El juicio entra en campaña

El escenario en el que se desarrolla el juicio contra los líderes políticos y sociales del independentismo ha cambiado. A partir de ahora se desarrollará paralelamente a la campaña electoral —en sentido amplio— de las elecciones generales, pero también de las elecciones locales, autonómicas y europeas. En todas ellas estará presente, de una manera u otra, el juicio sobre los hechos acontecidos en Cataluña en los últimos meses de 2017, o mejor dicho, la forma en que los diferentes implicados políticos se comportaron antes, durante y después de aquellos meses. Este eje del debate político estará presente, sobre todo, en el discurso de los tres partidos de la derecha española que, en parte arrastrados por el fenómeno VOX, están poniendo mucho énfasis en cómo Pedro Sánchez ha tratado el conflicto catalán. Solo hace falta recordar la manifestación españolista celebrada en Colón hace unas semanas. Obvian, sin embargo, el dato que aporta el CIS: solo un 8,7% de la ciudadanía está preocupada por la unidad de España.

Volviendo al juicio sobre la ruptura constitucional de otoño de 2017, hemos escuchado ya las declaraciones de algunos de los responsables políticos involucrados en la preparación del 1 de octubre. Los testimonios han sido, de momento, variados: unos han hecho discursos eminentemente políticos, y otros han optado por dar respuestas ceñidas a los diferentes hechos y circunstancias sobre las que eran interrogados.

En esta línea, debe llamarse la atención sobre la declaración de Jordi Turull. En ella se ha hecho muy patente la (aparente) falta de comprensión de la actual configuración del estado de derecho democrático. El Estado de derecho de las sociedades democráticas se basa en la soberanía popular y, a la vez, exige que dicha voluntad popular se canalice a través de determinados procedimientos, regulados por normas públicas, previas y accesibles a toda la ciudadanía. Sin embargo, el exconseller ha explicado que los miembros del Govern en 2017 decidieron anteponer la —también malentendida— voluntad del pueblo frente al cumplimiento de las leyes vigentes. Lo que significa, básicamente, que conscientemente decidieron incumplir la ley. Y, debe recordarse, que la ley, estatal o autonómica, es la expresión jurídica de la voluntad popular. En los Parlamentos se sustancia el procedimiento legislativo en que se hacen efectivos principios esenciales como el respeto de la voz de las minorías, el debate y el intercambio de posiciones e, incluso, la transacción política que permite llegar a acuerdos, y el consiguiente control ciudadano. Así pues, la ponderación a la que en repetidas ocasiones hacía alusión el señor Turull no puede llevar a elegir entre ley y voluntad popular, ya que en la primera queda incorporada la segunda. La pregunta que queda en el aire entonces es ¿por qué unas voluntades populares son más legítimas que otras? ¿Qué legitimidad permite desoír a una parte de la voluntad popular en favor de la otra con la consecuencia de hacer colapsar el sistema? Quizá alguien nos lo explique en las próximas sesiones del juicio.

Respecto del procedimiento, de momento hay que destacar su normalidad. Las garantías judiciales se están respetando escrupulosamente, seguramente, porque la sala y su presidente saben del escrutinio público, interno e internacional, al que se les somete. ¿Se imaginan este proceso sin que los acusados permanecieran en prisión? Seguramente, y más allá de haberse hecho una interpretación más respetuosa con la Constitución y la jurisprudencia europea, se hubiera desmontado una parte importante del argumentario de los independentistas más radicales que afirman, sin aceptar matices, que la justicia española es propia de un estado autoritario. En todo caso, las normas constitucionales y legales relativas al proceso judicial están siendo interpretadas de forma amplia, promoviendo, como requiere la teoría general de los derechos, su máxima efectividad.

Es de destacar la limitada actividad que ha ejercido Vox como acusación popular hasta la fecha, ya que los acusados se han negado a contestar a sus preguntas. En esta fase del juicio oral el protagonismo de Vox será muy escaso. Esto cambiará durante la fase de testigos, ya que están obligados a contestar a las preguntas de todas las partes defensoras y acusadoras. Su exposición pública se verá acrecentada. Veremos en qué medida aprovechan la ocasión para utilizar la sala como foro político y, en su caso, cómo delimita el presidente del tribunal la función de esta acusación popular. Será este un buen momento para reflexionar sobre la conveniencia de que los partidos políticos —en o fuera de campaña— gocen de legitimación para ejercer la acusación popular en un terreno que debe ser eminentemente jurídico-técnico como es el judicial.

Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional de la UB.