Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

“La disociación que se ha hecho entre democracia y legalidad es un gravísimo error”

Antoni Bayona, letrado del Parlamento catalán, analiza en el libro 'No todo vale' la vulneración del Estado de derecho por parte del independentismo

El letrado del Parlamento de Cataluña Antoni Bayona.
El letrado del Parlamento de Cataluña Antoni Bayona.

Antoni Bayona (Sabadell, 1954) ha escrito No todo vale (Península), un libro que analiza desde su propia experiencia la debilidad de los fundamentos legales del proceso de independencia catalán. Bayona, letrado del Parlamento catalán desde 1985, fue director del Instituto de Estudios Autonómicos (IEA) de la Generalitat y estuvo implicado en 2003 en la redacción de la reforma del Estatuto de autonomía. Bayona recibió una inusual atención mediática a partir de 2015, cuando sus informes como letrado mayor del Parlamento advertían a la Mesa de la Cámara y a la mayoría de Gobierno que sus acciones vulneraban la Constitución, el Estatuto y el reglamento del Parlamento.

Pregunta. Usted ha trabajado por un referéndum de autodeterminación, incluso simpatiza con la idea de un Estado catalán, pero ha defendido que esto no puede hacerse saltándose la legalidad. ¿Es un resumen correcto?

Respuesta. Sí, es correcto. La resolución del Parlamento 1/XI de noviembre de 2015 [la que da inicio a la vía unilateral] supuso para mí una desconexión emocional. El proceso se ha planteado de una manera que no puedo compartir como jurista, y tenía la percepción de que estaba abocado al fracaso. Me preocupa como ciudadano que un Estado pueda nacer de esta forma. La clase política que me dirigirá prescinde del valor de la legalidad. ¿Qué garantía tenemos de que después respetará las leyes? Penalizar el derecho es un muy mal mensaje porque estás diciendo a la ciudadanía que el derecho es una cosa prescindible; como político transmites el mensaje de que el derecho es un vestido a medida.


P. En No todo vale usted argumenta que en Cataluña no hay ni comprensión de lo que es un Estado moderno ni un cuerpo de funcionarios fuerte que haga de contrapeso del poder político. ¿El procés habría ido de otra forma con una Administración pública más independiente?


R. Este es un déficit desde los inicios de la configuración de la Administración catalana. Cataluña es un país en el que lo público provoca un poco de alergia. No se ha acabado de profesionalizar un funcionariado que en un momento dado dé al político un apoyo técnico, pero también dé advertencias que no sean solo de asesores de confianza del político. Así es como funcionan los Estados modernos. Lo más importante es tener un buen asesoramiento que no te regale los oídos. Este déficit ha tenido su efecto porque no saltaron las alarmas. Se ha querido construir un Estado sin tener sentido de Estado. Es como cuando el presidente de la Generalitat, Quim Torra, un día compara el caso catalán con el escocés, al día siguiente con el de Quebec y al otro te lo compara con Eslovenia: no son lo mismo. Carles Puigdemont se queja de que la Unión Europea no ha ido a favor de los catalanes. ¿De la manera que ha hecho las cosas podía esperar otra reacción?


P. Torra dijo que hay que “poner la democracia y la voluntad del pueblo por encima de la ley”. ¿Es esto lo que vivió el Parlament en 2017?


R. Es difícil entender que diga esto una persona que es demócrata. La disociación que se ha hecho aquí entre democracia y legalidad es un gravísimo error. La legalidad y la democracia son caras de la misma moneda. ¿Qué sentido tiene la democracia si pasa por encima de las leyes? ¡Pero si la ley la has hecho tú mismo, eres el primero que debe respetarla! Esto se puede entender si te enfrentas a una dictadura, pero no en una democracia con un Estado de derecho. La percepción de que según si esto es justo o injusto, cumplo o no cumplo la ley, es un terreno muy peligroso.


P. En 2014 usted planteó que una opción para realizar un referéndum de autodeterminación sería defender ante la UE que una negativa reiterada del Estado a aceptarlo supone una vulneración de derechos fundamentales. ¿Esto legitimaría la estrategia que ha seguido el Govern?


R. Yo veía un proceso de largo recorrido, sin romper la baraja y sin caer en la unilateralidad desde el principio. El punto fuerte del procés es el principio democrático. Se podía esgrimir este principio democrático y seguir una política de desgaste: frente a una negativa sistemática del Estado, durante años, se puede conectar con el artículo II del Tratado de la UE que intenta un equilibrio entre democracia, legalidad y derechos fundamentales de las personas. Yo planteaba intentar que la UE hiciera de mediadora para acordar un referéndum. Era una estrategia de perseverancia, una alternativa a la unilateralidad para dejar en evidencia al Estado. Hoy, habiéndonos saltado la legalidad, tenemos una mala tarjeta de visita. La legalidad es un valor básico en la UE. Esta vía, en estos momentos, después de haber roto la baraja, no nos haría creíbles. La gente confunde las ilusiones con la realidad: un proceso de independencia es un proceso extremadamente difícil, y como más normal es un Estado y menos conflicto hay, más difícil es. En Canadá y en Escocia fue para largo, décadas. Aquí pensamos que era más fácil y que lo podíamos hacer porque lo decidíamos nosotros. Todo esto es resultado de una falta de realismo y de mezclar emociones, de entidades soberanistas implicadas con un Gobierno débil que no aguanta las presiones.


P. En 2016, tras la dimisión del secretario general del Parlamento, la presidenta Carme Forcadell, Anna Simó (ERC) y Lluís Corominas (PDeCAT) le piden que asuma el cargo vacante, y para ello le garantizan que no seguirán con la estrategia de confrontación con el Tribunal Constitucional. ¿Le estaban engañando?


R. Yo no me fío, veo que es meterme en la boca del lobo, por eso no lo acepto. No sé si me engañan, es que todo fue muy improvisado. Ha habido una alta dosis de improvisación que explica el desenlace posterior a la declaración de independencia. Es una huida hacia delante, porque hemos hecho tantas promesas, hemos creado tantas expectativas, tantas ilusiones, que a ver quién dice ahora que todo era fantasía.


P. El Parlamento crea ahora una comisión de investigación de la Monarquía. ¿Cómo lo interpreta?


R. Forma parte de una escenificación, como la comisión de investigación del 155. Es una acción que continúa en la línea de crear el imaginario de que estamos ante un Estado autoritario, crear la imagen de que estamos en un neofranquismo.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información