Colau ha dictado 14 moratorias para reorientar el modelo de ciudad

En el Ayuntamiento de Barcelona, el que acaba es el mandato de las moratorias. La alcaldesa Ada Colau ha recurrido en 14 ocasiones a una suspensión de la concesión de licencias —para abrir establecimientos o para construir— con el objetivo de modificar planes de usos o urbanísticos. O sea: para cambiar las reglas del juego allí donde ha considerado que había concentración de determinada oferta comercial o de ocio y debía reequilibrarse; o para determinar qué se podía construir y qué no. Hoteles, gasolineras, bares, restaurantes, tiendas de recuerdos, solares con destino a equipamientos e incluso fábricas del siglo XVIII figuran entre los afectados por las moratorias.

En los 42 meses que van de mandato, ha habido, de media, una moratoria cada tres meses. La primera fue un aviso a navegantes: tras solo dos semanas en el gobierno, Colau suspendió las licencias para abrir establecimientos de alojamiento turístico: hoteles, albergues y pensiones. Los apartamentos estaban suspendidos desde el mandato anterior. La polémica fue lo nunca visto: BComú acababa de llegar al poder y frenaba a los poderosos hoteleros. Congeló incluso 28 proyectos que habían pedido licencia.

La respuesta del ejecutivo siempre fue que paraba para hacer una foto y decidir dónde podía crecer la oferta y dónde no. El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) se aprobó un año y medio después, en enero de 2017. La norma prohíbe abrir hoteles en el centro y centrifuga la nueva oferta a la periferia o a las zonas que están por urbanizar.

Más allá del plan de hoteles, la mayoría de moratorias del mandato se han dictado para redactar planes de usos en zonas que el Ayuntamiento cree que están saturadas —o corren el riesgo de estarlo— de oferta turística o de restauración y ocio. El mayor plan de usos redactado fue el de Ciutat Vella, que prohíbe abrir nuevas discotecas, bares, prostíbulos, salas de juego, consignas o agencias de viaje. En Sant Antoni, se buscó evitar la desaparición de comercio de proximidad tras la apertura del renovado mercado. En la plaza de Osca y su entorno, se optó por frenar la proliferación de bares y restaurantes. Las moratorias de la calle gran de Sant Andreu y Paral·lel se dictaron cuando se decidió reurbanizar el espacio. Igual que, hace dos semanas, la calle de Girona y su entorno.

En otros casos se ha buscado proteger el patrimonio histórico: el del casco histórico de Gràcia (para analizar si conviene catalogar más edificios de los que ahora gozan de protección), o 26 casas-fábrica del barrio del Raval de los siglos XVIII y XIX. También se han dictado para redactar nuevos planeamientos en Vallcarca o en los casos históricos del distrito de Horta-Guinardó. Y las moratorias más singulares han sido las que han afectado a nuevas licencias para gasolineras (para vigilar si encajan con su entorno) o a la apertura de tiendas de souvenirs en las zonas más turísticas, a lo que se ha puesto coto.

De las 14 suspensiones de licencias, siete se han levantado porque los planes de usos están aprobados definitivamente en el plenario; tres se han levantado porque ha habido aprobación inicial pero todavía hay prohibiciones hasta que sean definitivas; y cuatro siguen vigentes (Paral.lel, Girona, Gràcia y gasolineras).