Defensas políticas

Los presos políticos exigen defensas políticas, algo que no es el caso si se trata de políticos presos. Y si bien las defensas políticas pueden ser interesantes de cara a seguir el combate para llegar a la improbable objetivo de la república, son muy problemáticas si se trata de conseguir que los dirigentes catalanes presos obtengan una sentencia ligera y si es posible la plena absolución.

La defensa política no discute los hechos, ni siquiera discute que sean o no delito dentro del código penal que se utiliza para juzgar a los acusados. La defensa política reivindica los hechos en toda su gravedad y trascendencia e impugna el código penal, el tribunal e incluso el sistema, el régimen.

Unos ciudadanos que se encuentran encarcelados debido a la acción emprendida para cambiar el sistema político sólo pueden reivindicarse como presos políticos si están preparados para utilizar el juicio sólo en función de la pugna por su objetivo, la destrucción del sistema político, y a sufrir como consecuencia las penas que les pueda corresponder (que, por cierto, cuanto más severas mejor será para la causa).

La tragedia de los políticos presos es que se reivindican como presos políticos pero no saben si lo son

La estrategia es una vieja conocida de las luchas de emancipación nacional de los países colonizados. La defensa política es un desafío abierto al Estado y sitúa al tribunal en una situación comprometida. Si no condena, el ejemplo se extenderá, la ley será vulnerada de nuevo y la insurgencia acabará triunfando por ampliación de su base. Si condena y la pena es severa, la semilla sembrada brotará muy pronto, como sucedió en Irlanda, que al cabo de cinco años de la rebelión de Pascua de 1916 y de los fusilamientos que siguieron ya tenía un estatus de Estado libre, equivalente a la independencia.

La tragedia de los políticos catalanes presos es que se reivindican como presos políticos pero no saben ellos mismos, y mucho menos lo saben sus familiares y sus seguidoras, si lo son de verdad y si quieren serlo. Y menos aún después del extraño recurso de Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional español, un gesto que devalúa las defensas políticas del Proceso.

La rebelión de la que se les acusa no fue violenta, esto ofrece pocas dudas, a menos que se busque un ensanchamiento del concepto de violencia en los terrenos psicológicos y propagandísticos y luego se pruebe de forma convincente que tal fue el caso. Pero si esto está claro, no lo están en cambio la intencionalidad y el significado de sus acciones.

El recurso de Puigdemont al Constitucional es un gesto que devalúa las defensas políticas del proceso

Veamos. Si querían la independencia e hicieron todo lo que pudieron para obtenerla, hasta el quebrantamiento de la legalidad, aunque se abstuvieron a la hora de la acción violenta indispensable en el momento decisivo de la proclamación de la república, entonces fácilmente se les podrá imputar un delito de rebelión en grado de tentativa o de conspiración. Si lo que querían era solo amenazar con la independencia para obtener sólo una negociación y una reforma, entonces no merecen ninguna condena penal sino la sencilla condena política y moral por parte de los ciudadanos que les han votado y los han estado siguiendo y apoyando, porque han sido engañados.

De todo esto sabemos muy poco a estas alturas. Llegan noticias contradictorias y confusas sobre cómo serán las defensas. Hay que decir que las estrategias contradictorias no comenzarán propiamente ahora ni serán obra de los abogados, sino que comenzaron la misma noche aciaga del 27 de octubre de 2017, cuando unos decidieron marchar y eludir la justicia española y los otros decidieron quedarse y enfrentar la acción de los tribunales. En aquella bifurcación de decisiones ya comenzó la división, entre los que quieren la vía más revolucionaria, los 'exiliados', y los que tanteaban la vía reformista, presentaron a los tribunales y fueron a la cárcel.

A pesar de la propaganda que todo lo aprovecha, la bifurcación es una divergencia que crecerá. De momento, las fugas de Puigdemont y los ex consejeros, pero mucho más aún las de la secretaria de ERC, Marta Rovira, y la de la ex diputada de la CUP, Anna Gabriel, sirvieron para echar el cerrojo que mantiene cerrados los presos desde hace dos años. Para sus abogados, impugnar el sistema político español ante los tribunales europeos es una vía argumental eficaz y sin costes, exactamente al contrario de lo que pasará con los abogados de los presos, que deberán impugnarlo ante los tribunales españoles.

La defensa política es un obstáculo para el diálogo político que, por otra parte, demanda el mismo gobierno de Quim Torra al de Pedro Sánchez. La dificultad en la aprobación de los presupuestos del Estado no es la prisión de unos dirigentes acusados de rebelión, sino la reivindicación de su calidad de presos políticos a través de unas defensas políticas que impugnan el sistema y en consecuencia el mismo gobierno al que se le pide el diálogo.

Llegamos así al meollo del juicio: el carácter que adopten loas defensas nos dará la medida del espacio de distensión y de diálogo realmente existente. Si las defensas son directamente políticas, reivindican la impunidad de quienes intentaron sustraer el territorio catalán de la soberanía española y niegan la democracia, el derecho y cualquier legitimidad a los tribunales, entonces será difícil que haya presupuestos, diálogo político e incluso a corto plazo gobierno socialista.

El independentismo habrá apostado por la instalación de una derecha dura en Madrid, y por largas y pesadas condenas para los presos, aunque esperando que el sacrificio, como en los combates de emancipación irlandeses o argelinos, fructifique en una rebelión aún mucho más ancha y más radical. Y, por supuesto, en la ruina segura del país.