gobierno local dictó resolución otorgando la licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar de 267 metros cuadrados. Posteriormente se presentó en el Ayuntamiento solicitud de parcelación de la finca para dividirla en dos, adjuntando el proyecto el mismo despacho del que era socio el hijo de Melero, en el que este también emitió informe como técnico municipal y volvió a obtener el correspondiente permiso.

Una de las parcelas de 600 metros fue vendida por 9.000 euros y la otra prácticamente igual, por 150.000. En el segundo contrato se hizo constar que tenía licencia de construcción, cuando en realidad no estaba a nombre del comprador ni el proyecto se correspondía con esa parcela. El fiscal acusa al exaparejador de haber falsificado el certificado de licencia en la secretaría municipal de esta segunda parcela.

En 2013 el comprador se enteró de que la vivienda en cuestión no contaba con licencia de primera ocupación, y tal autorización resultaba necesaria, así como la certificación de fin de obra. Entonces, el acusado emitió informe técnico “en el que manifestó que la obra realizada se ajustaba a la licencia otorgada por la junta de gobierno, a sabiendas de que ello no era cierto, y propuso que se concediera la licencia de ocupación interesada”, señala el fiscal.

Pero cuando la secretaria municipal de Tui examinó el expediente para su inclusión en el orden del día de la junta de gobierno en marzo de 2014, se percató de que la copia de certificación de licencia de obras, adjuntada a la solicitud, no correspondía con la verdadera certificación que obraba en el expediente de licencia de obra, por lo que dio cuenta a la junta de gobierno local de la “alteración” por lo que esta fue denegada.