Colau y la Sagrada Familia pactan la regularización de las obras tras 133 años sin licencia

Acuerdo histórico entre el Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la Sagrada Familia. Tras 133 años de construcción sin licencia y cuando faltan solo ocho para acabarla, el Ayuntamiento y la junta constructora del templo han llegado a un pacto para regularizar las obras. La Sagrada Familia pagará un total de 36 millones de euros en los próximos 10 años que se destinarán a compensar el gasto que el templo genera en la ciudad: mejoras en el transporte público (22 millones) y el espacio público (tres millones), a construir un acceso directo de la estación de metro al templo (siete millones), y a reurbanizar las calles del entorno (cuatro). La basílica tiene un presupuesto este año de 80 millones de euros, de los que destina 50 a las obras.

Además, las dos instituciones han pactado cambios en el planeamiento y un plan especial que permita la regularización de las obras, de manera que el templo pueda solicitar y pagar licencia a partir del año que viene. La idea es cerrarlo todo antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo, y el Consistorio estudia que el pago de la licencia sea incluso con efecto retroactivo, hasta donde la ley permita echar la vista atrás.

Con todo, el acuerdo, que en el Ejecutivo de Colau se ha vivido como un gran triunfo, deja fuera una cuestión pendiente, que no es menor. Se trata de la polémica escalinata de acceso a la fachada de la Gloria del templo, que mira a la calle de Mallorca. Una escalinata que está en el proyecto original del arquitecto Antoni Gaudí y que si se materializara supondría tener que derribar varios edificios de dos manzanas para abrir un pasillo de acceso al templo.

Una operación que ningún gobierno municipal se ha atrevido a abordar, entre otras cuestiones porque costaría un dineral pagar las expropiaciones. A seis meses de las elecciones, el actual ejecutivo no abrirá un melón que generaría un conflicto vecinal y para el que no conseguiría consenso político. Mientras, desde hace unos meses la junta constructora se muestra rotunda con su idea de materializar el proyecto de Gaudí.

La alcaldesa Ada Colau ha calificado este jueves de “día histórico”, porque el pacto ha conseguido regularizar las cuestiones administrativas, pero también mejorar el encaje del templo en la ciudad y recibir compensaciones por su impacto. Contempla, por ejemplo, "estudiar el aforo máximo" de visitantes al templo cuando acaben las obras. “Mucha gente nos decía que si en 130 años no se había hecho no íbamos a hacerlo nosotros”, ha declarado celebrando la actitud de las dos administraciones. La alcaldesa ha recordado que el templo es Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2005 y que es el edificio más visitado de Barcelona, con 4,5 millones de turistas que acceden a su interior y otros 20 que acuden al entorno.

Nuevo plan urbanístico

Por parte del templo, el presidente delegado de su patronato, Esteve Camps, ha celebrado “las ganas de solucionar una anomalía” de las dos instituciones. “El convenio abre el templo a la ciudad con aportación al transporte y a la mejora del entorno en beneficio de los vecinos”, ha subrayado. Camps también se ha mostrado satisfecho de que el acuerdo contemple “un nuevo plan urbanístico que aporte soluciones para resolver el ámbito de la fachada de la Gloria”.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz ha especificado que las inversiones que costeará la Sagrada Familia permitirán mejoras en el espacio público del entorno del templo, nuevas marquesinas de transporte o la reducción de las frecuencias de paso de las líneas 2 y 5 del metro, las que tienen parada en el monumento, y que registran 35.000 validaciones diarias. Sanz y su equipo en Urbanismo han sido los artífices de un acuerdo que han negociado durante dos años en reuniones quincenales.

En el caso de la regularización de las obras y el plan especial del entorno del templo, Sanz ha explicado que se ha creado una comisión “para estudiar los instrumentos de un planeamiento que afecta a todo el barrio, en particular a unos vecinos concretos [los de los edificios afectados por una eventual construcción de la escalinata de la fachada de la Gloria] y al resto del de la zona”. “El futuro de la calle de Mallorca está sujeto a otros debates”, ha apuntado Sanz. "Cuando se aborde, debe prevalecer el mismo criterio, diálogo y hablar", ha añadido Camps.