La Generalitat también estudiará los peajes contra la contaminación

El Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana ya han expresado en las últimas semanas su voluntad de estudiar la implantación de peajes contra la contaminación en los acesos de la gran Barcelona. Y ayer fue la Generalitat quien se sumó la iniciativa. Lo anunció el consejero de Territorio, Damià Calvet, al término de la segunda Cumbre para la calidad del aire en la conurbación de Barcelona. Un encuentro en el que participaron la Generalitat, el Área Metropolitana, las asociaciones de municipios, el Puerto, la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y representantes de 40 municipios, entre ellos la capital.

La Cumbre de ayer fue la segunda edición tras la que se celebró hace dos años. Pero si entonces la decisión fue de calado y se acordó restringir el tráfico a partir del año que viene en la zona de bajas emisiones (ZBE), los acuerdos de ahora son menos concretos.

La lista figura en el anexo de una Declaración Institucional en la que las instituciones participantes en la cumbre hacen balance de las medidas tomadas y proponen nuevas medidas. De éstas, Calvet subrayó “estudiar un posible peaje de congestión y la bonificación a los vehículos que menos contaminan”. Pero si el AMB apostó la semana pasada por reconvertir los peajes en tasas de congestión cuando finalien las conesiones, el consejero recordó ayer que la apuesta del gobierno catalán es implantar una viñeta, una tarifa plana anual para utilizar las vías rápidas. La existencia de peajes de congestión en las entradas de la ciudad de Barcelona, “que es donde más problemas de contaminación hay”, apuntó, “debe ser compatible con la gestión de las vías de altas prestaciones”.

Otras medidas son el compromiso de presentar antes de un año un proyecto de Ley de la calidad del aire, estudiar la implantación de ZBE fuera de Barcelona o limitar la velocidad en carreteras y vías rápidas metropolitanas, sin concretar en cuánto.

Además, de la cumbre de ayer salió de nuevo un listado de reivindicaciones al Estado: desde mayor implicación en la lucha contra la comunicación, hasta una mejor financiación del transporte público o revisar las etiquetas ambientales para que reflejen mejor las emisiones de los vehículos.