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La Sagrada Familia solicita la licencia de obras 133 años después

La incógnita es saber cuánto pagará el templo por regularizar los trabajos

Una imagen de la Sagrada Familia con las torres centrales en construcción de 2016.
Una imagen de la Sagrada Familia con las torres centrales en construcción de 2016.

La Junta Constructora de la Sagrada Familia ha solicitado al Ayuntamiento de Barcelona la licencia de obras del templo. La petición llega 133 años después de comenzar la construcción de la mayor obra de Gaudí que, en una situación insólita, trepa sin licencia. Si la Junta ha pedido ahora el permiso es porque en octubre pasado el gobierno de la alcaldesa Ada Colau y el templo pactaron regularizar las obras: el templo pagará 36 millones en 10 años para compensar el gasto que genera a la ciudad, y el Ayuntamiento aprobó un plan especial urbanístico para las obras. La incógnita es cuánto pagará el templo por la licencia.

La idea de las dos partes es cerrar la licencia antes de las elecciones municipales de mayo. Así, la alcaldesa Colau podría presumir de haber puesto al día una anomalía histórica. Y el monumento más visitado de Barcelona (4,5 millones de personas) tendría los papeles en regla.

Sobre los detalles de la operación, ni el Ayuntamiento ni la Junta sueltan prenda. No informan sobre cuándo se otorgará la licencia —o qué plazos tiene el trámite—; ni sobre cuánto costará el permiso y con qué criterios se calcula el coste. En octubre pasado, al presentar el acuerdo el Consistorio afirmó incluso que estudiaba el pago de la licencia con efecto retroactivo.

Una de las fórmulas para calcular el coste de una licencia de obras son los metros cuadrados que se construyen. Tras complejos cálculos —porque el templo no tiene plantas sino grandes torres vacías—, los técnicos llegaron a la conclusión de que la Sagrada Familia tiene 45.000 metros cuadrados construidos. Una cifra parecida a la superficie construida que tiene, de media, una manzana del Eixample.

Podría ocurrir, además, que la Junta Constructora lograra una bonificación, un descuento del ICIO (el Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y Obras). Estos descuentos, a veces de elevados porcentajes, se acuerdan cuando una obra se declara “de especial interés y utilidad municipal”. Suele ocurrir en obras que hacen escuelas o equipamientos.

Fuentes municipales se limitan a contestar que “una vez solicitada la licencia, durante la tramitación se verificará que cumpla todas las normativas y se adecue al planeamiento aprobado, resultado del acuerdo con el patronato”. El templo, a través de un portavoz, responde remitiendo al Ayuntamiento.

La solicitud de licencia se presentó el 7 de marzo. Y un día antes se presentó la de actividades, para ajustarla al nuevo planeamiento. Lo explica el templo en su página web, donde recuerda que está previsto que las obras acaben en 2026 e insiste en dar por sentado que el templo crecerá por la calle de Mallorca, lo que supondría echar a 3.000 vecinos. “El plan especial incluía el conjunto del proyecto de Gaudí y planteaba, para una fase posterior, la ejecución del nártex [atrio] de la Gloria”, dice.

El año pasado, antes de Navidad la Junta Constructora inundó las escaleras de vecinos y los comercios del barrio con carteles explicativos del pacto con Colau en los que se dejaba claro que el proyecto “incluye la construcción de la fachada de la Glòria y la remodelación del entorno de la calle de Mallorca, que se hará a través de una comisión de trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona y que contará con la participación de los vecinos, las entidades de la ciudad y de la Fundación de la Junta Constructora”.

Ampliación del templo

El Plan Especial Urbanístico aprobado por el pleno municipal en febrero pasado contempla la construcción de un enorme voladizo de cemento que sería la primera pieza de la escalinata que el templo quiere construir sobre la calle de Mallorca. No va más allá. Durante el debate entre los partidos en el Plenario, se dio la paradoja de que los mismos partidos que apoyaron el plan y felicitaron a Colau por haber alcanzado un acuerdo histórico, la criticaron porque el plan no aborda las eventuales afectaciones urbanísticas.

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