Una firma vinculada al alcalde de Tui destroza un núcleo rural de Tomiño

Una promotora vinculada al alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha (PP), destrozó de un plumazo casi 3.000 metros cuadrados de zonas verdes, otro tanto de dotaciones, 4.000 metros cuadrados de viario, zonas de aparcamiento, la construcción de las redes de abastecimiento y saneamiento, una depuradora y el 10% de aprovechamiento urbanístico que figuraban en un plan especial y el convenio que ella misma elaboró para un núcleo rural de Currás-Tomiño. Operó el cambiazo con el beneplácito municipal y la indiferencia de la Consellería de Política Territorial, que entonces (2004) dirigía Alberto Núñez Feijóo y que archivó las denuncias. La web del Grupo Provitui oferta ahora viviendas de esa urbanización, Pazo Devesa, con un simulador de hipotecas para los posibles compradores: "Pazo Devesa es una obra financiada por Banco de España y Caixa Galicia, con total flexibilidad en las condiciones de su hipoteca", dice, pese a que el supervisor financiero jamás entra en ese tipo de operaciones. La flexibilidad edificando ilusiones -eslogan del grupo inmobiliario Provitui- ha devenido en marca de la casa Rocha.

La promotora esquivó todas las cesiones obligadas a un plan especial

Con 6.000 euros de capital, Pazo Devesa invirtió unos tres millones en Currás

Una resolución de José Luis Fernández Lorenzo, alcalde histórico del PP en Tomiño después de 24 años en el cargo, aprobó definitivamente en septiembre de 2003 el plan especial de Pazo Devesa y el convenio urbanístico llamado a aplicarlo. Myriam Buján Garrido, jurídica del Ayuntamiento de Tui para temas urbanísticos, actuó en el convenio como "abogada urbanista" de Promociones Pazo Devesa (Gesprovi de Tui desde 2005), una de las sociedades del grupo que administra José Luis Fernández Estévez, hijo del alcalde de Tui.

El plan especial y el convenio reconocían la "importancia paisajística y ambiental" de la finca matriz (21.458 metros cuadrados) y del entorno donde se aplicarían. La consolidación del núcleo rural era el objetivo del plan desde su propio enunciado, así como "la optimización de equipamientos y puesta en valor del entorno de San Martiño", iglesia parroquial de Currás. Era, por lo demás, lo que mandaban el plan general de Tomiño (2001) y la Lei do Solo. Pero todo quedó en agua de borrajas.

Unos meses después de su aprobación, el 30 de abril de 2004, Fernández Estévez, el hijo del alcalde de Tui, solicitó en Tomiño el desistimiento y archivo de todo lo actuado en relación con el plan especial y, al mismo tiempo, pidió la segregación de la mitad (10.700 metros) de la parcela matriz y de otras 17 en esa mitad para construir en ellas otras tantas viviendas unifamiliares. Fue su voluntad y nadie pidió más explicaciones. El cambiazo se ofició una semana después con los informes, ambos de fecha 6 de mayo, del arquitecto Pablo Rivas Caride, contratado por el Ayuntamiento de Tomiño, y otro de la administrativa Mónica Limeres, que el mismo 30 de abril había sido promovida a técnica de Xestión Urbanística y el 5 de mayo había tomado posesión de su plaza.

"Informado favorablemente por el técnico municipal por cumplimiento de las disposiciones urbanísticas vigentes, por la presente se informa de la conformidad de lo solicitado con la legalidad urbanística", certificó Limeres. Lo tuvo claro, aunque no era la doctrina del plan general para la zona -"la consolidación del núcleo rural", como admitía la propia promotora en su plan especial y convenio- ni la genérica de la normativa gallega.

Al arquitecto Rivas Caride le bastó, sin embargo, con lo que ya anunciaba Fernández Estévez en su petición de segregación: que "tanto la parcela matriz como las resultantes están en suelo de núcleo rural", por lo que era de aplicación -no se habían percatado antes- la ordenanza del plan general que establece que la superficie mínima para edificar en núcleo rural es de 600 metros cuadrados, "superficie que cumplen las parcelas resultantes tras la segregación". Efectivamente, hay ocho de 601 metros cuadrados y el total consume 10.509 metros. En los informes no hay ninguna otra argumentación ni fundamento legal del cambiazo.

El Ayuntamiento, con la firma de Mónica Limeres, empezó enseguida a expedir las licencias de construcción que solicitaba José Melero Currás, hijo del aparejador municipal de Tui, avaladas por otro arquitecto, Alberto Gómez Pérez, "en calidad de arquitecto asesor del Ayuntamiento de Tomiño" -también lo ha sido de Tui hasta hace unas semanas-. Y Pazo Devesa construyó las 17 viviendas "sin licencia ni cartel que identifique a los autores", según denunció en su momento Centristas de Tomiño (CdT).

Pazo Devesa/Gesprovi, cuyo capital social es de 6.000 euros, ha invertido unos tres millones en la urbanización, según estiman las fuentes consultadas por este periódico. Limeres autorizó las obras por "su conformidad con la legalidad urbanística, según los informes técnicos" de Alberto Gómez, que a su vez se ampara en los informes previos de Rivas Caride y Limeres que autorizaron la segregación. Añade Gómez en cada una de las licencias de obras que fue informando de que, "según se desprende de la documentación obrante en el expediente", la parcela dispone de abastecimiento de agua ("mediante conexión a un pozo con caudal suficiente para las condiciones sanitarias de la vivienda" en unos documentos y "mediante conexión a la red vecinal" en otros), resuelve el saneamiento mediante depuradora ("con la garantía de no contaminar el medio natural") y facilita el acceso rodado público (con un ancho incierto de 9,60 metros o de seis, según sea el documento de consulta).

Ninguno de esos extremos ha podido ser confirmado, por cuanto la promotora no ha solicitado licencia de primera ocupación -tampoco para las viviendas ya habitadas-, lo que permitiría comprobar la adecuación de la obra al proyecto. A las 17 viviendas iniciales se le sumaron luego cinco más gracias a la certificación municipal -de Mónica Limeres- de un camino público que, según los vecinos, siempre fue una servidumbre a una parcela privada. La impronta del núcleo rural a conservar está reventada, eso salta a la vista, y en lo que no se ve, todos los indicios apuntan a un suelo minado de fosas sépticas que, cuando menos, han contaminado la confianza vecinal en el agua de manantial que bebían.

La Xunta, con el conselleiro Feijóo como máxima autoridad urbanística y que por las mismas fechas negó aprobación al plan general de Tui por los desfases que trataba de colar el documento, fue más indulgente con esa actuación de Tomiño. José Luis Rodríguez Fernández, jefe de Urbanismo e Inspección Territorial, comprobó que las obras disponían de licencia y que se realizaban en suelo clasificado como núcleo rural, "por lo que el órgano competente para la adopción de las medidas para protección de la legalidad urbanística es la alcaldía". Así que en diciembre de 2004 archivó las denuncias y remitió a Medio Ambiente la "posible infracción ambiental", de la que nunca más se supo.