El incierto futuro del pasado industrial del Raval

El Ayuntamiento de Barcelona quiere conservar los últimos rescoldos del pasado manufacturero del Raval. El Consistorio suspendió a principios de julio la posibilidad de obtener licencias de obras e 38 edificios catalogados como “casas-fábrica”, que datan del siglo XVIII y XIX, con la idea de proteger en lo posible el patrimonio que queda. Entre ellas, está la conocida “Can Seixanta”, sostenida por colectivos de artistas que luchan contra la compra del inmueble por un fondo de inversión que pretende hacer viviendas de lujo en el inmueble. Otras, sin embargo, son casas de pisos donde a los vecinos la protección patrimonial les pilla por sorpresa.

Se trata de parcelas que albergaron talleres —salvo alguna fábrica más grande, en el Raval abundaron las pequeñas manufacturas— con viviendas para las trabajadores. En algún caso, como la casa Erasme de Gònima, que ocupa desde el número 106 al 116 del carrer del Carme, también contenían la vivienda del propietario. Actualmente tienen protección de carácter D, que implica la posibilidad de derribarlos pero con la obligación de hacer inventario de su diseño. El Consistorio aspira a poderles modificar la catalogación a categorías más restrictivas como las B y C. Mientras, prohíbe cualquier licencia de obra para hacer estudios y averiguar si de verdad tienen algo que conservar. El Ayuntamiento se basa en un censo encargado al Museu d’Història de Barcelona y realizado por los arquitectos e historiadores Jaume Artigues, Francesc Caballé y Mercè Tatjer.

Pep Garcia, histórico líder vecinal, ve en la medida un anuncio propagandístico sin concretar. “El Raval siempre ha sido un barrio al servicio de la ciudad”, se queja. El presidente de la asociación de vecinos cree que el blindaje llega tarde y no conseguirá el objetivo de proteger el pasado industrial, porque considera que ya se perdió completamente durante las décadas de gran especulación urbanística de la etapa del alcalde franquista José María Porcioles. Su organización, dice, no rechaza frontalmente la medida pero sí cuestiona su eficacia. “¿Qué quieren conservar exactamente? ¿Las fachadas? ¿Qué uso le van a dar?”, se pregunta. Garcia asegura que la prohibición afecta a fincas que están en mal estado y en las que los vecinos ahora no pueden hacer obras para arreglarlas.

Los artistas de Can Seixanta luchan contra la especulación con el edificio

El Ayuntamiento explicó que la moratoria tiene en realidad más carácter de estudio que de protección en sí. “Hay que conocer el valor patrimonial de la edificación conservada y por eso se suspenden las licencias de obra que puedan malograr el aspecto o cualquier elemento que pueda ser valorado”, dijo en un comunicado. La mayoría de los inmuebles comparten la estructura: un local bajo con una gran puerta de entrada, donde originariamente había un taller o fábrica de planta rectangular, y viviendas arriba, algunas en plantas añadidas a posteriori. Casi todos los bajos han sido reutilizados como comercios, bares o tiendas, y en la actualidad no tienen vestigios industriales claros. Varios vecinos consultados, de hecho, aseguran desconocer que en el pasado hubieran albergado fábrica alguna.

El propietario de otra de las casas más significativas, la Marimon-Costa, en la calle de Guifré, 11, también cuestiona la moratoria. El ilustrador y diseñador Peret la tiene en venta en un portal inmobiliario de alta gama por cuatro millones de euros. Hasta julio tenía licencia para poder hacer reformas e incluso añadir dos plantas. Él hizo reformas en los años noventa, pero la fachada presenta un aspecto dejado a propósito. Actualmente, acoge talleres de fotografía y su vivienda, pero por las estructuras del edificio pasaron varios negocios, un ateneo popular obrero, una sala de baile y hasta un gimnasio. “No van a reconstruir donde no hay nada, ni van a encontrar nada de valor histórico ni económico porque no hay”, defiende.

Algunos propietarios dudan de que quede patrimonio por conservar en la zona

Donde sí hay un apoyo popular para catalogar y conservar es en Can Seixanta. El Ayuntamiento ideó de hecho el blindaje de las licencias pensando en este inmueble y está mediando con los nuevos dueños pero, según informó La Vanguardia, el fondo de inversión consiguió dos días antes de la prohibición de las licencias un certificado de aprovechamiento urbanístico que le libera del veto hasta final de año. Asociaciones de vecinos y la cooperativa Sostre Cívic, se agruparon bajo la plataforma Salvem Can Seixanta y llevan años en pie de guerra para evitar la pérdida del famoso edificio que acuñó el refrán que pronosticó su posible final: “Això sembla Can Seixanta”. Es decir : “Esto es un caos”.