El Consejo de Garantías de Cataluña considera que el decreto anti VTC “vulnera la libertad de empresa”

El Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo del Parlament de Cataluña, considera que el decreto ley aprobado por el Govern para regular la actividad de los coches con licencia de vehículo de transporte concertado (VTC) "vulnera la libertad de empresa". Este decreto, aprobado a principios de este año, estipula que los servicios de VTC deben precontratarse con 15 minutos de antelación, y habilita a los Ayuntamientos y al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para que puedan ampliar ese margen. Tras un recurso interpuesto por Ciudadanos, el Consejo ha considerado que estas dos medidas son "restricciones no razonables" que atentan contra un derecho contemplado en la Constitución. La resolución llega el mismo día en que se ha conocido el reglamento de la AMB, que amplía los 15 minutos a una hora, y cuya aprobación inicial se prevé para este martes.

El decreto del Govern sobre la actividad de los coches que operan con licencia VTC levantó un gran revuelo. Tanto, que las plataformas Uber y Cabify decidieron suspender sus servicios en Barcelona al considerar que la norma catalana, promovida por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, atentaba contra sus derechos. Las empresas de VTC anunciaron miles de despidos y pidieron a los grupos políticos que recurriesen la norma. Ciudadanos lo hizo ante el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano cuyas resoluciones no son vinculantes pero cuya resolución es un duro golpe a la norma catalana.

El Consejo considera que el decreto sí respeta las competencias estatales y sí que es pertinente ya que las actividades del taxi y de las VTC son diferentes. Pero rechaza la validez de parte de su contenido. En concreto, considera una "vulneración de los derechos de la libertad de empresa" la restricción de tener que precontratar los servicios de VTC con 15 minutos de antelación. Y también la habilitación a la AMB y a los Ayuntamientos para que puedan ampliar ese margen. 

Precisamente, el AMB ya ha redactado el reglamento que restringe la actividad de los coches VTC. Las restricciones que plantea son mayores  que las que fijó el Govern. El ente que preside la alcaldesa Ada Colau ha fijado una hora de antelación, tal como había prometido durante la huelga de taxistas que duró una semana y que arrancó el decreto de la Generalitat. El reglamento también prevé multas de hasta 6.000 euros para los incumplimientos de la norma.

En el inicio del Mobile World Congress, el primero en el que los asistentes no pueden contar con los servicios de Uber y Cabify, un grupo de conductores de estas plataformas se ha manifestado en el exterior del recinto donde se celebra el congreso para protestar contra la normativa. El AMB, un ente supramunicipal que engloba a Barcelona y a 35 municipios de su alrededor, prevé aprobar inicialmente su reglamento sobre licencias VTC este martes.

El documento basa las nuevas restricciones en los criterios que establecía el decreto de la Generalitat: los Ayuntamientos y la AMB pueden ampliar el margen de precontratación según la realidad medioambiental, de congestión y de seguridad de cada municipio. Es a partir de estos criterios (contemplados ya en el Real Decreto que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado mes de septiembre, en el que se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas) que la AMB ha podido ampliar la precontratación hasta una hora.

El reglamento también estipula el régimen sancionador. En el caso de incumplir el tiempo de precontratación obligatorio, la AMB fija multas de entre 301 y 1.400 euros. En las infracciones "muy graves" la sanción se puede elevar hasta los 6.000 euros. También hay sanciones por la captación de clientes en la calle (exclusiva de los taxistas), por saltarse la prohibición de geolocalizar los servicios o por no respetar los dos días de descanso. Los vehículos, además, deben que tener un máximo de diez años de antigüedad y contar con el distintivo ambiental ECO de la Dirección General de Tráfico.

Una de las infracciones "muy graves" es operar sin estar inscrito en el Registro de Vehículos, una medida según la cual los coches con licencia VTC deberán dar parte de todos los servicios prestados, con el objetivo de controlar la actividad de estas plataformas. La intención de la AMB es tener la constancia de que los coches no están circulando sin pasaje o sin un servicio precontratado, para evitar que entren en competencia con la actividad de los taxistas.