El Govern y los presos llaman a evitar protestas violentas el 21-D

Manifestaciones, sí, pero nada de escenas de violencia. El miedo a que las protestas contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre se le vayan de las manos se ha adueñado del independentismo. O como mínimo de los sectores más institucionales, entre los que se encuentra buena parte del gobierno catalán. Si bien el propio Govern alentó estas protestas el temor a que conviertan Barcelona en un campo de batalla y dejen en evidencia a los Mossos ha motivado un cambio. Este sábado, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y todos los políticos encarcelados han lanzado una llamada a la calma.

La reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo viernes se ha convertido en una suerte de última oportunidad para evitar la intervención, total o parcial, de las competencias de seguridad de la Generalitat. El Gobierno de Quim Torra y los Mossos d'Esquadra tendrán que demostrar que son capaces de controlar la avalancha de protestas que se prevé, las más radicales de las cuales impulsadas por los autodenominados Comités de Defensa de la República(CDR) y grupos cercanos a la CUP. Ello ha motivado no solo la movilización de 8.000 Mossos sino también el anuncio de que un millar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplegarán en Barcelona.

Las recientes escenas de pasividad de los Mossos ante protestas de los CDR en las autopistas catalanas han situado a este cuerpo policial en el centro de todas las miradas en un momento en que esta policía está siendo cuestionada también por el independentismo radical. De ahí que los sectores más institucionales del secesionismo hayan decidido cerrar filas casi en el último momento para rebajar la tensión en las calles.

El vicepresidente de la Generalitat y cara visible de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Pere Aragonès, ha pedido este sábado en un acto de partido que las movilizaciones sean “pacíficas, cívicas y democráticas”, y que los manifestantes “no caigan en provocaciones”.

Los temores del Govern son múltiples. En primer lugar, teme que una situación de violencia sin control active una intervención del cuerpo de los Mossos por parte del Gobierno. En segundo lugar, destacan que el Código Penal da especial protección a la celebración del Consejo de Ministros. El artículo 503 fija penas de hasta cuatro años de prisión para quien intente “obstaculizar” o “coartar” la celebración del cónclave gubernamental. Y en un momento en el que ya hay nueve dirigentes independentistas en prisión y decenas de antiguos altos cargos imputados por el procés muy pocos están dispuestos a añadir víctimas colaterales a la situación. “Ya hay suficiente gente en la cárcel”, suele decir el presidente de ERC, Oriol Junqueras, cuando sus colaboradores le visitan en la prisión de Lledoners.

Hay un tercer temor, que en este caso afecta particularmente a los presos. Estos consideran que lo que necesitan ahora es que haya una riada de solidaridad hacia ellos y no una oleada de disturbios en las calles que añada elementos al relato del proceso independentista como algo violento y antidemocrático que apoye la idea de que en Cataluña hubo una rebelión el año pasado. “No nos conviene que el juicio del procés [previsto para enero] comience con las calles incendiadas”, explicaba esta semana uno de los procesados.

Esto explica que todos los presos independentistas, tanto los de Esquerra Republicana como los de Junts per Catalunya y también el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, hayan firmado este sábado una carta llamando a la calma de las bases independentistas más inflamadas. “De la misma manera que podemos entender la necesidad de desbravar la impotencia también tenemos que decir claramente que esto, lejos de favorecer nuestra causa, la perjudicaría, igual que también perjudicaría los objetivos políticos del país que queremos”, dice la misiva enviada al digital Vilaweb.

Protestas de los CDR

Está por ver si los sectores más radicalizados del independentismo harán caso a las proclamas llamando a la calma. Los Comités de Defensa de la República siguen organizando en asambleas sus actos de protesta después de que el jueves llamaran a dar la “batalla” contra el Consejo de Ministros.

La Asamblea Nacional Catalana ha convocado una marcha con coches desde toda Cataluña hacia Barcelona con el objetivo indisimulado de colapsar las carreteras. Otras entidades están intentando canalizar protestas más tradicionales. Es el caso de Òmnium Cultural, que ha convocado a una concentración a unos 300 metros de la Llotja de Mar, el escenario del Consejo de Ministros. Los CDR, en cambio, pretenden manifestarse justo delante del edificio.

Ante esta situación el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique la Ley de Partidos e “ilegalice” a los Comité de Defensa de la República (CDR) y a Arran, las rama juvenil de la CUP, porque, a su entender “justifican la violencia”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que ningún problema real de las sociedades se resuelve desde la crispación y el conflicto y ha apelado al diálogo “sereno y sensato” para construir “entre todos” la cohesión de España dentro de la legalidad.