La técnico de Urbanismo alertó reiteradamente al alcalde de Tui de la orden de demoler la pirotecnia

No bastaba con precintar o con cesar sobre el papel la licencia de actividad de la Pirotecnia La Gallega. No hubiera sido suficiente, tampoco, cortar el suministro de agua y luz para que el dueño del negocio, Francisco González Lameiro, O Fogueteiro, ahora en prisión sin fianza, marchase con su pólvora a otro lado. Uno detrás de otro, los gobiernos de varios colores que ha tenido Tui han beneficiado con la flema administrativa sus actividades clandestinas mientras Francisco Gómez Ramos -el vecino que le declaró la guerra al polvorín en 2005, cuando se produjo otra explosión- ha luchado en solitario. Desde 2015, cuando en el mes de junio el Superior ordenó con sentencia firme la demolición, este hombre no ha dejado de exigir el derribo. Y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra lo ha respaldado remitiendo a la alcaldía media docena de apremios. Incluida una multa coercitiva de 300 euros el pasado 30 de octubre, con Carlos Vázquez Padín (Converxencia 21) como flamante alcalde coaligado tras la moción de censura en la que el PP desterró del gobierno al tripartito de izquierdas de Enrique Cabaleiro. La sanción judicial fue recurrida por el Ayuntamiento.

La pirotecnia es "clandestina" y cualquier otra opción al derribo está fuera de la ley. Así se lo notificó una y otra vez a la alcaldía tudense desde agosto de 2015, hace casi tres años, y varias veces durante los ejercicios sucesivos la técnico del departamento municipal de Urbanismo: "La consecuencia material de la nulidad de las licencias (obra y actividad) decretada judicialmente es la demolición y clausura". La funcionaria emitió también su obligado informe jurídico para el nuevo gobierno local mes y medio después de la moción de censura, cuando después de mucho insistir ya estaba en el consistorio el proyecto de derribo contratado.

"Resulta conveniente a juicio de quien suscribe", apunta la trabajadora en otro escrito posterior al que ha tenido acceso El País, "indicar que la única valoración de la que pende la ejecución forzosa de la demolición" es "la del arquitecto municipal, y ello desde su expresa asignación en noviembre de 2017". Pero desde noviembre el trámite siguió sumido en un extraño letargo. Solo 25 días antes de la explosión que mató a un matrimonio, dejó dos huérfanos y 37 heridos, arrasó el pueblo de Paramos y conmocionó a Galicia, el juzgado volvía a enviar un requerimiento al alcalde en el que le exigía información sobre los pasos dados para eliminar la fábrica de La Gallega de Baldráns. Francisco Gómez, el vecino que había denunciado a la pirotecnia, declaraba tras el siniestro que, si el Ayuntamiento hubiese ejecutado la sentencia, O Fogueteiro habría tenido que marchar de Tui y ya no habrían tenido objeto ni el almacén clandestino que saltó por los aires en Paramos ni los otros zulos que después se encontraron.

Inmediatamente después de la explosión, el gobierno local difundió un comunicado en el que aseguraba que seguía "tramitando el proyecto de demolición, pendiente en la actualidad de informes técnicos y jurídicos". Según esta misma nota, el Ayuntamiento, tras una inspección, creía que la fábrica estaba sin actividad, y ya en noviembre de 2015 había ordenado la clausura y demolición, que debía acometer el pirotécnico detenido. Después de varios recursos administrativos, según el consistorio, en julio del 2017 se "acordó la ejecución subsidiaria" de la demolición y se encargó el proyecto. Pero el derribo debió de quedar atascado en algún engranaje oxidado de la maquinaria burocrática porque no llegó a ejecutarse jamás.

Después de la explosión mortal se supo que, pese a la orden de demolición parcial y clausura, el gobierno local había seguido contratando los fuegos de las fiestas patronales de San Telmo a La Gallega por varias decenas de miles de euros. Según el actual regidor, el pago del último encargo, por valor de 10.000 euros, fue parado a tiempo por el Ayuntamiento tras el desastre. No obstante, en declaraciones a La Voz de Galicia Padín ha anunciado esta semana que su gobierno comunicará al juzgado unas circunstancias sobrevenidas que ahora pueden ser un obstáculo para la demolición: el hecho de que la Guardia Civil, tras estallar el polvorín de Paramos, trasladase explosivo de los diversos zulos ilegales a la fábrica de cohetes de Baldráns que había que derribar.

Mientras tanto, y un día después de mantener una reunión informativa con el Ayuntamiento, unas mil personas han secundado esta mañana la protesta de los afectados por la explosión de Paramos para reclamar más ayudas a las Administraciones y "que remen" todas "en la misma dirección". Con camisetas blancas, crespones negros y remos, como símbolo de que todos los afectados van en el mismo barco, han atravesado Tui bajo un fuerte aguacero hasta llegar a la plaza de la Inmaculada. "Nosotros remamos en la misma dirección, falta la Administración", era el lema cuando se cumplían 39 días de la explosión del almacén ilegal que hizo volar por los aires o causó importantes destrozos en un centenar de viviendas de Paramos y Guillarei.

"Queremos remar todos en la misma dirección, que las Administraciones se unan y trabajen juntas. Nosotros nos hemos unido y nos falta que ellas dejen de pelearse y de echar balones fuera y nos ofrezcan soluciones", ha clamado Lupe Pérez, representante en el acto de la Asociación de Afectados de Paramos-Guillarei. En el manifiesto ha lamentado que "39 días después parece que todo continúa igual, todo cubierto de toldos azules y de los cascotes de aquello que antes llamaban vida". Entre las principales reivindicaciones del colectivo está un incremento de las ayudas, porque "109.000 euros, en el mejor de los casos, no da ni para pipas". Los afectados han criticado también el trato de la Administración recibido por los propietarios de segundas residencias: "¿Qué sucede? ¿Estos propietarios son vecinos de segunda que ni la mitad del dinero merecen? ¿Pagan solo la mitad de impuestos?", se han preguntado. "La situación es excepcional, no existe precedente, y necesitamos que la Administración esté a la altura y se comporte de manera excepcional, en todos los sentidos de la palabra".

Zona catastrófica

Los afectados del desastre también reclaman la declaración de la zona cero como zona de emergencia, para que las ayudas percibidas no estén "sujetas a tributación", y que las Administraciones asuman el desescombro del área más afectada. "Lo que queremos nosotros es que sea un desescombro total, que entre en las propiedades privadas", ha explicado a Europa Press Lupe Pérez. De momento, están pendientes del estudio sobre los costes de desescombro encargado por el Ayuntamiento, pero desconocen si alguna Administración se hará cargo de financiar estas tareas. También piden que las ayudas "sean directas y se concedan por vía urgente", que "no se olviden" de los coches dañados, y que se ofrezca ayuda psicológica, más allá de la comprometida por Cruz Roja.

"Si tenemos que volver a juntarnos para gritar más alto y más fuerte para que el Estado cumpla con su deber de proteger a los ciudadanos desamparados, así lo haremos", han advertido al final de una marcha en la que también han participado representantes de los partidos de la corporación municipal encabezados por Padín, además del portavoz de En Marea, Luís Villares, y de Alexandra Fernández, portavoz de esta misma formación en el Congreso.

"A nosotros nos da igual quién se apunte la medalla, pero lo que queremos es que nos resuelvan la situación", ha dicho otro portavoz de los vecinos, Salvador García. "Estoy satisfecho de que se nos haya oído: se han modificado cosas, se nos ha escuchado y se han recogido parte de nuestras demandas, pero falta mucho por solucionar", ha añadido el líder vecinal. En el encuentro del sábado con los afectados, el alcalde anunció que el jueves se reunirá con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, para abordar la situación de las ayudas y la posible declaración de zona de emergencia.

Por su parte, En Marea ha avanzado que pedirá tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso que se hagan efectivas las ayudas prometidas y que se declare la zona catastrófica de Paramos-Guillarei. Villares ha acusado a la Xunta de estar "haciendo propaganda asegurando que ya están abonadas las ayudas"; "una mentira, porque sigue habiendo familias que no recibieron todo", ha dicho. Además, según sus palabras, no es "aceptable" que la Administración gallega reduzca las ayudas al 80% del valor de la casa en el caso de primera vivienda y al 40% en el de las segundas.