El Govern asume Boí Taüll tras la renuncia de la concesionaria

La Generalitat ha tenido que asumir in extremis la gestión de la estación de esquí Boí Taüll, una instalación considerada estratégica para la comarca del Alta Ribagorça. Promocions Turístiques de la Vall (PTV), la concesionaria en los últimos años de las instalaciones, renunció al contrato hace pocos días, a causa de los problemas económicos por los que atraviesa su matriz, Nozar, en situación de concurso de acreedores. El Govern aprobó ayer una inyección de 1,3 millones de euros para permitir la puesta en marcha de la temporada de esquí en la estación, que dará comienzo el próximo puente de la Constitución.

La Generalitat, a través de Avançsa, ya se quedó en 2014 los activos de Boí Taüll, ante los problemas económicos que padecía su propietaria, incapaz de devolver un crédito de siete millones de euros contraído con el Instituto Catalán de Finanzas. Entonces, PTV firmó un contrato con el que se aseguraba la explotación de la estación, que en los últimos años, gracias a la gran cantidad de nieve caída, había obtenido buenas cifras de usuarios. Desde que asumió los activos de las instalaciones y hasta la pasada temporada, la Generalitat ha desembolsado un total de 1,7 millones de euros para mantener la infraestructura y permitir su funcionamiento.

El Ejecutivo de Quim Torra ha encargado un informe para determinar en un plazo de tres meses cuál debe ser el futuro de Boí Taüll, una excepción dentro del conjunto de estaciones de esquí de la Generalitat. Esta es la única que no depende directamente de la división de montaña de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), decisión que se tomó con la intención de no desequilibrar en exceso el balance y la cuenta de resultados de la operadora ferroviaria de la Generalitat, que depende del Departament de Territori.

Ayer, la consejera portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguró que la Generalitat descarta su cierre a causa de su papel de dinamizadora económica de la comarca. Además de una plantilla directa de 65 personas, la estación generaría un empleo directo e indirecto próximo al medio millar de personas. El secretario de Empresa, Joaquim Ferrer, señaló a este diario que ahora se tendrá que pensar si se abre un nuevo concurso de concesión, si se intenta vender, si se mantiene vinculada a Avançsa o se integra a FGC.

En paralelo, los servicios jurídicos de la Generalitat deberán estimar si se denuncia a PTV por rescindir la concesión de forma unilateral sin respetar el preaviso que consta en el contrato, posible, pero con un preaviso de seis meses.